ABC 10/10/16
EDITORIAL
· Ninguna cárcel debe ser el estado mayor de la yihad y si es preciso reforzar la legislación penitenciaria para extender el aislamiento a nuevos supuestos, no debería haber duda
LA utilización de las cárceles como una prolongación de su estructura es una pauta habitual de las organizaciones terroristas. Para ETA siempre fue uno de sus frentes principales, con el que mantenía la cohesión de los presos y de sus familias y con el que también procuraba evitar fisuras y disidencias. El terrorismo islamista no iba a ser una excepción. También hay yihad en las cárceles y las Fuerzas de Seguridad del Estado lo saben, porque les consta que hay 226 reclusos musulmanes radicalizados, de los que 115 están en régimen de aislamiento por su extrema peligrosidad. La mitad de los presos islamistas violentos tiene nacionalidad marroquí, pero también hay españoles, hasta 48, situados entre los más duros. La actividad de los presos yihadistas en la cárcel es organizar a los ya fanatizados y adoctrinar a presos musulmanes que entran en prisión por delitos comunes y acaban abducidos por enseñanzas religiosas extremas a través del «discurso del odio» que algunos cabecillas difunden sin pudor.
En los centros penitenciarios, los yihadistas pretenden replicar la estructura de las células que actúan en la calle, repartiéndose los papeles de captadores, informadores y adoctrinadores. Como se saben bajo control permanente, aplican técnicas para evitar los controles periódicos, pero no por esto dejan de celebrar los atentados de los que tienen noticia. A pesar de sus cautelas, las Fuerzas de Seguridad del Estado captan informaciones de los yihadistas presos con las que están consiguiendo desmantelar grupos terroristas, algunos situados aún en tareas preliminares de preparación de un atentado y otros, en tareas previas a su perpetración. Lo cierto es que la ausencia de atentados en España en los últimos años no se debe al desinterés de los yihadistas, sino más bien a la eficacia de la Fuerzas de Seguridad y a la cooperación internacional. Esto no significa, en absoluto, que España tenga garantizada su inmunidad frente al terrorista. Significa que el Estado está funcionando a pleno rendimiento para reducir ese riesgo al mínimo. Desde hace meses, las redes sociales acogen un mayor número de mensajes y vídeos yihadistas en español, junto a referencias a Al-Andalus, Ceuta y Melilla, lo cual es un indicio muy claro del propósito de los terroristas y de cómo consideran a España.
Ninguna cárcel debe ser el estado mayor de la yihad y si es preciso reforzar la legislación penitenciaria para extender el aislamiento a nuevos supuestos, no debería haber duda en aprobar la reforma necesaria para sellar cualquier cauce de comunicación de los yihadistas entre sí y contra el exterior. Sus derechos como presos no son más importantes de la vida y la libertad de los ciudadanos, víctimas potenciales de los atentados que tanta ansia criminal quiere cometer.