El fuero especial, o aforamiento, es una protección jurídica excepcional destinada según la Constitución al presidente y los ministros del Gobierno de España, y extendida después a los miembros del poder judicial y de las dos Cámaras con el objetivo de reforzar la autonomía de la función jurisdiccional y la inmunidad parlamentaria. Más tarde se fue ampliando por puro mimetismo a las instituciones autonómicas, Estatutos mediante, hasta crear una verdadera casta de gente aforada que produce la sensación de un privilegio autoconcedido con la consiguiente irritación ciudadana. Más aún cuando los beneficiados lo utilizan a menudo como parapeto preventivo o salvaguarda para escudarse frente a la acción de la Justicia ordinaria.

Si ya de por sí el abuso de la prerrogativa ha generado en la opinión pública una patente sacudida de rechazo, algunos casos concretos provocan justificado escándalo. Por ejemplo el del diputado Ábalos, incluido tras su cese ministerial en la lista del Congreso con la obvia intención de proporcionarle amparo ante la posibilidad verosímil de que los motivos entonces ocultos de su destitución acabasen sentándolo, como en efecto ha ocurrido, en el banquillo de acusados. Más bochornosa aún ha sido aún la tentativa de aforamiento ‘a posteriori’ del líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, maniobra desautorizada por el tribunal superior como un fraude de ley palmario… que ahora trata de repetir postulándose para el Senado.

Sucede que esta vez existe otra manera de impedir el retraso del juicio al ‘hermanísimo’ de Sánchez, el objetivo verdadero de una artimaña diseñada en Moncloa para trasladar el proceso al Supremo. Y consiste en impedir que la Asamblea de Extremadura dé curso a la designación de Gallardo como senador autonómico por su manifiesto carácter torticero. Es decir, que la mayoría del PP y Vox ejerza su veto ante la falta de idoneidad del candidato propuesto. Sentaría un precedente antipático en el automatismo convencional de este tipo de nombramientos pero no va a ser siempre el sanchismo el que rompa los consensos. Y menos cuando se trata de adulterar la limpieza de las reglas del juego.

Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y contra el uso espurio de los mecanismos institucionales es menester aplicar remedios tajantes. Gallardo ha obtenido acta en el Parlamento regional, y por tanto su ansiado derecho a comparecer ante el TSJ –con el enchufado David ‘Azagra’ del brazo por el principio de indivisibilidad procesal– y con eso debe conformarse. El burladero senatorial sobrevenido debe quedar fuera de su alcance. El sesgo marrullero de la argucia es tan evidente como inaceptable, por lo que resulta necesario que alguien imponga el respeto al espíritu de la ley frente a una manipulación flagrante. Por responsabilidad, por higiene política, por pudor democrático, por escrúpulos morales.