España está siendo escenario de imágenes truculentas a las que no estábamos acostumbrados: reyertas sanguinarias, ataques con armas de fuego y otros episodios de violencia extrema. Y este es sólo el aspecto visible del fenómeno del crimen organizado que se está cronificando y extendiendo en nuestro país, en sus tres diferentes niveles: internacional, nacional y local.

Además de las tradicionales mafias transnacionales, que como las albanesas, rusas y serbias estaban instaladas en las localidades costeras, se están estableciendo en nuestro país grupos criminales de más de 30 países, según el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2022.

Las fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL alertan de que están desarrollando infraestructuras logísticas de coordinación entre ellas. Aunque si bien muchas veces establecen un reparto territorial de sus actividades, en muchos casos se producen rivalidades entre sí que se saldan con incidentes violentos.

Marbella y su entorno son la zona de España donde existe un mayor número de actividad criminal de este tipo, aunque otros territorios como Sanlúcar de Barrameda han vivido recientemente secuestros y torturas.

También Cataluña, que se ha convertido en la huerta de la marihuana y el puerto del hachís de Europa ante la laxitud de la ley española, está planteando problemas a las fuerzas del orden, que se muestran incapaces de frenar la inseguridad ante el nuevo paradigma delincuencial que enfrenta la comunidad.

La mayor presencia de narcoembarcaciones habla del carácter de enclave geoestratégico de la Península Ibérica. En virtud de sus amplias superficies de costa, sus importantes puertos y sus zonas insulares, convergen en ella las rutas de tráfico de estupefacientes del Mediterráneo y del Atlántico.

El estatus de país seguro del que goza afortunadamente nuestro país no debería hacer olvidar que España, como frontera sur de Europa, es una puerta de entrada al mercado europeo de la droga y un hub logístico en el circuito global de distribución.

Por si fuera poco, EL ESPAÑOL | Porfolio ha demostrado que armas de guerra donadas por los países de la OTAN para la guerra de Ucrania están siendo desviadas al mercado negro español por elementos corruptos ucranianos y rusos. Policía Nacional y Guardia Civil alertan de que el crimen organizado se está armando con recursos que superan a los de nuestras fuerzas de seguridad.

En el plano intermedio, se está dando un empoderamiento de los clanes nacionales de la droga. El inédito asesinato de los dos guardias civiles de Barbate por una narcolancha este año supuso un punto de inflexión que acredita que estas bandas se han vuelto más violentas y ya no temen enfrentarse a los cuerpos policiales.

La investigación policial ha revelado además que existen sinergias entre los dos planos anteriores: los narcos autóctonos establecen relaciones profesionales con sicarios de origen extranjero.

Por último, en el nivel inferior, ha crecido la actividad de las pandillas locales, según la Fiscalía de Madrid. El informe del Observatorio de Bandas Juveniles recoge que el uso de armas de fuego cada vez es «más frecuente», lo cual «evidencia una clara escalada de la violencia» en la capital, epicentro de operaciones de las bandas latinas.

Esta misma semana dejó un ataque con armas de fuego en una pizzería de Madrid, en el marco de un enfrentamiento entre los Dominican Don’t Play y los Trinitarios. El Ayuntamiento reconoce que la delincuencia precoz de los pandilleros representa un «problema grave» en una de las «ciudades más seguras del mundo».

En conjunto, parece claro que está teniendo lugar en nuestro país un recrudecimiento de la violencia del crimen organizado que preocupa a los cuerpos de seguridad.

No se trata de generar una alarma social injustificada. Pero es evidente que la habituación a delitos como intentos de asesinato, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, robos con violencia, lavado de dinero o extorsiones, cuya magnitud real no siempre se hace perceptible, suponen un problema de seguridad nacional. El Ministerio del Interior contabiliza en España un total de 490 grupos criminales.

España no puede convertirse en un paraíso para las organizaciones de delincuentes. Se requieren por tanto medidas de refuerzo policial y acciones preventivas.

El contrabando internacional de armas de guerra ya es un problema innegable que obliga a redoblar los esfuerzos de cooperación para la vigilancia e incautación. En el plano nacional, es ineludible aumentar el presupuesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir la implantación sistemática en nuestro país de todas las bandas del mundo. Y en el ámbito local están bien encaminadas medidas como las que están impulsando las autoridades madrileñas, tales como la intensificación de la regulación de la venta de armas blancas, o los planes contra el abandono escolar para evitar que las organizaciones juveniles recluten a los jóvenes de entornos desfavorecidos y familias desestructuradas.