Ignacio Camacho-ABC
Ese juez de Huesca sí ha entendido que el 155 sirve para restablecer la legalidad ignorada por el soberanismo
ESE juez de Huesca, el que ha ordenado la devolución de las obras de arte de Sijena conservadas en Lérida, sí que ha entendido lo que significa el artículo 155. Se trata de recuperar la legalidad vulnerada, de hacer cumplir las sentencias desoídas por el soberanismo. Eso es lo que importa de este episodio que el agitprop nacionalista ha tratado, como siempre, de rodear de un halo victimista y reivindicativo: la supremacía de la ley más allá del valor patrimonial de las piezas o del debate museístico. Algo tan elemental como el principio de subordinación de las instituciones al ordenamiento jurídico.
Es muy sencillo. La custodia del tesoro de Sijena llevaba dos décadas sometida a litigio. Perdió la Generalitat y no se dio por enterada del veredicto; desatendió requerimientos, exhortos, providencias, avisos. Oídos sordos, hechos consumados, desobediencia pasiva, trantrán administrativo. Así hasta que el Gobierno central, artículo 155 mediante, tomó en octubre el control de la autonomía; entonces un magistrado de primera instancia cumplió con su deber y envió al departamento de Cultura un oficio. Que se acatase la resolución judicial sin más demora porque los fallos de los tribunales están para cumplirlos. Que se restableciese el derecho frente al designio político.
Eso es exactamente lo que la nación esperaba de la tardía comparecencia gubernamental en el conflicto catalán: que se restaurase el orden quebrado. Que se utilizase la legítima autoridad democrática para desmantelar el montaje de las estructuras paralelas de Estado, que se pusiese fin a la arbitrariedad, al embudo ventajista, al abuso de poder sistemático. Que se aplicara la ley con normalidad, que Cataluña dejara de ser un territorio de privilegios blindados y una sociedad instalada en el estado de independencia de facto.
Bajo el régimen soberanista, las instituciones catalanas han ignorado a los tribunales, incluido el Constitucional, durante años. Han desdeñado pronunciamientos firmes sobre atropellos en política lingüística y sobre todo, en el ámbito educativo, negándose a atender las repetidas demandas de enseñanza en castellano. Simplemente no hacían el menor caso de cualquier decisión de la justicia que contraviniese su proyecto dogmático, meciendo en una impunidad absoluta su reiterado desacato. Se suponía que ese limbo de extrajurisdiccionalidad consentida iba a acabarse con la intervención presencial del Estado pero todo ha seguido prácticamente igual hasta que ha decido actuar, en su modesto perímetro, un juez aragonés cansado de tanto descaro.
Sijena marca un camino… para quien estuviese dispuesto a recorrerlo. El camino de la firmeza, de la legitimidad jurídica, del constitucionalismo sin complejos. Pero es un caso aislado y ese lamentable, simbólico aislamiento acaso sirva pronto de ejemplo para explicar por qué puede seguir adelante el dichoso proceso.