El problema no está tanto en que esta especie de traca final de un juez a punto de jubilarse facilite el victimismo sanchista, que iba a desatarse de cualquier manera, o que suministre material para la campaña sobre el ‘lawfare’ tan grata a la izquierda; ni siquiera en que la innecesaria retirada del pasaporte abra dudas sobre la idoneidad técnica del instructor y abone la tesis de enconamiento personal esgrimida por la defensa. La cuestión es que esa parte de la resolución estropea un informe de hechos donde queda dibujada con detalle la red de influencias tejida por la esposa del presidente para construir una carrera gracias a la posición prevalente que le granjeaba el apoyo interesado de grandes empresas. Ese abuso de la posición institucional, encajado en diversos tipos penales más allá de su irregularidad ética, es el verdadero fondo del asunto que Peinado ha enturbiado con inconsistencia manifiesta. Y la causa entera puede resentirse de ese mal motivado exceso de rigor… o de torpeza.

Por lo demás, el juicio con jurado –¿será posible encontrar en Madrid nueve ciudadanos justos capaces de aislarse en conciencia de sus ideas políticas y sus pulsiones emocionales?– va a convertirse en un espectáculo excitante cuya expectación e impacto popular serán mayores cuanto más próxima sea su celebración a la fecha de las elecciones generales. La vista oral televisada tendrá consecuencias en la opinión pública sean cuales sean su desarrollo y su desenlace; tanto un veredicto de culpabilidad como uno de absolución abrirán un inevitable debate en una sociedad polarizada hasta extremos sofocantes. Nadie ignora la importancia que el proceso tiene para Sánchez: el presidente puede soltar lastre con Ábalos, Cerdán o incluso Zapatero, pero a su mujer le ha conferido un estatus de intocable al margen de cualquier obligación de asumir responsabilidades. Quienes crean que las anomalías de este mandato han tocado techo aún deben prepararse para una descarga de crispación de máximo voltaje.