Las afinidades nominales

LA política española ha llegado a un punto de desideologización y de ausencia de proyectos en que lo importante de un pacto no son sus estipulaciones sino su firma. Si Ciudadanos quisiera imponer al PP una subida de impuestos del 75 por ciento o el aborto obligatorio para los fetos con malformaciones, a gran parte de los votantes populares les parecería de perlas con tal de que los diputados de Rivera apoyen la investidura de Rajoy. La base electoral del centro derecha sólo desea un compromiso rápido entre dos partidos que considera compatibles de forma automática, del mismo modo que los simpatizantes de la izquierda verían con buenos ojos cualquier clase de alianza que desalojara al marianismo. La identidad sectaria de las siglas ha reducido el debate de ideas a una mera pugna de partidos y partidarios. Una confrontación en la que sólo interesa la ocupación del poder por el bando propio en nombre de unas supuestas afinidades biográficas o nominales.

La sacralización del diálogo es la coartada de la renuncia a las convicciones. En febrero el PSOE se tragó la supresión de las Diputaciones –bien es verdad que porque no pensaba llevarla a efecto en el improbable caso de que la intentona de Sánchez cuajara– que desamparaba a media España rural. Ahora el PP está a punto de suscribir un documento que va a liquidar la presunción de inocencia de los políticos y a promover un sistema electoral capaz de consagrar la ingobernabilidad perpetua. Por fortuna los gurús económicos de C’s son sensatos y proponen medidas razonables en materia fiscal y laboral; de lo contrario habría que hacer rogativas para que los socialistas mantengan su contumaz bloqueo.

Es posible que los marianistas confíen en diluir poco a poco los aspectos más polémicos del convenio que acuciados por la necesidad están negociando a contramano de sus certezas. En especial esa reforma de las circunscripciones que necesitará la concurrencia de un PSOE al que tampoco conviene un exceso de proporcionalidad. En todo trato hay que hacer mutuas concesiones, pero aceptar la supresión del aforamiento deja a tiro de venganza personal a cualquier representante público, y el cese inmediato de los imputados tritura de facto las garantías constitucionales. Como se trata de asuntos blindados por el mantra de la regeneración y que afectan en exclusiva a la odiosa clase dirigente, la opinión pública permanece encogida de hombros ante la letra pequeña de la negociación: firmen pronto y déjense de tiquismiquis legalistas. Se diría que lo único que cuenta es el resultado, la foto de las manos enlazadas y una votación con suficiente masa crítica de escaños. A base de confundir la ideología con las preferencias emocionales, entre todos estamos a punto de vaciar de contenidos la política. Eso que en teoría consiste en forjar un proyecto para un país, no en transar el precio de gobernarlo.