Ya hay pocas dudas de que los daños de la pandemia económica van a ser inmensos. Algunos de ellos, irreversibles. No en vano, el conjunto de las actividades afectadas por el confinamiento ha llegado a representar en los momentos más duros de la reclusión en torno al 30% del valor añadido bruto (VAB) de España, lo que da idea de una calamidad que se ha cebado con algunos colectivos: jóvenes, trabajadores con empleo temporal o poco cualificados, mujeres en situación de subempleo o quienes viven en las tinieblas de la economía sumergida. Es decir, las víctimas de casi siempre.

Hay una novedad. La crisis actual es la más profunda e intensa en casi un siglo, y eso significa, ni más ni menos, que las cicatrices tardarán más en curar. Entre otras razones, porque esta crisis es global e, históricamente, al menos desde el Plan de Estabilización de 1959, España ha salido del agujero por el sector exterior, ya sea devaluando la peseta o haciendo un ajuste salarial para ganar competitividad. Hoy, sin embargo, esa salida es más improbable. La pandemia es global y sus efectos afectan a todo el planeta.

No sería tan dramático si la economía hubiera resuelto —o, al menos, canalizado— algunos de sus viejos problemas estructurales, como el potencial de crecimiento, que permanece estancado desde hace años por los escasos avances en productividad. O por las dificultades del sector público para recaudar tanto como quiere gastar. O por la incuria a la hora de invertir en innovación…

Esa es la radiografía del dolor de la economía española.

• 430 millones menos de horas trabajadas

Probablemente, el mejor indicador sobre la evolución de la economía no sea el número de ocupados, ni siquiera el consumo privado o las inversiones, sino las horas trabajadas. Y lo que ha revelado la Contabilidad Nacional del primer trimestre es solo un anticipo de lo que vendrá en el segundo. Entre enero y marzo, se perdieron 430 millones de horas de trabajo. O lo que es lo mismo, se produjo una caída del 5% en apenas dos semanas de marzo. En concreto, desde que se decretó el estado de alarma y el consiguiente cierre de actividades.

Eso significa que los ocupados —asalariados y autónomos— trabajaron 8.148 millones de horas a lo largo del primer trimestre de este año, lo que supone volver a niveles de los primeros tres meses de 2017. Esta es la dura realidad del empleo que ha traído el efecto devastador del covid-19. Y lo que es peor, en el segundo trimestre, las cosas habrán ido a peor, de ahí que el Banco de España haya estimado un desplome del PIB de hasta el 21,8%, teniendo en cuenta que la economía permaneció prácticamente cerrada en abril, se abrió solo parcialmente a lo largo del mes de mayo y solo en junio se reanudó la actividad de una manera más decidida.

Para hacerse una idea de lo que significa perder 430 millones de horas de trabajo en tan corto periodo de tiempo, hay que tener en cuenta que entre el segundo trimestre de 2008 y el tercero de 2013, es decir, durante la anterior crisis, que se tradujo en una doble recesión, se perdieron 1.461 millones de horas de trabajo, lo que significa que en solo 15 días se ha dejado de trabajar el 30% de lo que se perdió en cinco años.

En términos de empleo, eso significa que el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que es la metodología que utiliza la Contabilidad Nacional para calcular la variación del PIB, se ha situado en 18,14 millones, lo que supone una destrucción neta de 357.500 puestos de trabajo en apenas un trimestre. En particular, durante la segunda quincena de marzo.

• Los fiascos de la productividad

La economía española tiene la vieja (y mala) costumbre de aumentar la productividad cuando se destruye empleo, y viceversa. Cuando la economía se recupera, tiende a debilitar los avances de productividad. Esto no está ocurriendo en la actual recesión. Los datos de la Contabilidad Nacional reflejan una caída de la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo equivalente al 3,5%, un dato inédito desde que existen series históricas. Ahora bien, si se tienen en cuenta las horas trabajadas, el resultado mejora. La productividad del trabajo, sin contar otros factores, creció apenas un 0,1% en el primer trimestre, el peor registro en un año.

Esta evolución de la productividad hay que relacionarla con el aumento del coste laboral unitario (CLU), y lo que dice la Contabilidad Nacional es que está creciendo a un ritmo inusualmente alto, hasta un increíble 5,5%. Es decir, casi cuatro puntos por encima de lo que está aumentando el deflactor del PIB, que no es otra cosa que la inflación que soporta una economía. Ese incremento poco tiene que ver con el aumento de la remuneración por asalariado, que está creciendo a un ritmo del 1,8%. Por lo tanto, en línea con lo que está aumentando la inflación. Es la productividad, estúpidos, la productividad, que dirían los asesores de Clinton.

Algunos estudios, como el que acaba de publicar Funcas, estiman que los problemas no se derivan de una “especial debilidad de la inversión en activos tangibles”, sino más bien del hecho de que la inversión está sesgada hacia los activos que tienen un impacto menor sobre las ganancias de productividad, como el diseño o la imagen de marca, mientras que el peso relativo de las inversiones en I+D, ‘software’, bases de datos y en mejoras de eficiencia organizativa es menor.

• Un modelo de crecimiento procíclico

Da que pensar el hecho de que la anterior crisis golpeó especialmente España por su mayor exposición a las causas del derrumbe de la economía: el elevado endeudamiento privado y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En esta ocasión, ha ocurrido algo parecido. La economía española es muy dependiente del sector servicios (tres cuartas partes del PIB) y, en particular, del turismo. También del sector del automóvil. Precisamente, los sectores más perjudicados por la pandemia económica.

Es decir, el modelo de crecimiento no es neutro. Tiene sexo, y lo que enseñan ambas crisis es que conviene diversificarlo, no solo verticalmente, en función de las ramas productivas, sino también horizontalmente. Por ejemplo, evitando que muchas regiones vivan exclusivamente del turismo. Canarias, por ejemplo, ha desmantelado su sector agrario, mientras que en Baleares las manufacturas cumplen hoy un papel cada vez más marginal.

• Empresas, el tamaño importa

El tamaño empresarial importa, y mucho. La literatura económica está llena de informes que acreditan que las empresas más grandes son también más productivas. Todos los gobiernos lo conocen, pero poco o nada se ha hecho, al menos desde los años ochenta, cuando desde el Ejecutivo se impulsaban las fusiones y concentraciones.

Hoy, la realidad es dramática: las empresas con menos de cinco trabajadores representan el 78% del tejido productivo, frente al 69% en la eurozona. Esto afecta a su intensidad exportadora, pero también a su capacidad para invertir en innovación o en formación de sus trabajadores.

¿Las causas? La regulación administrativa, que hace aumentar la carga de trabajo para las empresas que superan un cierto tamaño, las trabas a la unidad de mercado, su débil posición financiera o, incluso, la cultura empresarial española, muy ligada al patrón-fundador que se resiste a perder el control de su compañía. Esto tampoco es gratis. Como revela el directorio de empresas del INE, apenas el 16% de las empresas supera los 20 años de vida.

• Economía del conocimiento

Hay pocas dudas de que en los últimos años se ha producido una importante mejora en el nivel educativo de la población, pero hay todavía menos de que ese esfuerzo no se ha trasladado en la misma medida al ámbito del empleo, donde continúan destacando las actividades de bajo o muy bajo valor añadido.

¿En qué se traduce esto? Pues simplemente, como acaba de recordar el Banco de España, en que el peso de la inversión en actividades de I+D sobre el PIB, tanto del sector público como del sector privado, es un 26% y un 54%, respectivamente, inferior al del promedio de la Unión Europea.

No es un asunto menor. Está acreditado que los avances tecnológicos, ya sea mediante la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, crearán nuevas oportunidades y contribuirán al necesario avance de la productividad. Y hay un riesgo cierto de que las restricciones presupuestarias de los próximos años, tanto en el sector público como en el privado, taponen esa vía de escape de la crisis. No es una mera sospecha. Eso es, exactamente, lo que sucedió tras la última doble recesión. Como ha recordado el último informe de Cotec, España ha tardado una década en recuperar los niveles de inversión en I+D previos a la anterior crisis. Y ahora tiene que enfrentarse a una de mayor intensidad.

• Empleo, cuando lo temporal es estructural

El mercado laboral español es la historia de un fracaso. Hasta el punto de que es muy probable que, a la vuelta del verano, ya Grecia tenga menos desempleo que España. Sin duda, porque el ajuste, en la economía española, siempre se hace por los trabajadores más precarios, y hay que recordar que la tasa de temporalidad se ha situado históricamente, en promedio, en el 25,2% del empleo total, frente al 13,9% registrado en los demás países del euro. No es un asunto baladí. Hay evidencias de que la temporalidad aumenta la desigualdad, influye negativamente en la creación de nuevos hogares y en su tamaño (menos hijos), y provoca efectos persistentes sobre las carreras laborales de los trabajadores más afectados.

Las consecuencias son obvias. Como ha recordado recientemente un informe de Fedea, la dualidad ha vuelto a actuar, y eso explica que el 76% de las caídas acumuladas de afiliación desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril fueron afiliaciones asociadas a contratos temporales. Y ya se sabe, a más contratos temporales, menor interés en formación. Para muchas empresas de bajo valor añadido, es más rentable que los trabajadores no cualificados roten alrededor de un mismo puesto de trabajo. En 2018, sin ir más lejos, un año de fuerte crecimiento económico, cada puesto de trabajo creado obligó a la firma de 43 contratos. No es de extrañar que los economistas del Banco de España hablen de la necesidad de fomentar la inversión en capital humano, lo cual es incompatible con la existencia de enormes bolsas de empleo de usar y tirar.

• Las cuentas del Reino

Es una evidencia que la epidemia ha golpeado las cuentas públicas con una intensidad desconocida en tiempos de paz. Tanto por la vía de los ingresos como de los gastos. El déficit, sin embargo, tampoco es un problema nuevo. Es, de hecho, un viejo conocido de la economía española, hasta el punto de que, desde la recuperación de la democracia en 1977, el Estado solo ha tenido superávit en tres ejercicios (entre 2005 y 2007), y para eso fue necesario crear una inmensa burbuja de crédito ligada al ladrillo que antes o después tendría que estallar, como sucedió en 2008.

¿Cuál es el problema actual? Pues ni más ni menos que España, como el resto de los países, se enfrenta a problemas de naturaleza estructural, no coyuntural, y el margen presupuestario —no ahora sino en el futuro— será estrecho, muy estrecho. Tan angosto que la deuda pública puede situarse en 2030 todavía en el 110% del PIB, una década después del gran confinamiento. Algo que puede explicar que el Gobierno haya sido uno de los más tacaños a la hora de estimular la economía en medio de la pandemia.

Una mala situación de partida cuando la política fiscal debe enfrentarse en las próximas décadas a problemas muy serios, como el envejecimiento, que introduce un sesgo a la baja en la recaudación. Los mayores consumen menos (IVA) y tienen unos ingresos inferiores (IRPF) que cuando estaban en activo, lo que perjudica los ingresos, además de las necesidades que conlleva la lucha contra el cambio climático, que exige millonarias inversiones.

• ¿Quién teme al envejecimiento?

Como ha explicado el Banco de España, el cambio demográfico es un reto que afecta a la mayor parte de las economías avanzadas, pero tendrá una especial incidencia en nuestro país. Algunos datos lo ponen negro sobre blanco. La proporción entre población mayor de 65 años y la que estará en edad de trabajar (16-64) aumentará desde el 30% actual hasta el 50-70% en 2050.

Hay soluciones, pero lo cierto es que la comisión del pacto de Toledo duerme el sueño de los justos y hay pocas razones para creer que un asunto de tanta enjundia puede ser abordado en un clima político como el actual, en el que no se sabe todavía si el Gobierno podrá presentar los Presupuestos del Estado antes de que acabe el año.

• Globalización, lo bueno y lo malo

La noticia buena es que la economía española se ha hecho en los últimos años más abierta y ha aumentado las ventas al exterior. La mala es que es, precisamente, el comercio global el más perjudicado por la pandemia, aunque también por las guerras de Trump.

Esto es especialmente importante para sectores como el automóvil, que supone más del 12% del PIB de España, y que se encuentra plenamente integrado en las cadenas globales de valor (CGV), que representan cerca de la mitad del valor producido a través del comercio internacional. Y lo que ha ocurrido es que el cese de algunas actividades por la pandemia se ha traducido en una reducción de la oferta y en rupturas de aprovisionamiento de insumos dentro de la cadena de valor, lo cual es una catástrofe para las industrias españolas.

• La desigualdad avanza

Por razones evidentes, no hay datos todavía sobre cómo influirá la pandemia en la desigualdad. Pero hay pocas dudas de que el incremento del paro será una mala noticia para el índice Gini, ya se sabe, uno de los instrumentos fundamentales para medir la cohesión social. Y lo que sabemos es que, de nuevo, a España le pilla en muy mala posición debido a que la anterior crisis dejó maltrecho el empleo. En particular, a los jóvenes que lo sufren. En 2018, sin ir más lejos, el nivel de renta de los menores de 35 años aún se encontraba un 20% por debajo de su nivel en 2007. Las razones tienen que ver con la reducción en la duración media de sus contratos temporales y con el incremento del empleo parcial, en la mayoría de los casos involuntario.

Nada nuevo bajo el sol. Esta crisis incidirá, sobre todo, en los colectivos más vulnerables, lo que previsiblemente supondrá un deterioro adicional en los niveles de desigualdad. El ingreso mínimo vital, de hecho, será solo una gota en un mar de pobreza si España, como algunos han estimado, vuelve a niveles de desempleo del 20%, lo que no es en absoluto descartable cuando finalicen los ERTE, que hoy han congelado los despidos.

En definitiva, viejos problemas que se arrastran de crisis en crisis.