EL CONFIDENCIAL 14/03/17
· «No podemos seguir asociados a la corrupción». La presión dentro de los grupos republicanos por tumbar el Gobierno de Puigdemont cobra cada vez más fuerza
El horno catalán no está para bollos. Los sucesivos escándalos por corrupción, los juicios en los que aparecen destacados dirigentes de Convergència y ahora la condena a Artur Mas y a sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia han terminado con la paciencia de un sector de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que gobierna con los convergentes en esta comunidad. Y las noticias para Artur Mas no son buenas: las bases republicanas presionan cada vez más para que se rompa el Gobierno catalán y se convoquen elecciones inmediatamente.
Al menos cinco grupos de ERC (dos de Barcelona, dos de Girona y uno de Tarragona) han mantenido reuniones desde el pasado viernes para estudiar la situación. “Hemos llegado a la conclusión de que seguir con Convergència es un suicidio político. En la prensa, tenemos diariamente desde hace una semana el juicio por el caso Palau y el escándalo del 3%. Esta semana, el caso Pretoria. Todos tienen un montón de altos cargos de Convergència implicados e incluso el mismo partido se ha visto salpicado directamente. Y ahora la condena por inhabilitación es el remate”, explican a El Confidencial fuentes de esos grupos.
Lo que quiere un sector de los militantes de Esquerra es “romper ya con Convergència. No podemos iniciar ahora una campaña por el referéndum al lado de la gente que está señalada por la corrupción. Lo que debemos hacer es ir a elecciones ya, incluso anteponer las elecciones al referéndum. Es un absurdo plantear la consulta en estas condiciones, porque parece que estemos ayudando a tapar las vergüenzas de CDC utilizando para ello las urnas”.
Para estas fuentes, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía (al tiempo que presidente de ERC), Oriol Junqueras, “se mantiene en un discreto segundo plano porque no quiere salir hablando de personas o de temas que luego salen vinculados a la corrupción. De ahí que no abra la boca ni haga declaraciones públicas”. Los críticos, no obstante, se duelen de que “en el partido, mandan cinco personas de la cúpula y no escuchan a la militancia, pero si siguen haciendo oídos sordos, se van a encontrar con un problema grande dentro de no mucho tiempo”.
Oxígeno para Artur Mas
De ahí que las espadas estén en alto en Cataluña, especialmente después de la condena del TSJC a Mas y a sus exconsejeras. El fallo del tribunal, sin embargo, ha dado oxígeno a un ‘expresident’ acorralado por la corrupción, en una situación en la que sus más íntimos colaboradores ya han sido detenidos y ahora comienzan a conocerse informaciones que hablan de sus relaciones y favores con algunos de los implicados en el denominado caso 3%.
A Mas solo le queda ahora presentarse como una víctima del Estado español para evitar ‘quemarse’ más. Tras conocerse la sentencia que le condenaba (una condena muy inferior a la pedida por el fiscal), Mas comenzó a leer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de manera distorsionada. Acusó al Estado español de no ser demócrata, de haberle condenado por sus ideas políticas y de que los organismos internacionales ya han avisado a España de que no utilice los tribunales para la represión política. Ninguna de esas acusaciones se sostiene tras un análisis somero de la cuestión: ni España es una dictadura ni se le persigue por sus ideas políticas ni los organismos internacionales han ‘vapuleado’ a España. Lo cierto es que Mas tiene un único argumento que repite constantemente: se le ha juzgado por poner las urnas. Pero la propia sentencia ya lo deja muy claro: el proceso no es “sobre la colocación de urnas, como interesadamente se ha querido hacer ver. Se juzga la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional«.
Lo cierto, sin embargo, es que en los círculos independentistas catalanes, de cara a la galería, se han cerrado filas en torno a los condenados. Para ello, Carles Puigdemont puso la maquinaria de la Generalitat a disposición de su colega de partido y compareció ante los medios a última hora de la tarde de ayer (ya había estado presente en la rueda de prensa del mediodía junto a los condenados). En su declaración institucional, Puigdemont insistió en que Mas y sus dos exconsejeras “no cometieron otro crimen que el de intentar escuchar la voz de los ciudadanos y permitir que se expresasen”. Y anunció que “lo que la justicia española acaba de condenar lo indultará el pueblo de Cataluña en referéndum, votando. Y votando este año”. Le acompañaban, a izquierda y derecha, Oriol Junqueras y “el consejero de Asuntos Exteriores” (según la nota de prensa oficial, aunque ese cargo no existe), Raül Romeva.
Reacciones políticas
Y además de la reacción del PDeCAT, Mas ha contado con la dureza de la valoración de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que en un escueto comunicado señala que “no acepta una decisión judicial que pone en cuestión los fundamentos del Estado de derecho y hace un llamamiento a la ciudadanía a prepararse para acompañar y defender nuestras instituciones legítimas en los meses clave desde hoy hasta el referéndum”.
Para la ANC, la sentencia “inhabilita la democracia en Cataluña. El tribunal ha optado por seguir las directrices políticas de un Gobierno central antidemocrático y ha preferido inhabilitar las urnas antes que hacer justicia”. Su presidente, Jordi Sánchez, declaró a Catalunya Ràdio, la emisora pública catalana, que “es la primera vez que un tribunal español condena a cargos electos por poner unas urnas”, lo cual es incierto, puesto que la condena ha sido por desobediencia a un fallo del TC.
Para los colegas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se trata de una “sentencia indigna”, en boca del portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià. “Una vez más, el Estado utiliza los tribunales para parar la democracia. Pero hay miles de personas para asumir el reto. ¿Qué harán? ¿Nos inhabilitarán a todos? Mientras unos trabajan sin descanso para que los catalanes puedan decidir su futuro y para hacer un país más limpio, próspero y libre, otros intentan encarcelar a la democracia”.
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumó al carro de las críticas. “Es muy grave que en una democracia se juzgue y se inhabiliten políticos por poner las urnas. Judicializar un conflicto político es enquistarlo”, tuiteó la alcaldesa. El mantra de las urnas, pues, funciona y muy bien.