Con esta frase señaló Inés Arrimadas este viernes los paralelismos entre lo ocurrido el 6 y el 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento catalán y lo aprobado el pasado jueves 15 de diciembre en el Congreso de los Diputados.

En el primer caso, los partidos independentistas del Parlament aprobaron la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana.

En el segundo caso, PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y otros partidos menores dieron su sí en el Congreso de los Diputados a las enmiendas con las que el Gobierno pretende cambiar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Inés Arrimadas, que en 2017 era diputada en el Parlament y hoy, diputada en el Congreso, recordó también que en ambos lugares se ha seguido «el mismo procedimiento» para aprobar «leyes importantísimas» en tan sólo 48 horas, laminando a la oposición y prescindiendo de los informes de los órganos consultivos.

Tanto en 2017 como en 2022, las presidentas de ambos Parlamentos (Meritxell Batet y Carme Forcadell) pusieron en marcha en beneficio de la coalición de partidos a la que pertenecen un procedimiento exprés para la aprobación de normas flagrantemente ilegales y que suponían una enmienda a la totalidad de la arquitectura institucional española, cuando no un cambio de régimen por la vía de los hechos consumados.

El 6 de septiembre de 2017, Junts pel Sí y la CUP registraron una proposición de ley que amparaba la celebración de un referéndum ilegal el siguiente 1 de octubre. La Mesa del Parlament avaló de inmediato la solicitud. El momento fue escogido con mimo para impedir que los tribunales pudieran paralizar su tramitación.

La votación, además, no figuraba en el orden del día. Pero la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, permitió su tramitación acelerada rechazando todas las quejas de la oposición.

Esta semana, después de que el Gobierno incluyera en la proposición de ley para la reforma del Código Penal dos enmiendas sin conexión alguna con dicha propuesta y que pretendían reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del TC, el PP presentó dos escritos ante la Comisión de Justicia y la Mesa del Congreso. En ellos reclamaba que ambas enmiendas fueran rechazadas por su evidente ilegalidad.

El presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Felipe Sicilia, rechazó tomar en consideración las quejas del PP al grito de «porque no me da la gana».

2. Que no quede nada por escrito: servicios jurídicos, ¿para qué?

Tanto en 2017 como en 2022 se hizo caso omiso o se prescindió de los informes de los servicios jurídicos parlamentarios y de los órganos consultivos.

Desde el primer momento, los líderes del procés extremaron el cuidado para no estampar sus firmas en ningún documento que pudiera comprometerles en un hipotético proceso penal.

El 6 de diciembre de 2017, la oposición esgrimió en su defensa el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y las advertencias de los letrados del Parlament en el sentido de que la aprobación de la ley acarreaba un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Carme Forcadell hizo caso omiso de las advertencias y la ley se tramitó ese mismo día.

La tramitación de la reforma del Código Penal y de las enmiendas destinadas a cambiar el sistema de elección de los magistrados del TC como proposición de ley en vez de como proyecto de ley (el adecuado cuando los proyectos legislativos parten del Gobierno y no del Congreso) tenía el objetivo evidente de esquivar los informes y los dictámenes preceptivos de los letrados de la Cámara y de los órganos consultivos.

A pesar de ello, los letrados del Congreso informaron de que las enmiendas introducidas en la reforma del Código Penal no tenían conexión alguna con el objeto de dicha proposición de ley y que eran por tanto ilegales. La opinión de los letrados apoyando las tesis del PP fueron plasmadas en un documento contra el criterio de la Mesa del Congreso, que pretendía desecharlas sin más, muy probablemente con la intención de que no quedara constancia escrita de las advertencias de los abogados de la Cámara.

3. Recurso a los tribunales frente al atropello de la legalidad

El 6 de septiembre de 2017, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenó a los abogados del Estado que interpusieran un incidente de ejecución de sentencia frente al Tribunal Constitucional para que este anulara las leyes aprobadas en el Parlament. El pleno del TC suspendió a las pocas horas y de forma cautelar la convocatoria del referéndum, pero el Parlamento y el Gobierno catalán hicieron caso omiso de la orden.

Este miércoles, sólo 24 horas antes de la votación, el PP pidió amparo al TC ante la «manifiesta inconstitucionalidad de la reforma». Su objetivo era que el Constitucional se pronunciara antes de la votación.

El presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, decidió entonces convocar un pleno de urgencia. Pero este tuvo que ser aplazado hasta el lunes gracias a las maniobras de los magistrados del sector progresista, que pidieron tiempo para estudiar las recusaciones y alegaciones (procesalmente inadmisibles) de PSOE y Podemos.

4. Política de hechos consumados

Gracias a la treta de PSOE y Unidas Podemos en connivencia con los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional, «imposible de creer en magistrados con la experiencia y el conocimiento que se les supone», el Congreso pudo votar la proposición de ley y aprobarla sin que el recurso del PP fuera valorado por el TC.

Una política de hechos consumados que remite a lo ocurrido el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento autonómico catalán, cuando se tensionó hasta el extremo la legalidad con la intención de que el referéndum y la declaración de independencia fueran mucho más difíciles de revertir una vez construida una apariencia de legalidad que pudiera ser creída (y quizá defendida por la fuerza) por millones de ciudadanos catalanes.

5. La soberanía reside en el Parlamento

Tanto en 2017 como en 2022, el Tribunal Constitucional se vio obligado a ejercer de última barrera de la democracia frente a las acciones de unos grupos políticos que se arrogaban «la soberanía nacional» con el argumento grotesco de que los tribunales no pueden poner obstáculos a la voluntad del pueblo encarnada en el Parlamento.

Una idea ajena a la democracia representativa y que remite más bien a las democracias plebiscitarias, que carecen de instituciones de control o de fiscalización del poder, y que son las habituales en los regímenes autocráticos liderados por un caudillo carismático y demagogo. Eso fue el chavismo, eso ha sido el peronismo y hacia eso camina la España de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Carmen Calvo ha sido la última líder socialista que ha insistido en la barbaridad jurídica, política y moral más repetida durante los últimos días. La de que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no pueden fiscalizar ni controlar la legalidad de las decisiones del Parlamento puesto que este representa la voluntad del «pueblo» manifestada en los resultados de las elecciones generales de 2019.

La astracanada, habitual en regímenes fascistas plebiscitarios, es idéntica a la esgrimida en 2017 por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés, que repitieron una y otra vez a lo largo de ese año que los tribunales españoles no podían poner límites a la voluntad del pueblo catalán representada en el Parlament.

6. La oposición abandona el Parlamento

Tanto en 2017 como en 2022, la oposición advirtió y se rebeló frente al hecho de que las cámaras se situaran al margen de la legalidad y aplastaran el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes.

En 2017, Ciudadanos, PP y PSC se ausentaron del Parlament para no participar en la pantomima orquestada por los partidos nacionalistas, momento que fue aprovechado por la diputada de Podemos Ángeles Martínez para retirar las banderas españolas que algunos diputados habían dejado en sus escaños.

El pasado jueves fueron los diputados de Vox los que abandonaron sus escaños ante la negativa de Meritxell Batet a suspender el pleno. Pero fue Inés Arrimadas, de nuevo, la que advirtió a la presidenta del Congreso de que su actuación ese día estaba siguiendo al pie de la letra el guion diseñado por los líderes del procés para su golpe de Estado.

7. Y una diferencia

A diferencia de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, Pedro Sánchez no estuvo en el Congreso el día que se votaba la más trascendental de sus decisiones de Gobierno.