ANDRÉS DE BLAS GUERRERO – EL PAIS – 03/01/15
· Los nacionalismos se ha favorecido de una débil conciencia nacional española.
Una política orientada a dar respuesta a la demanda independentista en Cataluña y el País Vasco debe partir de un análisis lo más preciso posible de las causas de la misma. Lo cierto es que la tradición del catalanismo político no explica el auge actual de las demandas secesionistas en Cataluña. Y que la mayor radicalidad histórica del nacionalismo vasco vino acompañada en el pasado por una posición relativamente modesta del mismo en la vida política del país. Es en las últimas décadas de nuestra historia en las que hay que buscar las razones del crecimiento del problema.
En primer lugar, parece que ha tenido una importancia destacada en el fenómeno la equiparación entre demandas nacionalistas y mayor desarrollo del modelo de Estado del bienestar. Nuestro actual Estado autonómico ha puesto la práctica totalidad de la labor asistencial de los poderes públicos en manos de los Gobiernos autonómicos. De este dato se ha derivado la percepción de que a mayores sean las competencias de estos Gobiernos, mayor será el nivel de bienestar garantizado. Los nacionalismos de propensión secesionista han actuado de conformidad con una estrategia en que lo conquistado, conquistado está para siempre y debe servir de campamento base para nuevas demandas que tienen un punto final en la obtención de la independencia.
En segundo lugar, la escalada de nuestros nacionalismos periféricos se ha visto favorecida por el debilitamiento de una conciencia nacional española. Durante mucho tiempo con posterioridad al inicio de la Transición, una buena parte de los demócratas españoles han actuado en la creencia de que, asegurada la democracia, no necesitábamos la nación. Para muchos ha sido una sorpresa comprobar que todo Estado liberal-democrático necesita para garantizar su existencia y buen funcionamiento el cemento de una comunidad nacional, incluso cuando se está inmerso en un proceso de construcción europea. El debilitamiento de esta conciencia nacional española ha sido compensado por la afirmación y el desarrollo de otras conciencias nacionales que pensábamos sólidamente alojadas en el marco de la nación común.
El Estado debe recuperar su papel como motor de la política económica.
En tercer lugar, la sociedad española en su conjunto ha hecho una valoración deficiente de los instrumentos que el orden liberal-democrático tiene a su disposición para tratar las tensiones nacionalistas. En lugar de optar por unos expedientes de carácter ordinario como son el principio de lealtades compartidas, el pluralismo cultural y político y la idea de tolerancia, entre nosotros han encontrado espacio unas vías extraordinarias llenas de dificultades teóricas y prácticas como el principio de las nacionalidades, el derecho de autodeterminación o el más ambiguo derecho a decidir. Dentro de este olvido de la lógica liberal-democrática para tratar los conflictos nacionales, ha ocupado lugar destacado la renuncia a un expediente de lealtades compartidas, sustituido por un prejuicio decimonónico, paralelo a la lucha de razas, de religiones o de clases, defensor del fatal enfrentamiento entre naciones alojadas en el mismo espacio estatal.
En cuarto lugar, es constatable un proceso de creciente autonomía de las fuerzas políticas nacionalistas en relación a sus bases sociales. Hoy tenemos buenas razones para añorar aquellos momentos históricos en que los partidos nacionalistas actuaban con mayor o menor compromiso como agentes de representación de los intereses económicos y sociales dominantes en sus sociedades. Por el contrario, podemos ver la plasmación de un caucus político en el seno de esos partidos capaces ante todo de representar los intereses de sus dirigentes y sus dilatadas clientelas sociales. Incluso podríamos dar un paso más allá y extender esta caracterización al grueso de un sistema de partidos crecientemente desconectado de los intereses sociales que dice representar. El análisis detallado de las elites políticas catalana y vasca tiende a confirmar este proceso general de creciente autonomía del personal político en ambas comunidades. En concreto, el proceso de radicalización del catalanismo político en los últimos años resulta inseparable de la esforzada y eficaz acción de un personal político notablemente liberado de sus vínculos sociales tradicionales.
Es indispensable una campaña de regeneración democrática que ponga fin a las prácticas de corrupción.
Por último, es innegable que la crisis económica que vive España resulta un aliciente significativo para las actitudes independentistas. Siempre ha ocurrido que un país con buena salud redobla las capacidades integradoras, que tienden a disminuir en momentos de desasosiego; en las malas coyunturas, la ilusión de salvarse por su propia cuenta adquiere predicamento en determinados territorios de ese país. Pero no se trata solamente de la crisis económica; los signos de debilidad de nuestro sistema político apuntan en la misma dirección. Aunque a nadie se le ocurre pensar que Cataluña y el País Vasco sean territorios exentos de corrupción, resulta que su presencia en el conjunto de España tiende a debilitar la legitimidad de nuestro orden político y a ensanchar el camino a favor de las tesis independentistas.
A partir de este apresurado diagnóstico, puede resultar quizá más fácil deducir los rasgos que deben presidir una política de lucha contra el secesionismo. La recuperación del papel director de la política económica y de defensa del Estado del bienestar debe ser una función en que el Estado central tenga el adecuado protagonismo. La defensa de una conciencia nacional española, que es cosa muy distinta de la defensa de un felizmente superado nacionalismo español de corte conservador, debe ser asumida por nuestros actores políticos, dándole el lugar que le corresponde como garante del mejor funcionamiento de nuestro Estado. Debemos insistir en los valores del orden liberal-democrático para solventar eficazmente unas tensiones nacionalistas, olvidándonos de cauces utópicos y traumáticos para alcanzar esa solución. Es necesaria una reforma de los canales de participación política que ponga a los partidos en su lugar, un lugar muy importante pero que no puede ser el de práctico monopolio de la participación y la gestión política de que disfrutan en la actualidad. Por último, parece indispensable una campaña de regeneración democrática que ponga fin a las prácticas de corrupción que ha conocido España en los últimos años. Un camino complicado el sugerido, pero que tendremos que transitar si no queremos enfrentarnos a un problema dramático para la vida España.
Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED.
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO – EL PAIS – 03/01/15