“Los estadounidenses son libres, en resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandamientos de nuestros tribunales y de nuestra Constitución entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.
Son las palabras que John Fitzgerald Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, empleó en septiembre de 1962, con motivo de disturbios en el estado de Mississippi donde el gobernador de dicho estado, supremacista blanco, se negaba al cumplimiento de la ley. Por conocidas que sean esas palabras, resulta conveniente tenerlas siempre bien presentes, dado su enorme fulgor y fuerza.
Y añadiremos que actualidad también. Ahora tras la investidura fallida de Núñez Feijóo y una vez se ha producido encargo al presidente en funciones Pedro Sánchez para someterse a su vez a un debate de investidura que sólo podrá salir con el voto favorable de Junts. Se nos dijo que, tras esa designación, todo se sabría en cuanto a las negociaciones llevadas a cabo. Pero tampoco, la oscuridad no se desvela, al tiempo que carecemos de fecha para ese debate de investidura.
Descubriremos, con espanto que en España ha habido presos políticos, también exiliados, en lugar de políticos presos por los graves delitos cometidos hace seis años
Los hasta el 23 de julio supremacistas miembros de esa fuerza electoral –quinto partido en Cataluña en esas elecciones– deciden ahora, con sus siete escaños, si se producirá la investidura de Pedro Sánchez. El precio a pagar lo sabemos todos, por más que los rimbombantes eufemismos del ahora candidato lo oculte: se trata de la amnistía, o como decidan en su caso llamarla, que borraría los delitos cometidos con motivo del golpe de estado del 1 de octubre de 2017. Un acto puramente inconstitucional, como así lo dijo sin cesar medio gobierno con Pedro Sánchez al frente hasta el mismo 23 de julio; ese mismo acto inconstitucional que ahora se convierte en hecho fundamental para esa investidura.
Si tal se produjere, descubriremos, con espanto que en España ha habido presos políticos, también exiliados, en lugar de políticos presos por los graves delitos cometidos hace seis años, y prófugos de la justicia como el Sr. Puigdemont. Es decir, el 1 de octubre de 2017 quedaría rehabilitado, los jueces y tribunales que persiguieron aquellos hechos delictivos, serían humillados ahora; como lo serían las fuerzas de seguridad que cumplieron con su deber; el mismo Rey quedaría por entero desautorizado en cuanto a su discurso del 3 de octubre de 2017. Y la parte no independentista de Cataluña, la gran mayoría de la población, abandonada a su suerte.
Lo que era inadmisible hasta el 23 de julio, se pretende convertir ahora en un acto “de convivencia” y “de concordia”, nuevas denominaciones del gobierno que nada significan. Y eso sucede en tanto se desprecia a la primera fuerza política electoral, el Partido Popular, que obtuvo más de ocho millones de votos. Nos encaminaríamos así a un suceso que ni siquiera el Presidente Kennedy pudo prever. Así las cosas, la consecuencia sería que esa amnistía que resulta imprescindible para recabar el voto favorable de Junts, resultaría alentada no “por cualquier hombre, por muy prominente o poderoso que sea”, sino por el propio gobierno de la nación.
Supondría una quiebra radical de nuestro orden democrático. Pues la concordia, al cabo, representa el sometimiento a valores políticos compartidos. Justo lo contrario de lo que esa ley de amnistía, o utilícese el eufemismo que se quiera para nombrarla, representa. Pactada con un prófugo de la justicia, un supremacista con conexiones con la extrema derecha flamenca, a cuyo líder Sr. Puigdemont el respetado periódico norteamericano The Washington Post calificó recientemente como amenaza para Europa y como objetivo aliado del autócrata Putin.
Que mejor, mucho mejor, será dar la palabra a los españoles para volver a votar. Que un pacto con un neocarlista integrista como el Sr. Puigdemont no vaticina sino una bochornosa legislatura
Cuando las cosas, si se producen así, llegaran a ese punto, prácticamente la única certeza existente es que no acabarán bien. El prófugo Sr. Puigdemont, la golpista ERC, los legatarios de la banda terrorista ETA –Bildu–, el popurrí demediado de Sumar, jamás pueden ser el sustento de un gobierno nacional apoyado en la Constitución que todos esos grupos pretenden directamente destruir.
Cuando las encuestas dicen una y otra vez, de forma inequívoca, que la inmensa mayoría de la población está en contra de esa amnistía, incluyendo también a amplios sectores que votaron socialista en julio, debería el Gobierno saber que no se puede traspasar esa frontera. Que mejor, mucho mejor, será dar la palabra a los españoles para volver a votar. Que un pacto con un neocarlista integrista como el Sr. Puigdemont no vaticina sino una bochornosa legislatura, amparada en aquéllos que no sólo no se arrepienten de lo que hicieron, sino que lo consideran legal. Que dicen, y no paran de repetirlo, que lo volverán a hacer. Todo son derechos para ellos, ninguno para los demás. Su norma de conducta no es sino el atropello de la inmensa mayoría.
En el camino tenemos la movilización ciudadana, el próximo sábado en Barcelona, convocados por Sociedad Civil Catalana bajo el lema “No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación”. Tan sencillo, tan claro, tan limpio, tan al servicio de los ciudadanos, manifestándose multitudinaria y pacíficamente.
No, es obligado parar, decir no, dejar de decir las cosas por los nombres que no son, y que las urnas decidan la voluntad de los españoles en convivencia, en concordia, y en Constitución.