La venganza de Pumpido contra Marchena

La actuación del Tribunal Constitucional en los ERE, blanqueando a los delincuentes y el oprobio que nos espera con la ley de amnistía es, y será, una interferencia vergonzosa en la labor del Supremo. Esa es la posición que mantuvo Cándido Conde-Pumpido, cuando era fiscal general del Estado, contra la corrección que hizo la Corte de Garantías a una jurisprudencia del Supremo sobre los autores de una estafa. De hecho, dio orden a los fiscales de que la ignoraran. Cándido consideraba entonces un «fenómeno contraproducente» que el TC se convirtiera en casi un tribunal de casación. Como lo leen.

Ahora, Pumpido obra como si pensara justo lo contrario. En línea con su jefe, «ha cambiado de opinión» y como él, ha hecho de la necesidad corrupción, sometiendo los principios a los intereses políticos. Pero más allá de la obediencia debida a quien le ha colocado en la cúpula del Constitucional, más allá de su legendaria frase de que las togas tienen que mancharse con el polvo del camino, existe una venganza personal en este repugnante achique de espacios a la sala penal que condenó a los delincuentes del procés por parte de un organismo que solo tiene que velar por la constitucionalidad de las leyes y no actuar como lavadora de los enjuagues del Gobierno. El vengativo Cándido no ha superado que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, le quitara la presidencia en el año 2014, cuando le vapuleó con 12 de los 20 votos en juego, mientras el exfiscal general solo obtenía 7. Pumpido ya había sido magistrado de la Sala Segunda antes de que Zapatero lo llevara al Ministerio Público. Pero nunca consiguió la presidencia que tanto ansiaba. Ahora espera cobrarse a Marchena, de cuya enemistad presume en medios judiciales.

Hace meses ya comenzó la vendetta contra del juez que mandó a la cárcel a Junqueras y compañía: primero el cándido socialista anuló la condena impuesta por el Supremo al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un agente, y luego hizo lo propio con otra sentencia del TS contra Otegi en el caso Bateragune. Al podemita le anuló la sentencia del Supremo que le condenaba a una pena de un mes y quince días de prisión. Con el secuestrador Otegi, acusado de querer reconstruir ETA, el Constitucional estimó el recurso que puso, como es obvio solo con los votos de los izquierdistas que encabeza Cándido. El ponente fue Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Sánchez. Todo encaja.

Luego vendría la ignominiosa sentencia sobre los cargos socialistas de los ERE, con Magdalena Álvarez, Griñán y Chaves como principales beneficiarios. Y en breve vamos a asistir a la lucha desigual entre dos cabezas jurídicas importantes. Una de ellas, intoxicada por su ambición desmedida y su filiación socialista, va a intentar hundir a Marchena, que ya ha arreado un varapalo demoledor al Gobierno por su pésima técnica legislativa con la amnistía y la malversación. Todo un recado para que Cándido, que quizá tuvo algún papel en la redacción de esa ley, tome nota.

Pero, a diferencia del ministro sin cartera de Pedro, Manuel Marchena acude a esta liza solo, a pecho descubierto. Solo con sus conocimientos jurídicos, la vocación de impartir justicia frente a la aberración de la amnistía y, por encima de todo, la autonomía moral y profesional que le procura no deber su cargo a ningún político. No es poco. Pero su enemigo tiene a todo el aparato estatal –Fiscalía, abogacía del Estado y Gobierno– de su parte. David contra Goliat. Confiemos en David.