La bochornosa rueda de prensa ofrecida ayer viernes por el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, el consejero de Interior autonómico, Joan Ignasi Elena, y el director general de los Mossos, Pere Ferrer, tuvo como única virtud la de evidenciar que uno de los primeros trabajos de Salvador Illa como presidente de la Generalitat debe ser el de la renovación total de la cúpula del cuerpo.
Los ciudadanos esperaban ayer una explicación de cuál fue el objetivo real del operativo de los Mossos y de los fallos que permitieron la huida de Carles Puigdemont.
Pero se encontraron, en primer lugar, con un mitin político de Joan Ignasi Elena en el que este se arrogó el papel de juez y llegó a decir que la orden de detención del juez Pablo Llarena «no cumple con la ley de amnistía», como si eso le correspondiera determinarlo a él y no a los tribunales que aplican dicha ley en cada caso particular.
O como si esa consideración, la de que la orden de Llarena es desde su punto de vista excesiva, justificara la chapuza del operativo diseñado para capturar a Puigdemont.
Los ciudadanos se encontraron también con una explicación sobre el porqué del fracaso del operativo que dejó muchas más preguntas que respuestas.
Eduard Sallent, al que hay que reconocerle al menos la voluntad de dar una explicación técnica del operativo que fuera un paso más allá del habitual victimismo independentista, dijo durante su rueda de prensa que la intención de los Mossos era detener a Puigdemont cuando este se dirigiera hacia al Parlamento autonómico catalán.
Las preguntas son obvias. Si los Mossos, según Sallent, pretendían evitar una batalla campal, ¿por qué diseñaron un operativo que les habría llevado a detener al expresidente en el momento en que este hubiera estado rodeado por una mayor cantidad de personas? ¿Por qué no detenerlo antes, mientras caminaba por calles solitarias hacia el escenario del Arco del Triunfo?
Y, sobre todo, ¿por qué permitirle dar un mitin, tratándose de un prófugo de la justicia? ¿Se lo habrían permitido a cualquier otro delincuente?
El resto de las explicaciones han rozado lo grotesco. Los elementos que Sallent ha mencionado como obstáculos insalvables para la detención de Puigdemont son risibles desde cualquier punto de vista: los sombreros de paja de los asistentes, las vallas que los organizadores del mitin habían atado con bridas, el «cambio de fase semafórica» que impidió a los perseguidores del expresidente seguirle el rastro…
Al parecer, y a tenor de las explicaciones oídas ayer, nadie se esperaba «el comportamiento impropio» de Puigdemont. Es decir, que este no sólo les engañara respecto a sus intenciones, sino que añadiera insulto a la injuria huyendo del lugar en vez de entregarse mansamente a los agentes de los Mossos.
Frente a explicaciones de este tenor, sólo caben dos explicaciones. O la cúpula de los Mossos peca de la inocencia de un niño y eso les impide siquiera concebir la posibilidad de que un delincuente que lleva siete años fugado de la justicia pueda intentar huir de nuevo. O los responsables del cuerpo se han inhibido de su obligación por presiones políticas o convencimiento personal. Y de ahí unas explicaciones que ningún responsable policial podría defender sin enrojecer por la vergüenza.
Aunque Salvador Illa sea uno de los principales beneficiados por la chapuza del operativo, lo que parece evidente es que una de sus primeras decisiones como presidente autonómico debe ser la de cesar a la cúpula de los Mossos y a los responsables del operativo, así como la de sustituirlos por candidatos dispuestos a ejercer su labor sin ceder a las presiones de sus responsables políticos.
Los Mossos no pueden continuar siendo, en el imaginario colectivo de millones de españoles, un cuerpo policial de estricta obediencia política nacionalista.