Apenas tres instituciones autónomas resisten por ahora el empuje del sanchismo como tres aldeas galas: el Consejo General del Poder Judicial, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España. El relevo del gobernador de este último, quizá el alto cargo más crítico con la política económica, tiene fecha tasada en junio de 2024. A la presidenta de Airef, que en los últimos tiempos ha cuestionado las cuentas y cálculos del ministro Escrivá, le quedan tres años pero el aterrizaje gubernamental en el Instituto de Estadística garantiza el control previo de los datos en que se basa su trabajo. Y queda el CGPJ, la pieza maestra del entramado de contrapesos del sistema democrático, que lleva un quinquenio pendiente de renovación y en pleno colapso por falta de acuerdo parlamentario –léase bloqueo de la oposición– y sometido a una ley ‘ad hoc’, recién validada por el Tribunal Constitucional, que desactiva su esencial facultad de nombrar magistrados. Éste es el objetivo estratégico del Gobierno si logra un nuevo mandato. Conquistarlo por las buenas o por las malas, por acuerdo o por asalto.

Partiendo de la evidencia de que la situación es inaceptable y provoca en la Administración judicial un problema muy serio, hay un proyecto de ley en gestación para suprimir la mayoría cualificada que rige el método de elección del Consejo. Sería la tercera reforma en menos de un trienio. Si esa modificación del sistema logra pasar el filtro europeo –Bruselas ya paró un primer intento–, la coalición sanchista podrá designar hasta una veintena de vacantes pendientes de cubrir en el Supremo. Sobre la doble base de que Sánchez no va a aceptar que los jueces elijan a sus vocales de modo directo y que el PP domina el Senado y ha incrementado su peso aritmético en el Congreso, se avecina un trascendental forcejeo. En teoría esta correlación de fuerzas debería facilitar un pacto pero ahora es el Ejecutivo el que menos interesado parece en el consenso. En el actual ambiente de polarización, la idea de cambiar el procedimiento le seduce más que un compromiso de términos medios.

Al tiempo que para justificar la amnistía proclama su voluntad de desjudicializar la política, el presidente piensa en meter mano a la justicia según la línea expeditiva que ha seguido para manejar sin tapujos la Fiscalía. El seguidismo del TC, convertido de facto en un órgano de colegislación subrepticia capaz incluso de crear derechos mediante interpretaciones constructivistas, allana esta pretensión invasiva que tiende a convertir la jurisdicción en un trasunto automático del juego de mayorías y minorías. El éxito de esta deriva de concentración de poderes amenaza con arrastrar la democracia española a un modelo iliberal propio de regímenes populistas. Sin necesidad de tocar la Constitución porque son sus intérpretes quienes se van a encargar de subvertirla.