Acaba de concluir la vista contra los etarras acusados de matar al juez Lidón. Si no es por la perseverancia de la familia, su caso habría engrosado la lista de crímenes de ETA sin ser juzgados
Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio por uno de los 58 crímenes cometidos por miembros de ETA en este siglo, el asesinato en Algorta del juez de la Audiencia Provincial de Bizkaia José María Lidón, tiroteado por un pistolero que iba a cara descubierta el 7 de noviembre de 2001, hoy hace dieciocho años. El crimen se cometió poco después de las siete de la mañana cuando el magistrado salía del garaje de su domicilio al volante de su coche. Su esposa iba junto a él en el asiento del copiloto y su hijo los precedía en otro automóvil. Tanto la mujer, Marisa, como el hijo, Iñigo, vieron la cara del asesino y la de su acompañante y facilitaron sus descripciones físicas en las diligencias practicadas tras el crimen. El juicio ha llegado casi en coincidencia con la fecha de comisión del delito, pero dieciocho años después. ¿Cómo es posible semejante tardanza tratándose de un delito de asesinato perpetrado por dos etarras a cara descubierta y con dos testigos presenciales?
Ha sido posible por fallos del sistema judicial. Casi un año después del asesinato de Lidón, los etarras Egoitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga morían al estallar la bomba de casi 15 kilogramos de explosivo que manipulaban en el interior de un coche en Basurto. Entre los objetos que se hallaron en el interior del vehículo había dos pistolas. Los informes de balística determinaron que una de ellas había sido la utilizada para quitar la vida al juez Lidón. Erróneamente, se supuso que aquellos que llevaban el arma utilizada en ese crimen habían sido quienes lo habían perpetrado. El error se basaba en el aserto de que los etarras no intercambiaban sus pistolas. Sin embargo, nada impedía, de hecho, que los ‘hierros’ fuesen intercambiados entre miembros sucesivos de un mismo comando o entre integrantes de distintos grupos.
Los familiares directos del juez decidieron investigar por su cuenta, pues recordaban los rasgos faciales del hombre que había apretado el gatillo. Su relación con el medio judicial, naturalmente, les fue muy útil para desarrollar la investigación y actuar para que el sumario por el crimen de su familiar no se diera por resuelto. Hace pocos años lograron algo crucial: en una rueda de reconocimiento identificaron como autor material del asesinato al miembro del Comando Bizkaia y exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’. Pero aún hubo más escollos. ‘Txeroki’ cumplía condena en Francia por otros delitos desde su detención en el país galo en 2008 y había que extraditarlo para que pudiera ser juzgado. Aunque parezca rocambolesco en nuestro mundo digitalizado la petición de extradición de ‘Txeroki’ se extravió por lo que, aunque iba a ser extraditado a España, no lo sería para ser juzgado por el asesinato del magistrado vizcaíno. Entonces, Iñigo Lidón denunció públicamente la desidia y el abandono del caso de su padre por parte de instancias de la Audiencia Nacional. A continuación fue reactivada la petición de extradición.
Esta semana Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, y Asier Arzallus Goñi, ‘Sendoa’, (finalmente el fiscal ha retirado los cargos contra este último) se han sentado en el banquillo de los acusados de una de las salas de la Audiencia Nacional como sospechosos del asesinato de José María Lidón.
Lo cierto es que si no hubiera sido por la perseverancia de su familia el asesinato del juez podía haber engrosado la lista de los más de 300 crímenes cometidos en democracia por ETA y sus ramificaciones que no han sido juzgados. El asesinato en febrero de 1979 de Vicente Irusta Altamira, un joven de 26 años, posiblemente a manos de los Comandos Autónomos Anticapitalistas en Ibarruri, Bizkaia, quedó impune al cerrarse el procedimiento transcurridos tan sólo dos meses del crimen. Impunes salieron, asimismo, los asesinos del guardia civil Antonio Ramírez y su novia, Hortensia González, a los que acribillaron a balazos cuando el coche en el que iban paró en un semáforo en rojo en Ordizia, también en 1979. Impunes salieron, pese a que una de las pistolas utilizadas en el crimen fue encontrada tres años después en manos de miembros de un comando detenidos en Madrid.
Son los ‘Agujeros del Sistema’, título del libro de Juanfer F. Calderín en el que hace una detallada descripción de los fallos y negligencias en la acción judicial relativa a los más de 300 asesinatos cometidos por ETA que han quedado impunes. El libro, sobrecogedora fotografía del caos judicial que se dio en España en los años inmediatamente posteriores a la amnistía de octubre de 1977, recoge los casos de víctimas mortales, con nombres y apellidos, cuyos asesinos no han sido juzgados, como quedó recogido en el informe que la Fiscalía de la Audiencia Nacional realizó en 2011 a petición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, presidida por Maite Pagazaurtundua, seguido luego por otros dos informes de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.
Habrá quien diga que ETA ha desaparecido. Pero no han desaparecido ni los delitos que en su nombre se cometieron ni quienes los perpetraron. Desde Covite pedimos que esos perpetradores sean llevados ante la Justicia. No se nos escapa que la Justicia tiene sus límites y procedimientos. Habrá delitos que han prescrito. Ni siquiera con la prescripción del delito queda anulado el derecho a la verdad, es decir, el conocimiento de quiénes fueron los victimarios y cuáles las circunstancias en las que consumaron el crimen.
Que quienes han cometido los delitos sean llevados ante la Justicia no sólo es reparador para las victimas sino también para la sociedad en su conjunto pues, parafraseando a Hannah Arendt, «el delito no se comete sólo contra la víctima, sino primordialmente contra la comunidad cuya ley viola».