Fuentes de la dirección del PP confirman a este diario que los debates entre los presidentes autonómicos del PP comenzaron hace ahora un año, reunidos con Alberto Núñez Feijóo en Madrid.

En contacto con EL ESPAÑOL, todos los gobiernos regionales del PP confirman que no solicitarán acogerse a «la mal llamada quita», siguiendo el acuerdo que terminó de fraguarse cuatro meses después, en la llamada cumbre de Asturias, celebrada en Colunga, de nuevo con Feijóo.

Allí los trece presidentes autonómicos y el vicepresidente de canario consensuaron «una posición común» tras exponer, «cada uno, de forma detallada» las especificidades de su situación financiera. Dos fuentes autonómicas del PP insisten: «Sabíamos desde el principio que era un negocio ruinoso», pero otros pusieron salvedades.

«La decisión se toma por convicción», explica un responsable del PP, «porque (a los dirigentes autonómicos) ni se les puede obligar ni controlar». Así que «se debatió y se consensuó el rechazo a una medida que no aporta nada«, continúa esta fuente.

«Porque, como dice la AIReF, no se pueden utilizar los intereses ahorrados para financiar nada, y lo que necesitan las comunidades autónomas es una nueva financiación autonómica».

Los barones populares blindaron en enero de 2025 la posición junto con Feijóo, coordinando sus movimientos desde Génova. Así, a pesar de ciertas especulaciones sobre posibles divisiones, «no vamos a entrar en las trampas del Gobierno«, subraya otra fuente de la dirección nacional.

El consenso iniciado en Madrid y sellado en Asturias responde a la convicción de que la condonación representa «un parche diseñado para contentar a los partidos independentistas catalanes«. En palabras de un dirigente regional, «la medida sólo sirve para que Sánchez aguante una semana más en Moncloa».

De hecho, el Gobierno presentó la iniciativa como parte de los acuerdos de investidura alcanzados con ERC durante la legislatura de 2023 y con el socialista Salvador Illa en Cataluña. «Si no estaba en su programa electoral, y se incluye en los pactos políticos, ¿por qué ahora nos quieren decir que ésta es la solución a todo?«, inquieren la dirección del PP.

Más de 83.000 millones

El anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno implica que 83.252 millones de euros de deuda autonómica serían asumidos por el Estado (siempre y cuando la norma sea aprobada en la Cortes).

El reparto en términos brutos sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las principales beneficiadas en el saldo final.

Sin embargo, casas de análisis como Fedea cargan contra el Ministerio de Hacienda y la metodología empleada.

La fundación que dirige Ángel de la Fuente considera que la quita, tal y como está diseñada, «favorece» a Cataluña y «perjudica» a tres regiones infrafinanciadas: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Tanto Galicia como Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid insisten en que no tienen la más mínima intención de solicitar la condonación.

«Nuestra deuda está contenida, la podemos asumir. No tenemos que mutualizar la deuda de otras comunidades”, recalca Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. «Con esta operación, los gallegos asumimos parte de la deuda de los catalanes, que no la pueden pagar».

En la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, consellera de Hacienda, sostiene que «la propuesta de condonación no nos beneficia en nada porque no permite aumentar el gasto social ni volver a los mercados».

Merino, de hecho, recuerda que el 80% de la deuda de la Generalitat «proviene de la infrafinanciación». Y señala que el acuerdo «nace de un pacto político» en beneficio de Pedro Sánchez. «Es una cuestión de dignidad. Ya está bien de reírse de los valencianos».

Desde el entorno de Carlos Mazón, recuerdan además que «no es cierto» que su Gobierno fuese nunca proclive a la condonación. «Nunca estuvimos interesados en esta quita de deuda, ni siquiera antes de la dana». Y la misma fuente remacha: «Lo que hace falta es una nueva ley de financiación justa con la región y apoyo a la reconstrucción, que estamos teniendo que afrontar a pulmón«.

En Aragón, el presidente Jorge Azcón va más lejos y denuncia la operación como «un mal negocio, porque no es una condonación, es un reparto». Para el barón aragonés, «quieren que paguemos las deudas de los catalanes entre todos los españoles, sólo por interés de Sánchez».

Al Constitucional

La Junta de Castilla y León ha anunciado, incluso, que recurrirá la medida «ante el Tribunal Constitucional una vez aprobada en las Cortes Generales». El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, denuncia que cada uno de sus ciudadanos «pagará 523 euros más que ahora por la condonación de la deuda».

La Comunidad de Madrid, por su parte, a través de fuentes cercanas a Isabel Díaz Ayuso, mantienen que «la condonación es una trampa para intentar dividir a las comunidades del PP«. Este portavoz insiste en que «Madrid es la comunidad más solidaria, pero no pagaremos a escote la deuda de Cataluña».

La Junta de Andalucía, la autonomía que también figura entre las más beneficiadas potencialmente, rechaza igualmente la iniciativa afirmando que «no tiene un problema de deuda». Fuentes de la Consejería de Economía recalcan que «lo necesario es un nuevo sistema de financiación que permita disponer de fondos adecuados para los servicios públicos».

En el plano técnico surgen dudas sobre el alcance real de la condonación. La AIReF desmiente que los fondos liberados (los intereses que se pueden ahorrar) puedan destinarse a gasto social o a reforzar servicios públicos. La regla de gasto nacional lo impide.

La medida, por tanto, «se inscribe más en la lógica política del reparto de cargas» y en el beneficio a la estrategia financiera separatista que en la reforma estructural del modelo fiscal autonómico, añaden las fuentes del PP, presentes en las reuniones de Madrid y Asturias.

El PP denuncia, además, que la ley vigente de financiación autonómica —pactada en 2009 entre el Estado y el Govern catalán de José Montilla, con ERC y José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutores— resulta «caducada e injusta» para regiones como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

CCAA del PSOE

Quizá por eso sólo las autonomías socialistas parecen favorables a aceptar la medida. Aquí no hay distinciones entre sanchistas y críticos: todos se unen a favor de la «condonación de deuda».

Incluso desde Castilla-La Mancha elogian la medida que «llevamos años pidiendo, desde 2023», según afirman fuentes próximas a Emiliano García-Page. Los 5.000 millones que pasarán a ser deuda nacional son «prácticamente el agujero que dejó María Dolores de Cospedal«, señalan en el PSOE castellano-manchego.

En Asturias, el Ejecutivo de Adrián Barbón saca pecho porque los 1.508 millones le permitirán reducir su deuda un 36% y «regresar a los niveles previos de 2011».

Pero quien sí se suma a las críticas es Coalición Canaria que, pese a liderar un Gobierno de coalición con el PP, logra mantener un equilibrio. «Los canarios estaríamos pagando la deuda de los catalanes», ha lamentado Fernando Clavijo, que ha remarcado que no lo apoyará… salvo que le dejen ahorrarse lo mismo que Salvador Illa.

Elecciones a la vista

La quita de deuda autonómica plantea también un escenario electoral.

La planificación del Ministerio de Hacienda a la hora de aplicar la condonación plantea que la tercera fase del proceso, que conlleva reuniones bilaterales con cada comunidad, tenga lugar en la primavera de 2026, en la antesala de las elecciones en Andalucía y Castilla y León.

En esa fase es cuando se debe ajustar el montante final de cada autonomía, en virtud de dos variables a negociar: que todas tengan el recorte de deuda por habitante más alto posible y que se premie a quienes han tenido que subir el IRPF porque no tenían dinero suficiente para pagar los servicios públicos… O se castigue a quienes bajaron impuestos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este miércoles, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero evitó dar plazos sobre la tramitación del anteproyecto este martes, con la única premisa de que todo debe hacerse de la forma más rápida y discreta posible.

Fuentes cercanas al PSOE no descartan que el proceso se alargue y pueda estar negociándose de forma paralela a esos dos procesos electorales. Tanto Andalucía como Castilla y León celebraron comicios en 2022 y todo apunta a que volverán a sacar las urnas antes de junio de 2026.

Como se ha comentado antes, los dirigentes de ambas comunidades han rechazado el planteamiento del anteproyecto de condonación de la deuda de Montero. Pero queda todavía un trámite parlamentario de tres meses y muchas negociaciones para ver la letra pequeña.

En el caso andaluz, donde María Jesús Montero sería a la vez negociadora del perdón fiscal del Gobierno y candidata a presidir la Junta, se juegan un recorte de casi a la mitad de sus 40.420 millones de deuda. Su reducción bruta estimada es la más alta, con 18.721 millones (un 46%).

Para Castilla y León las cifras son menores, pero también significativas. Los 3.643 millones de euros que se les pueden condonar son el 26% de los 13.944 millones de deuda que acumula.

Ambos territorios están por encima del 19% de recorte medio mínimo que establece la norma. A pesar de ello, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno se ha apresurado a rechazar la opción de la quita este mismo martes, con la justificación de que no lo necesitan para financiarse.

En el caso castellanoleonés la situación es distinta. El recorte de deuda previsto puede ser un alivio grande en caso de que tuviera que acudir a los mercados financieros en busca de liquidez para invertir o sufragar servicios públicos.

Todo ello en un momento en el que las críticas le llueven a Alfonso Fernández Mañueco por la falta de recursos autonómicos para frenar la ola de incendios que ha sufrido, un tema que seguro que saltará en campaña electoral.

En el ámbito del PSOE se tiene también en el punto de mira de 2026 a la Comunidad Valenciana, que es la que más alivio puede registrar en un momento crítico para sus finanzas. La comunidad de Carlos Mazón debe más de 60.000 millones (el 40% de su PIB) y puede tener un alivio superior a los 11.100 millones con la iniciativa de Montero.

Madrid y la banca

El resto de comunidades autónomas de régimen común, salvo Cataluña, celebraron sus comicios en mayo de 2023, con lo que no tienen obligación de volver a las urnas hasta el año 2027.

Hay que tener en cuenta que para llegar a esa tercera fase de negociación, el anteproyecto presentado este martes tras el Consejo de Ministros debe superar un complicado trámite parlamentario, sin mayorías que lo sustenten por ahora.

Desde el lado socialista cierran filas para negociar con los grupos parlamentarios. La propia Montero admitía que ya han iniciado esas conversaciones.

El gran escollo que se les presenta va a estar también en Madrid. Es la comunidad que no ha necesitado acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para financiarse, pero que también puede recibir una quita de deuda pública, si así lo desea.

En ese caso, el recorte se haría de la deuda que la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso tiene con la banca comercial. El Estado está dispuesto a asumir unos 8.600 millones de euros de los 39.651 que acumulaba como deuda hasta marzo de este año (un 21%).

Para ello, Montero necesita que desde la Comunidad de Madrid le den información sobre los números rojos que acumulan con terceros. Una vez consensuados los datos y previo consentimiento de los acreedores, el Estado puede subrogarse la parte de créditos estimada.

Se trata de un proceso voluntario, y las autonomías del PP plantean negarse. Pero no cabe duda de que, al mismo tiempo, ese rechazo será jugado como una baza electoral para un Ejecutivo necesitado de apoyo social, volcado a la izquierda y en horas bajas.