Entre medias empezó eso del «modelo penitenciario vasco», un tinglado destinado a los presos de ETA, ideado al modo indulgente –como lo de Maixabel–; o sea, pensado para las buenas personas que, aparte de matar, no portan ningún otro inconveniente, aunque sorprendentemente se les considera oficialmente como un «colectivo en riesgo de exclusión». Y por eso, se trata de facilitarles su «reinserción» dentro de la cárcel –con celda individual, autogestión en los módulos reservados a terroristas, incluida la cocina, trabajo remunerado, formación profesional y otras minucias– para luego propiciar su «reintegración» en la sociedad –con piso incluido, empleo, prestaciones sociales y lo que haga falta–. Todo, además, a una velocidad de vértigo, pues en un año escaso casi un tercio de los 116 etarras trasladados a las prisiones de Urkullu ya tienen el tercer grado o la libertad provisional.

Pero hete aquí que el carcelero se ha cruzado con una justicia que no controla; y eso es motivo de zozobra, pues la fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictaminado que dos de cada tres cambios de grado para beneficiar a los de ETA no son legales. Se desbaratan así sus planes de presentarse ante los electores como el hacedor del epílogo del terrorismo; o sea, de una «resocialización de los internos que beneficiará a la sociedad en su conjunto», según ha apuntado la consejera de Justicia. Entretanto, enfrente acechan los de Bildu y los más fieros de GSK.