Durante la investigación por parte del Congreso de EEUU del escándalo Watergate que defenestró a Richard Nixon de la Casa Blanca en agosto de 1974, el interés de los congresistas estribó en descubrir “la pistola humeante”, esto es, la prueba del delito que pudiera incriminar al presidente en el allanamiento del cuartel electoral del Partido Demócrata y en el escamoteo de tal intromisión. Desde entonces, se popularizó una expresión que usó por primera vez el padre literario del detective Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, en La aventura de Gloria Scott. Con la dimisión forzada de Nixon, la “pistola humeante” de Doyle pasó a ser la “cinta humeante” al trascender el contenido de la grabación de la conversación que, en junio de 1972, sostuvo el inquilino de la Casa Blanca con su asistente Haldeman. En el Despacho Oval, Nixon le instó a que impidiera por cualquier medio que el FBI metiera las narices en la irrupción en las oficinas del Comité Nacional Demócrata con el fin de espiar sus teléfonos.
Con la aparición de la “cinta humeante” que involucraba a Nixon, se finiquitaba la carrera de “Tricky Dick” (“el tramposo Dick”) por sus fullerías parangonables a las de “Tricky Peter” tras las mendacidades de Pedro Sánchez para asaltar primero La Moncloa y luego acantonarse en ella. No en vano, “mutatis mutandis”, tras blandir la lucha contra la corrupción para una moción de censura en la que sólo perseguía la instrumentalización de la misma contra el PP para elevarla luego a su cenit con la compra de su investidura al prófugo Puigdemont a cambio de “autoamnistiarlo”, la “cinta humeante” del Watergate ha tornado en la “carta humeante” de las trapacerías de la consorte de Sánchez con la connivencia de quien coadyuva a los negocios de Begoña Gómez desde la Presidencia del Consejo de Ministros. En un provechoso “do ut des”, la Dama de La Moncloa ha amadrinado a compañías que patrocinaban sus actividades privadas y las resarcía con jugosos contratos públicos por la gracia de compartir almohada con el Jefe del Ejecutivo.
Tras amontonarse las pruebas con relación a firmas rescatadas por el Consejo de Ministros tras el Covid -como Air Europa– y que sufragaban con cantidades millonarias las cátedras sin catedrática de Begoña Gómez, dado que ni siquiera es licenciada, pues posee un título no oficial en marketing, El Confidencial aportaba la pasada semana sendas “cartas humeantes” de Begoña Gómez que comprometen a ella y a Sánchez. Un “Begoñagate” como trampilla de acceso al Presupuesto por medio de quien empleaba la expresiva dirección de correo “bego.fundraiser” (“Bego, conseguidora”) con el desparpajo del hijo de Manuel Chaves, en la época dorada de la putrefacción socialista en Andalucía, repartiendo tarjetas de visita como comisionista de la Junta.
Así, la cónyuge de Sánchez ha firmado escritos de recomendación para que el empresario Carlos Barrabés, quien le montó su Máster en Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense y le puso en contacto en 2019 con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia y gran accionista de Air Europa, atrapara al vuelo otras tantas adjudicaciones ministeriales merced a la “declaración de interés” de Begoña Gómez a la mesa de contratación. No se sabe si por ligereza o por sentirse impune. Como cuando Chaves subvencionó con 10,1 millones a la sociedad minera apoderada por su hija concurriendo ambas firmas en el expediente, si bien la oficina dependiente del padre dio carpetazo, como con Begoña Gómez, porque nadie le comunicó por vía oficial esa casual (más bien causal) coincidencia.
¿Acaso lo que estaba claro con Iñaki Urdangarín y su condena por tráfico de influencias alrededor del Instituto Nóos, fundado por el exmarido de la Infanta Cristina, admite dudas con Begoña Gómez sin investigar aún por la Fiscalía como sí lo fue el yerno de don Juan Carlos?
No hace falta aclarar que, como argüía el alcalde socialista de Barbate, Serafín Núñez, ante una oposición que le interpelaba sobre el trato de favor al asistente Juan Guerra para recalificar una zona litoral, “cuando te llama el hermano del vicepresidente del Gobierno, quien lo hace es el vicepresidente”, y qué colegir si es la señora de aquel al que deben su cargo. Tanto de lo mismo cuando Koldo García, el “aizcolari” de Sánchez y chico de los encargos del ministro y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, conectaba con los gerifaltes de las administraciones socialistas.
Sentada esta premisa, ¿acaso lo que estaba claro con Iñaki Urdangarín y su condena por tráfico de influencias alrededor del Instituto Nóos, fundado por el exmarido de la Infanta Cristina, lo que le valió 5 años y 10 meses de prisión, admite dudas con Begoña Gómez sin investigar aún por la Fiscalía como sí lo fue el yerno de don Juan Carlos? ¿Tal vez el expresidente balear Matas, penado a 3 años y 8 meses, por el trato de favor a quien se valió de su pertenencia a la Familia Real para enriquecerse explotando que las puertas de las administraciones se le abrían de par en par, puso menos remilgos que la vicepresidenta Montero o la exvicepresidenta Calviño con los amigos de Begoña Gómez? Tras plantarse el 12-O de 2018 en la línea de saludo de los Reyes en su primer acto como presidente en el Palacio Real, el matrimonio Sánchez debe pensar que goza de inviolabilidad regia.
Si hasta hoy los portavoces socialistas salían al paso del “Begoñagate” apelando a que no figuraba en documento alguno, estas “cartas humeantes” desbordan las razones éticas y estéticas que ya se avizoraban con las primeras publicaciones, dado que la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo, y abocan a un supuesto delito de tráfico de influencias que sitúa a “Noverdad” Sánchez en parejo disparadero al de otros primeros ministros que dimitieron por episodios menos graves.
A este respecto, existen dos medidas que hodierno serían esenciales para esclarecer este escándalo que cerca a los Kirchner de la Moncloa. Fueron establecidas por Felipe González a raíz de la grave pudrición socialista y de que se viera en la necesidad de persuadir a la opinión pública de que había entendido el mensaje aunque fuera secundando la máxima lampedusiana de cambiar todo para que todo siga igual. De un lado, la creación de la Fiscalía Anticorrupción -hoy desactivada por el Fiscal General del Estado siempre dispuesto a facilitarle a Sánchez la hora que le convenga como Héctor Cámpora con el general Perón-; de otro, la penalización del delito de tráfico de influencias por la Ley Orgánica 9/1991, de 22 de marzo. Junto a varios apartados relativos a autoridades y funcionarios, se contempla otro que desarma a quienes se escudan en que Begoña Gómez no desempeña cargo público alguno. Así su artículo 404 bis b dicta: “El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad y consiguiere una resolución, obteniendo por ello un beneficio económico para sí directa o indirectamente o para tercero, será castigado con las penas de arresto mayor y multa por el importe del valor del beneficio obtenido”. Blanco y en botella, aunque la inacción de la Fiscalía refrende lo advertido por Tácito de que los Estados corrompidos se caracterizan por el exceso de leyes.
De ahí sus amenazas contra el jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que intenta amedrentar y contra el que inventa bulos, para que no pronuncie el nombre de quien sabe que tanto monta, monta tanto, el uno como la otra en el “Begoñagate”
A veces, sí existe voluntad de aplicar las normas como con las cartas que el juez Garzón remitió a los presidentes de grandes corporaciones como Emilio Botín para que el Santander financiara, mediante un “querido Emilio” en una misiva con membrete de la Universidad de Nueva York, firmada como magistrado-juez y como titular de la cátedra Rey Juan Carlos, sus actividades por 302.000 dólares en 2005 y 2006. Al retornar a España, como juez de la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella contra el banquero sin abstenerse e inadmitiéndola. Con el BBVA, la petición de 200.000 dólares coincidió con la investigación de Garzón contra esta entidad y que removió a Emilio Ybarra de la Presidencia en favor de Francisco González. En enero de 2012, el Tribunal Supremo apreció delito de cohecho impropio en quien mezclaba su rango de juez con la actividad de “exitoso gestor de fondos”, según el instructor Manuel Marchena en un auto que aludía a cuentas opacas en el extranjero y al abono de cantidades a través de sociedades instrumentales como la apoderada por la esposa de Garzón y administrada por su hija.
Ante el “Begoñagate”, España se enfrenta a un brete similar al del Watergate cuando Nixon, si bien entonces salieron reforzadas las instituciones democráticas y la Prensa ante quien entendía que era legal todo lo que disponía el presidente al margen de que se ajustara o no a la ley hasta ser arrojado de la Casa Blanca. No será el caso de quien está dispuesto a arrancar las columnas del templo del Estado de Derecho para que mueran con el todos los filisteos antes de irse del poder. De ahí sus amenazas contra el jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que intenta amedrentar y contra el que inventa bulos, para que no pronuncie el nombre de quien sabe que tanto monta, monta tanto, el uno como la otra en el “Begoñagate”. Si a Albert Rivera nunca le perdonó que le sacara lo de su tesis falsa en el Congreso, y así se lo avisó, tampoco a Feijóo. Empero, hay encrucijadas históricas que obligan aunque no vaya con su estilo del líder del PP.
Hacer del pasado el futuro
Como Feijóo no ha elegido las circunstancias, debiera atarse los machos, agarrar con fuerza la franela y afrontar de cara a quien, como el doctor Frankenstein que ha acabado siendo, se rodea de calaveras de los asesinados de la Guerra Civil enterrados en el Valle de los Caídos. Busca en su tentativa hacer del pasado el futuro que aguarda a unos españoles que apostaron por la concordia hace cincuenta años frente a quienes viven de la discordia y la cizaña, a la par que se enriquecen. Si la portuguesa “Revolución de los Claveles” inauguró el 25 de abril de 1975 una ola de democratización, no sin sobresaltos e intentos de reinstaurar un totalitarismo de distinto signo, España se adentra en un periodo de reversión en un momento en el que mengua el número de países libres mediante procesos electorales averiados por autócratas que arrollan la división de poderes y retrotraen a sus naciones al autoritarismo de los años 30 del siglo pasado como el Impostor de Cuelgamuros actuando como forense de la democracia española.
A este fin, viendo en la crisis de Oriente Medio una gran oportunidad para sus planes, Sánchez se alía con satrapías en las antípodas de los valores europeos de defensa de la libertad y de las sociedades abiertas. Con todo, lo peor no es que, como asevera una protagonista del episodio nacional galdosiano de “Los duendes de la camarilla”, pasen en España cosas que, si se cuentan, nadie las creería, es que, aun contándose, resultan increíbles.