Cuesta asimilar que en España, en las últimas 24 horas, hayan muerto tres mujeres a manos de sus parejas y que, en este diciembre negro, más de la mitad de las once asesinadas pudieran evitarse: sobre los verdugos constaban denuncias por acoso y malos tratos.

Este año pasará al recuerdo infausto de los españoles por las 49 víctimas mortales de la violencia machista, cuyas tragedias obligan a una mayor concienciación y a políticas tangibles para la defensa de las mujeres. Sorprende que, en este sentido, no se hayan reforzado las áreas especializadas de la Policía desde el Gobierno de coalición, en toda la legislatura, a pesar de su marcado discurso feminista y progresista.

Como publica este viernes EL ESPAÑOL, el Ministerio del Interior destina el mismo número de agentes a la lucha contra la violencia de género que hace once años. Y el resultado de la dejadez es que, en comisarías del país, un único policía atiende hasta un centenar de víctimas.

Se agradece que el ministro Fernando Grande-Marlaska anticipe la implantación de más medidas que eviten muertes como las de Elena en Madrid, Rebeca en Bilbao o Noemy en Benidorm. Es loable, incluso, que apele a “cada ciudadano y cada ciudadana” en la “lucha” por la “seguridad” de las mujeres.

Pero desconcierta que la respuesta más destacable sea una orden que, como advierten los sindicatos policiales, se implantó en septiembre: el aviso por teléfono a las mujeres cuya nueva pareja cuente con antecedentes por violencia de género. Llama la atención no sólo por su revestimiento de novedad, sino porque se le desconocen resultados significativos tras un trimestre de implantación.

Parece más sensato atender a las peticiones de las principales asociaciones y sindicatos policiales, que reclaman más recursos materiales y humanos ante el incremento del 20% de las denuncias. Aquí se mide el compromiso real de un Gobierno para frenar la violencia de género, que crece a un ritmo incontenible en las condiciones actuales. No en la definición de la lucha, sino en el suministro de armas para enfrentarla.

Y lo que la tendencia actual refleja es preocupante. Las provincias españolas están perdiendo agentes en las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer.

Si algo queda patente es que la violencia machista se combate con planes serios, recursos públicos y acciones concretas. Son mucho más útiles que los eslóganes y las buenas intenciones. Y mucho más efectivos que leyes de alto valor propagandístico, como la del sólo sí es sí, diseñada por el Ministerio de Igualdad y respaldada por el Ministerio de Justicia. Una norma que no sólo está reduciendo las penas a decenas de agresores sexuales, sino que está sacando a la calle a hombres que, con los datos sobre la mesa, tienen altas probabilidades de reincidir.