EL MUNDO – 24/05/14
· La vicepresidenta resalta que ‘algunos aprovechan los debates que crean ruptura’.
El ataque a Cristóbal Montoro el pasado miércoles en Barcelona ha terminado por enrarecer una campaña ya de por sí extraña, accidentada y con poca confrontación de ideas y proyectos. Después de que el Gobierno vinculara con el independentismo «la agresividad y la violencia» que está sufriendo el PP en Cataluña, los líderes populares se posicionaron ayer entre dos versiones contradictorias. Por un lado, el cabeza de lista, Miguel Arias Cañete, dijo que los incidentes son «excepcionales» y apostó por no alimentarlos ni magnificarlos. En cambio, desde una visión distinta, la dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, utilizó el asunto como última bala electoral y denunció con rotundidad que su formación había sido «el único partido de España que no ha podido realizar la campaña con normalidad democrática».
Con este debate abierto horas antes del cierre de la campaña, ayer volvieron a producirse protestas en actos del PP en Cataluña, aunque sin violencia.
Dos activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) exhibieron durante cinco minutos carteles contra los desahucios en un almuerzo-coloquio de Cañete en Barcelona. Pese al lógico revuelo, el candidato popular continuó a lo suyo y no interrumpió su discurso. Según recoge Europa Press, las dos manifestantes estaban acompañadas por el diputado independentista de la CUP en el Parlament David Fernández y sentadas en la misma mesa que otros diputados del PP. Después, Cañete se instaló en la tesis de que las agresiones, como la de Montoro, son una excepción y manifestó su deseo de alejarlas del debate: «Si contribuimos a darle más importancia de la que tiene, estaríamos echando leña al fuego. Y a mí no me gustaría echar leña al fuego a la intolerancia».
En cambio, Sánchez-Camacho, que vio como una veintena de miembros de la PAH protestaba ayer frente al restaurante de Blanes (Gerona) donde celebraba un acto, apuró sus últimas horas de campaña precisamente aludiendo a este asunto. «No se puede permitir, ni se merecen los catalanes, unos agresores violentos, sean radicales independentistas o de otros sectores antisistema o plataformas, porque Cataluña es una tierra pacífica, de convivencia y no nos merecemos que haya agresores y violentos», manifestó. Y mencionó los «18 actos de escrache, agresiones violentas e insultos permanentes» como los impedimentos que ha tenido para hacer una campaña con «normalidad», informa Efe.
A vueltas con esa tensión en Cataluña, el número dos de la lista del PP, Esteban González Pons, opinó que también se extiende a otros lugares de España y acusó a Compromís de copiar a los independentistas catalanes practicando «la intolerancia» en la Comunidad Valenciana.
Desde el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entró en el asunto reclamando una «condena clara, sin matices y sin peros» al ataque sufrido por el ministro de Hacienda. «La violencia», dijo, «no cabe en la democracia de ninguna de las maneras». Santamaría evitó trasladar un mensaje crítico que pudiera entenderse dirigido a la ciudadanía catalana en general. Siguió así el ejemplo del propio Montoro y pidió «no identificar a los violentos con el conjunto de la sociedad». En su opinión, se trata de una minoría, una parte pequeña que, sin embargo, encuentra caldo de cultivo en determinados mensajes frentistas. Por ello pidió prudencia y claridad de ideas a los responsables públicos, en clara referencia a Artur Mas, porque «los debates que generan división y ruptura son aprovechados por algunos para justificar la violencia».
Entretanto, el único detenido por la agresión quedó en libertad con cargos por los delitos de daños y atentado a la autoridad.
‘Marea verde’ en las urnas
La ‘marea verde’contra el modelo de trilingüismo del PP en Baleares y en defensa de la educación pública y en catalán llegará mañana a las urnas. La Asamblea de Docentes irrumpió en la campaña el jueves con una marcha en la que incitó al voto contra el PP y llamó a lucir la camiseta verde de la plataforma contraria a la política del Govern de Bauzá. La doctrina de la Junta Electoral Central, fijada a raíz del ‘No a la guerra’, prohíbe las camisetas de protesta a los apoderados, interventores y miembros de mesas electorales, no a los votantes. El PP denunciará a quien la incumpla y el Govern pide «no politizar el derecho de las personas a votar».
EL MUNDO – 24/05/14