Ante una sala abarrotada y un público en buena parte llegado de casa y más que convencido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró ayer en el Parlamento Europeo que «en 2017 habrá un referéndum legal y legítimo vinculante» gracias al cual «Cataluña decidirá libremente sobre su futuro».
La conferencia se celebró en el Parlamento Europeo y en tres idiomas –catalán, francés e inglés–, pero tanto la institución como varios grupos políticos españoles reiteraron hasta la saciedad que no se trataba de un evento «oficial» y ninguna autoridad comunitaria estuvo presente o dio el menor signo de apoyo.
El vacío de las instituciones es todavía más clamoroso si se compara con la agenda del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que hoy viaja a Bruselas «para establecer una estrategia en defensa del sector cuchillero albaceteño» y será recibido por una de las vicepresidentas del Parlamento, Evelyne Gebhardt y por el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans. Un recado para la Generalitat.
El Govern acudió invitado por tres eurodiputados catalanes, igual que buena parte de los asistentes. Cada diputado dispone de varias decenas de invitaciones cada año para que ciudadanos de sus circunscripciones visiten Bruselas y conozcan el Parlamento, para lo que reciben una ayuda de varios cientos de euros.
Puigdemont se dirigió a Europa, pero la sala era casi en su totalidad española. Entre los presentes, casi todos entregados, había apenas un par de decenas de eurodiputados internacionales, algún reportero extranjero y funcionarios comunitarios. Ana Miranda, Jon Juaristi, Lidia Senra, Ernest Urtasun, Izaskun Bilbao, Xabier Benito, Frances Gambús o el escocés Alyn Smith eran algunos de ellos. El popular húngaro Laszlo Tokes, que desoyó la petición de Esteban González Pons. Y la figura más importante en términos de la Eurocámara, la flamenca Helga Stevens, la candidata conservadora la semana pasada para presidir la Cámara.
En su intervención, el president denunció que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y Carme Forcadell se enfrenten a los tribunales por permitir o intentar en el pasado una consulta y «haber permitido la discusión y el voto de las conclusiones de una comisión de estudio en el plenario».
Según Puigdemont, «claramente, la noción clásica de democracia, la de las mejores democracias del mundo y las europeas en particular, y la noción de democracia que parece tener España, son muy diferentes». Pidió a la audiencia que juzgue por sí misma «si la actitud del Gobierno español es normal, si es aceptable y si pertenece a un Estado realmente democrático». Y afirmó que «la propuesta para el diálogo y la búsqueda de consenso estará abierta hasta el último día». «Estamos dispuestos a discutirlo todo: la petición, la fecha, los criterios para el voto y el porcentaje necesario» en caso de victoria para que sea vinculante.
El president insistió en que el catalán «es un problema europeo y Europa no puede mirar hacia otro lado. Europa debe ser parte de la solución para ser consistente con los principios y valores democráticos que la inspira». Para finalizar, explicó a los periodistas que cuando él lo pida será «recibido por Juncker», el presidente de la Comisión.