Una de las normas básicas de los aprendices de dictador es la simulación de una agresión exterior o de un grave problema de orden público, incluido un simulacro de golpe de Estado. No hay que remontarse mucho. Erdogan lo hizo en Turquía en 2016. Se trata de un ardid básico para armarse de legitimidad moral con la que ampliar el poder del Ejecutivo. No estamos aún en esta situación en España, aunque Podemos habló de “ruido de sables” hace unos meses. Sin embargo, esta violencia callejera solo beneficia al Gobierno socialcomunista. Veamos por qué.

Los actos violentos en algunas ciudades españolas no han sido obra de ultraderechistas. No hay fascismo suficiente en España. Otra cosa es que Vox se equivocara al principio y dijera que entendía esas protestas. Sin embargo, no fueron las quejas por la situación lo que incendió la calle, rompió escaparates y robó en las tiendas. Parece mentira que los que se dicen patriotas y conservadores desconozcan a Cánovas, quien dijo aquello de un hombre honrado solo participa en una revolución, y eso porque no sabe lo que es.

Tampoco ha sido el recurso a la violencia como instrumento contra el capitalismo y la burguesía. No podemos aplicar la teoría de George Sorel para explicar esto, quien creía que el acto violento era una expresión del oprimido contra el opresor, y pieza indispensable para derribar el régimen burgués. Ni siquiera sirven para explicarlo los estudios de los sociólogos que justifican los actos de violencia como una manifestación generacional y, por ende, la consideración de que a cada generación le cabe un cupo de actos vandálicos.

No es una cuestión de estatus social, ni de malestar por el desempleo, o la falta de cobertura social. Tampoco es una protesta por la negligencia en los ERTE

Por otro lado, es cómico leer que la violencia procede de los “barrios obreros”. Es como coger un panfleto de los años 70, cuando los meritorios del PSOE se hicieron pasar por revolucionarios. No es una cuestión de estatus social, ni de malestar por el desempleo, o la falta de cobertura social. Tampoco es una protesta por la negligencia en los ERTE, que no se cobre el Ingreso Mínimo Vital o que quieran subir el diesel, como en Francia hicieron los “chalecos amarillos”.

En estos días se han juntado sin querer varios grupos violentos. Primero, los saqueadores. Siempre los ha habido en la historia del desorden público. Se trata de bandas que roban aprovechando la debilidad del Gobierno, de sus dudas y reticencias para emplear la fuerza, en medio de un tumulto y escondidos entre las masas. No hace falta más que ver los vídeos.

El hundimiento económico

Después están los “revolucionarios” que militan en un grupúsculo violento y visionario, siempre totalitario, que creen que pueden sacar rédito político. Entre estos están los que han cogido gusto a la violencia irracional. Es gente que está en los extremos, a izquierda y derecha. Ambos grupos eclipsaron a los damnificados por la negligencia del Gobierno en las medidas contra la pandemia, cuya economía se hunde, y que se han limitado a denunciar su situación.

La violencia en las calles solo beneficia hoy al Gobierno socialcomunista. Ya tiene un estado de alarma para legislar por decreto-ley durante seis meses sin control parlamentario ni judicial, y, lo que es peor, sin asumir la responsabilidad sanitaria, que es la excusa para dicho decreto. El autoritarismo siempre se aprovecha de las crisis, ya sean de salud o de orden público, y necesita un enemigo, un peligro. Por eso han salido en tromba los podemitas y su prensa a señalar a la ‘ultraderecha’.

La propagación de esa amenaza requiere una campaña de propaganda. Se toma un hecho violento, se acusa a la oposición y los medios afines al Gobierno y sus periodistas orgánicos propagan el mensaje. De esta manera, la oposición, sus ideas y propuestas quedan al borde de la ley, y el Gobierno asume la legitimidad para todo tipo de acción.

Orbán ha utilizado las crisis para ir asumiendo cada vez más poder. Primero fue la llegada de refugiados e inmigrantes, luego la covid y ahora la economía

Un ejemplo es Viktor Orbán en Hungría. Al uso masivo de la propaganda ha sumado la utilización del Estado en su provecho partidista, el cambio en la educación pública y en la cultura. La diferencia con una autocracia es ya difícil de establecer en aquel país. Orbán ha utilizado las crisis para ir asumiendo cada vez más poder. Primero fue la llegada de refugiados e inmigrantes, luego la covid y ahora la economía. Resultado: tiene concedido el estado de alarma hasta 2021 para legislar por decreto, y el Parlamento ha aprobado una “Ley de Permisos”, habilitante, que concentra el poder en el Gobierno.

El gobierno Sánchez-Iglesias no ha quedado satisfecho con colonizar el Estado, tomar el Poder Judicial, acogotar al rey, desnaturalizar el parlamentarismo y deslegitimar a la oposición por oponerse a todo esto. Está a un paso de pedir la ‘dictadura constitucional’ y que los grupos parlamentarios, tras ‘dura’ negociación, se vanaglorien de haber rebajado la pretensión a una ‘Ley de Permisos’ a la húngara.

La segunda oleada de covid ya está aquí. Volveremos a marzo. El discurso de la emergencia social y de “la unidad para vencer” ya está hecho. El ambiente para que la gente reclame auxilio al Gobierno aun a costa de la libertad está instalado desde hace tiempo. Lo cuenta bien Ece Temelkuran, una periodista izquierdista, en Cómo perder un país. Los siete pasos de la democracia a la dictadura (2019). Hace décadas nadie pensaba que podía pasar en Turquía, pero fue recorriendo paso a paso el camino, y llegó.