Daniel Portero, LA RAZÓN, 4/5/12
Según publiqué en un artículo reciente llamado «La vía Basauri», el pasado 29 de marzo, día de la huelga general al Sr. Rajoy, Instituciones Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, acercó a la cárcel de Basauri (Vizcaya) a uno de los terroristas de la línea más dura de ETA. Procedía de la cárcel de Morón (Sevilla) y se llama Gogorza Otaegi, quien, además, pertenece al grupo elitista de los llamados «enfermos de ETA», grupo de los 15 supuestos enfermos que la asociación abertzale Jaiki Hadi reclama al Gobierno de España su excarcelación.
A este miserable miembro de ETA, el Gobierno le concedió el tercer grado penitenciario, es decir, la semilibertad, en cuanto llegó a la cárcel de Basauri porque alegaba que tenía un trastorno obsesivo compulsivo que ya se demostró que era incierto, ya que la única realidad es que se le trasladó por un asunto familiar. El resultado del experimento que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pretendía desarrollar como adelanto del mal llamado «Plan de Reinserción de presos terroristas» ha fallado en poco más de un mes. El recluso Gogorza Otaegi ha cometido 6 infracciones muy graves que han atentado contra la propia seguridad de la semilibertad del preso etarra. Es decir, Gogorza Otaegi ha vuelto al régimen cerrado por estas faltas graves y ya no podrá gozar de los privilegios de libertad del segundo grado.
Comienza mal Interior con su mal llamado Plan de Reinserción porque al auténtico asesino no hay quien lo reinserte y a las pruebas me remito. Sería muy deseable que, de una vez por todas, la cordura vuelva a la política penitenciaria y dejemos de lado los experimentos con los presos de ETA que no hacen más que malgastar nuestros impuestos.
y minar la moral de las víctimas del terrorismo.Vuelvo a repetir que nuevo Gobierno del PP tiene la oportunidad y responsabilidad de cortar este acercamiento encubierto que no cumple con la legalidad ni con el Estado de Derecho.
Aboga por «repensar» el modelo autonómico y evaluar la estructura de los servicios públicos
Daniel Portero, LA RAZÓN, 4/5/12