Editorial, EL MUNDO, 22/3/12
LA DIPUTACIÓN Foral de Guipúzcoa, controlada por Bildu, aprobó ayer la inclusión de una casilla en la próxima declaración del IRPF en la que preguntará al contribuyente si desea que la información institucional le llegue en castellano o «únicamente en euskara». No se trata de una iniciativa inocente para servir con mayor eficacia a los ciudadanos sino de una medida para censar a la población en base a la lengua que utiliza.
PSOE y PP ya denunciaron en enero pasado que la Diputación de Guipúzcoa pretendía «clasificar a los vascos» con el fin de premiar a los que se expresan en euskara y discriminar negativamente a los que hablan y escriben en castellano.
Nada de lo que hace la izquierda abertzale es inocente. El diputado de Amaiur, Rafael Larreina, acaba de presentar una pregunta al Gobierno en el Congreso en la que pide que se le facilite el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra, especificando por cuerpos y provincias. ¿Para qué quiere Amaiur esa información? ¿Acaso no sabe que ETA ha asesinado a cientos de policías, guardias civiles y militares en esos territorios?
La pregunta es una provocación y, por ello, el Gobierno no debe contestarla. Puede alegar perfectamente razones de seguridad para no hacerlo. En cualquier caso, queda muy claro lo que pretende este diputado, que finge ignorar que ETA no se ha disuelto ni ha entregado las armas.
Amaiur, Bildu y el resto de las organizaciones de la izquierda abertzale hacen todos los días retóricas declaraciones de fe en las vías democráticas, pero lo cierto es que siguen sin condenar la violencia de ETA y que defienden sus mismas ideas. Son, por decirlo con un viejo refrán, el mismo perro con distinto collar. Lo que antes era Batasuna hoy se llama Bildu y Amaiur.
La gran diferencia es que hace 20 años no tenían ninguna expectativa de llegar al poder y hoy acarician la posibilidad de ganar las próximas elecciones vascas, má- xime si el Tribunal Constitucional consiente en legalizar Sortu, lo que les permitiría acceder a la misma financiación pública que cualquier otro partido.
Es cierto que el discurso de la izquierda abertzale se ha dulcificado un tanto para sortear una posible ilegalización y presentarse como una alternativa al PNV, pero si examinamos lo que dicen sus líderes, no es difícil constatar que siguen inmovilizados en los mismos planteamientos de siempre.
Amaiur y Bildu defienden la excarcelación de los etarras, la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco, la integración de Navarra y el derecho de autodeterminación. Así lo han manifestado por activa y por pasiva sus representantes tanto en las Cámaras legislativas como en numerosos actos públicos y jamás han pedido que ETA abandone el escenario ni condenado sus 800 asesinatos. Son exactamente las mismas reivindicaciones que contenía la Alternativa KAS, aprobada en enero de 1978, con el beneplácito de ETA y todas las organizaciones de la izquierda abertzale. Batasuna nació como partido para llevar a cabo este programa, que tenía cinco puntos. A saber, «la amnistía total» de los presos, la legalización de los partidos independentistas, «la expulsión» de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la mejora de las condiciones de «la clase obrera» y el reconocimiento del derecho de autodeterminación como paso previo a la creación de un Estado independiente vasco.
Es lo que la izquierda abertzale quiere imponer en esta «segunda transición», en palabras utilizadas por Iñigo Urkullu. Lo que ha cambiado es la táctica, que consiste en ofrecer una versión light de la Alternativa KAS. Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Editorial, EL MUNDO, 22/3/12