El juicio al fiscal general del Estado, que ayer declaró por presunta revelación de secretos en un proceso sin precedentes, dejará un reguero de pasajes poco alentadores para la democracia, incentivados por una pugna entre sus protagonistas capaz de emborronar la búsqueda de la verdad. Álvaro García Ortiz, esta vez sí, se sentó en el banquillo sin la toga para reiterar su «inocencia» sobre la filtración de la declaración del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en la que este confesaba dos fraudes a Hacienda a cambio de evitar una condena a prisión. En vez de perseguir el delito, la imagen que pasará a la historia en el Supremo fue la de García Ortiz defendiéndose de ello con recursos en apariencia impropios de quien sigue siendo máximo responsable del Ministerio Público por su negativa a renunciar al cargo. Para rechazar cualquier responsabilidad en el soplo, su equipo liderado por la Abogacía del Estado cuestionó el trabajo de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil sobre la que Fiscalía deposita toda su confianza en el esclarecimiento de otros casos de gravedad. Y en una estrategia de defensa con la que dirigió ante los siete magistrados del tribunal su propia comparecencia, esquivó a las acusaciones y al letrado de González Amador, una argucia legal para sortear algo tan delicado como el borrado de todos los guasaps de su teléfono móvil y mensajes de su correo electrónico. Cautelas que podrían ser necesarias para proteger datos «ultrasensibles» y que confesó que borra cada mes por seguridad, pero que lleva a los agentes a sospechar de una maniobra para eliminar pruebas, en coincidencia con la apertura de la causa.