EDITORIAL-El Español
Los accionistas de Ferrovial decidirán este jueves si aprueban el traslado de la compañía a los Países Bajos propuesto por su junta directiva, presidida por Rafael del Pino. Lo harán bajo las presiones del Gobierno, que tiene en sus manos castigar fiscalmente a la empresa a través de la Agencia Tributaria (AEAT) si considera, como fiscal, juez y parte interesada, que los motivos para su marcha no son lo suficientemente convincentes.
El Gobierno pretende así generar dudas entre el accionariado con el objetivo de dividirlo y bloquear la salida de Ferrovial de España.
Oficialmente, el traslado le permitirá a Ferrovial cotizar de forma dual en las Bolsas de Madrid y Nueva York. Pero el Gobierno sospecha que los motivos son también fiscales.
Pero, si así fuera, ¿quién puede culpar a Ferrovial cuando España ocupa el puesto 29 (de 38) en el ranking de libertad empresarial de los países de la OCDE elaborado por la Fundación Heritage? ¿Cuando España ha dejado de ser una democracia plena y descendido hasta la categoría de «democracia con defectos» en el índice elaborado cada año por la revista The Economist? ¿Cuándo el coste para las empresas de la elefantiasis burocrática, normativa y fiscal española equivale a entre el 1,5 y el 2,5% del PIB?
Resulta irónica además la sorpresa de un Gobierno que ha convertido a los empresarios españoles en el chivo expiatorio de la mala evolución de la economía, que ha cargado sobre ellos la responsabilidad del aumento de la inflación, que ha incrementado la presión fiscal contra los profesionales de éxito hasta extremos inéditos en democracia y que ha arremetido contra el sector privado con argumentos y apelativos que hace apenas unos años sólo se escuchaban en la boca de Podemos, ERC o EH Bildu.
El Gobierno afirma que no existe ningún problema para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en Estados Unidos. Si eso fuera cierto, Ferrovial no podría, según la directora de la AEAT Soledad Fernández, acogerse a las deducciones del FEAC. Algo que, de nuevo según la Agencia Tributaria, requeriría «una regularización de importe elevado».
La amenaza es explícita. Y supone un aviso para navegantes destinado a llegar alto y claro a las empresas españolas del IBEX.
Ferrovial, sin embargo, niega la mayor. «Hoy, las sociedades cotizadas españolas no pueden cotizar en Estados Unidos con acciones ordinarias, al contrario de lo que ocurre en otras jurisdicciones europeas. Ferrovial debe proponer a sus accionistas alternativas reales y contrastadas, utilizadas con éxito por otras compañías europeas».
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha defendido el movimiento de Ferrovial, lo ha calificado de «jurídicamente impecable» y ha afirmado que se enmarca «en los principios de movilidad interterritorial europea». Entrecanales ha añadido que su compañía «podría» estudiar también un movimiento similar al de Ferrovial, aunque ha negado que Acciona «esté en ello». Sus palabras son la prueba de que las amenazas del Gobierno podrían convertirse en un bumerán contra el propio Ejecutivo.
«Si los dirigentes de los bancos, la señora Botín y el señor Galán protestan, es que vamos en la buena dirección» dijo Pedro Sánchez el pasado 29 de julio. Cabe preguntarse qué esperaba el presidente cuando pronunció esas palabras para convencer a los españoles de que lo que es malo para las empresas es bueno para ellos.
La realidad es que lo que es malo para las empresas españolas es pésimo para los españoles. Convendría por ello que el Gobierno fuera consciente de sus amenazas pueden o no detener la salida de Ferrovial de España. Pero lo que conseguirán con total seguridad es aumentar la incomodidad del sector empresarial con un Gobierno que camina hoy en dirección contraria a la del resto de países de la UE.