SANTIAGO GONZÁLEZ-El Mundo
El PP se iba a inyectar un chute de autoestima contra las encuestas en Sevilla y hete aquí que llegamos a la Convención Nacional con la humillante descalificación de un juez regional alemán a la instrucción del Tribunal Supremo español. Por si no fuese bastante, el encuentro del PP ha tenido como figura estelar a Cristina Cifuentes. El sentido común lo puso Alberto Núñez Feijóo: «Hay una pregunta que sólo se puede contestar con sí o con no y es si la señora Cifuentes tiene un máster. Si no lo tiene, nos ha mentido».
Las cosas son así de simples y los hechos no están a favor de la presidenta madrileña, cuyo argumento es que le pregunten a la Universidad. Tiene su punto de razón. Hay en todo este turbio asunto un lamentable papelón de la URJC, que el primer día convocó una rueda de prensa del rector y el director del máster avalando a Cifuentes, para pedir una investigación sólo unas horas después. Ella mostró el acta con las firmas del tribunal, dos de las cuales fueron negadas por las profesoras a las que se les adjudicaban. El desmentido se produjo 16 días después de que el acta (reconstruida) fuese publicada en las páginas de los medios.
Pedro Sánchez, escandalizado, ha promovido una moción de censura, como si no recordara casos análogos en el PSOE: su compañero Luis Roldán alegó tener, no ya un máster, sino dos carreras superiores: una ingeniería industrial y una licenciatura en Económicas, ambas inexistentes. Elena Valenciano mintió dos licenciaturas en el Parlamento europeo: en Derecho y en Ciencias Políticas; y Carme Chacón fue doctora sin tesis.
Hay, sin embargo, una diferencia básica con el caso de Cifuentes. Sus inexistentes licenciaturas y doctorados no afectan a las Universidades que no los expidieron. Los tres mintieron bajo su propia responsabilidad. La presidenta madrileña necesitó la colaboración de la URJC, pero no puede colgarle a ella toda la culpa. Es inimaginable que el rector, el director del máster, el tribunal y un número indeterminado de miembros de la comunidad universitaria concertaran sus esfuerzos para regalar un máster a la entonces delegada del Gobierno en Madrid sin que ella lo pidiese. Lo de Cifuentes se parece más a lo de Errejón, que pretendió hacernos creer que cumplió el trabajo de su beca, con presencia semanal de 40 horas en la Universidad de Málaga mientras dirigía la campaña de Podemos en las europeas de 2014. El profesor malagueño que le encargó un trabajo para el que no estaba capacitado y le eximió de su presencia en Málaga fue un subordinado suyo de Podemos, Alberto Montero, que hoy comparte con él bancada en el Congreso.
Errejón fue inhabilitado por la Universidad de Málaga, pero ni él ni su Médicis pagaron políticamente por ello. Tiene razón Ciudadanos al pedir una comisión de investigación, pero la medida que se aplique a Cifuentes deberá ser exactamente la misma que se aplique a los casos citados, menos a Roldán, que bastante tuvo con lo suyo. Yo no creo que vaya a aparecer el TFM de Cifuentes, ni el trabajo de Errejón sobre la vivienda andaluza, el informe de Monedero sobre la moneda única del ALBA ni la tesis doctoral de Pedro Sánchez.