El proceso lo lidera un «equipo asesor» de 21 personas, entre las que se encuentran el rector, Joxerramon Bengoetxea, y cinco miembros del equipo rectoral. El resto han sido designados por el Rectorado entre la comunidad universitaria. Este grupo ha redactado una propuesta, que ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno, a la que se han presentado alegaciones que aún deben ser debatidas. El documento final se aprobará en una reunión del Claustro el 21 de abril.

Una de las propuestas más llamativas que este equipo asesor ha introducido en el proyecto de estatutos, al que ha tenido acceso EL CORREO, es eliminar cualquier referencia al «terrorismo». El actual reglamento menciona el término en dos ocasiones. En su artículo 4.2, dice que la UPV/EHU «contribuirá a la promoción de la convivencia democrática y se compromete con el desarrollo justo y sostenible de la sociedad vasca, con rechazo de todo tipo de terrorismo y de violencia».

La propuesta modifica el final de este enunciado y se limita a señalar en su artículo 5.d que la Universidad «rechazará cualquier tipo de violencia». Según ha podido confirmar este periódico por diversas fuentes, la explicación oficial del equipo asesor responsable del cambio fue, literalmente, que «es indudable que el terrorismo entra en el concepto de violencia». «Entendemos que el terrorismo también está incluido cuando se habla de todo tipo de violencia por entenderse, además, que no es término genérico sino absoluto», insisten fuentes oficiales del equipo rectoral.

La segunda referencia al terrorismo en la actual normativa se encuentra en el artículo 69, que menciona a las víctimas. Dice el texto que la UPV/EHU «establecerá programas específicos para que las víctimas de todo tipo de terrorismo y de la violencia de género puedan recibir la ayuda personalizada, los apoyos y las adaptaciones en el régimen docente». El borrador afirma en su artículo 60 que la Universidad «podrá establecer programas específicos para que las víctimas de todo tipo» puedan recibir esas ayudas, sin detallar a qué tipo de víctimas se refiere.

Estas alteraciones han generado un profundo malestar en algunos sectores de la comunidad universitaria por su enorme calado simbólico. La UPV/EHU sufrió durante años el acoso del entorno de ETA, que llegó a colocar una bomba en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en el año 2000, aunque no explotó. Decenas de profesores acudían a su puesto de trabajo con escolta por la amenaza etarra y otros muchos tuvieron que exiliarse. La Universidad pública fue motor de la resistencia cívica contra la banda terrorista, como señala la investigadora Ana Escauriaza en su tesis doctoral ‘La Universidad ante ETA’, al alumbrar en su seno el Foro de Ermua o acoger buena parte de la actividad de Basta Ya.

El Gobierno vasco, a través de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, elaboró en 2015 una ‘Guía general de buenas prácticas en el trato con víctimas del terrorismo que evite la victimización secundaria’. El documento aborda el espinoso asunto de comparar o equiparar el terrorismo con otras violencias. Dice que «la vulnerabilidad de las víctimas del terrorismo reside en que este tipo de delito es particularmente grave por suponer un ataque totalitario contra el sistema democrático». A esta circunstancia, el documento añadía en el caso vasco el «abandono social e institucional» que durante décadas sufrieron las víctimas del terrorismo y el «apoyo social de una minoría a los delitos de terrorismo». Por todo ello, concluía, estas víctimas deben tener «un tratamiento particular».

Más allá de borrar el rechazo explícito al terrorismo, el proyecto de estatutos incorpora numerosas cambios. Uno de gran relevancia es la recomposición del Claustro. La LOSU obliga a que el alumnado cuente al menos con una representación del 25% en este órgano. En la UPV/EHU tiene ahora un 22%. El borrador plantea dos opciones. En una, su peso aumentaría hasta el 26%; en la otra, hasta el 29%, lo que le permitiría ganar representantes a costa del profesorado no permanente. El documento también prevé que el voto de los estudiantes tenga más relevancia en las elecciones al Rectorado.

El debate interno ya ha comenzado. Hasta el momento, al menos en público, sólo CC OO se ha posicionado. En un comunicado, carga contra la reconfiguración del Claustro tal y como está planteada porque, afirma, supondría que «el colectivo más precario perdería un tercio de su voz para dársela a un colectivo de paso». Además, el sindicato denuncia que algunos artículos que abordan condiciones laborales no se han negociado con la parte sindical. CC OO también critica la pretensión de «rebajar la exigencia» para formar parte de las comisiones técnicas que evalúan la docencia e investigación.

Por su parte, las aportaciones del Consejo de Estudiantes abogan por avanzar en la conciliación al plantear el derecho a la desconexión digital para todos los miembros de la comunidad universitaria y poder cambiar la matrícula para adaptarla a una situación sobrevenida, por ejemplo, cuando un cambio de horario entra en colisión con las obligaciones laborales o de cuidado. También propone garantizar el acceso a la orientación psicopedagógica y al cuidado de la salud mental y emocional.