A Ximo Puig le ha sentado a cuerno quemado la resolución del Consejo Nacional del Agua, por la que se incrementan los caudales ecológicos en el trasvase del Tajo-Segura y se recortan los envíos a la Comunidad Valenciana y Murcia. La guerra del agua despierta los instintos más bajos de nuestra clase política, máxime si se encuentran a escasos meses de una contienda electoral y las plazas se van a decantar de un lado u otro por un puñado de votos. 

«El trasvase es absolutamente irrenunciable. La Generalitat está preparando la documentación necesaria para presentar la rectificación de algunas cuestiones del Consejo del Agua», rezongaba el president. Otro que tiene razones para la queja es Pepe Vélez, que si alguna vez había soñado poder arrebatarle la comunidad murciana al popular López Miras, ya puede olvidarse de ello. Por si alguien no lo sabe, el Consejo Nacional del Agua está presidido por la ministra Teresa Ribera.

Los barones socialistas advierten recurrentemente al Gobierno central de que cada vez que abre la boca, sube el pan en sus respectivas CCAA. Le piden, casi imploran, que mejor se esté quieto, que ya habrá tiempo después de mayo para cabrear a los votantes. 

En la Moncloa, sin embargo, rien de rien. Pasó con la supresión del delito de la sedición, que va a dejar reducida a una simple anécdota los graves acontecimientos del 1-O, e iba a volver a suceder con la rebaja de la malversación si no hubiera sido porque los líderes regionales, desde Page a Vara, pasando por Lambán, se pusieron en fila de a uno para denunciar el sinsentido que supone renunciar a una de las banderas clásicas de la izquierda: el combate de la corrupción. 

La estrategia de los dos grandes partidos para los comicios de mayo resulta evidente. El PP va a encarar la cita en clave nacional, aprovechándose de la pulsión anti-Sánchez que se respira en el país por su encamamiento con las formaciones que buscan romper el Estado y aventando el runrún sobre la posibilidad de que el presidente dé su nihil obstat a una consulta en Cataluña pactada con la Generalitat, tal y como nos recordaba José Antonio Zarzalejos en sus Crónicas dominicas.

Los candidatos del PSOE, por su lado, van a tratar de regionalizar las campañas, igual que hizo Moreno Bonilla en Andalucía, apoyándose en esa fuerza centrípeta que se está imponiendo en política y que consiste en primar lo local frente a lo general. El plan de los socialistas tiene en cuenta el voto dual, que cambia dependiendo de si se tratan de elecciones generales o autonómicas, y de una serie de cuestiones que se encuentran bajo el radar y les conducen al optimismo. A saber: 

Rally legislativo: una vez aprobados los presupuestos, el Ejecutivo impulsará una ristra de leyes para recuperar resuello demoscópico. Entre ellas, las de vivienda para los alquileres, la reforma de la ley mordaza, la de bienestar animal o la trans, así como el texto de familias o el nuevo decreto anticrisis. Todo ello rapidísimo, en cuestión de semanas, este mismo año a ser posible. 

Una locura legislativa que persigue empezar 2023 limpios de polvo y paja, esto es, sin decisiones polémicas como el trasvase Tajo-Segura, ni leyes controvertidas que les puedan enfrentar con sus socios de gobierno, acaso uno de sus mayores lastres. Entre vacaciones y convocatorias electorales, apenas habrá actividad parlamentaria. El Consejo de Ministros solo tendrá que molestarse en desempolvar las planchas de hacer dinero y decir hacia dónde hay que dirigir la pastizara. 

El electorado lo ha naturalizado como ha hecho con los indultos, la sedición y los apoyos parlamentarios de Bildu 

La imagen de Pedro Sánchez: el presidente del Gobierno no cae simpático. Eso es sabido. También que cambia de opinión tan rápido como Villarejo cambia las pilas de la grabadora. Los últimos estudios, sin embargo, no reflejan que tan peculiar rasgo de carácter penalice los intereses de los barones socialistas. El electorado lo ha naturalizado como ha hecho con los indultos, la sedición y los apoyos parlamentarios de Bildu. La asombrosa capacidad de deglución de los españoles no deja de asombrarnos. Por el contrario, los electores sí parecen poner en valor las medidas anticrisis para aliviar los bolsillos que han sido impulsadas por Sánchez, amén de los 80 euros adicionales que va a recibir cada pensionista a final de mes.

Alianza con ERC y Bildu: según la última encuesta de Sigma-Dos para El Mundo, en consonancia con la que IMOP hizo para El Confidencial hace unos días, el PP está perdiendo ventaja frente al PSOE, que se situaría solo a tres puntos de los populares. Feijóo no está dando con la tecla, seguramente porque se está centrando en sacudir al Ejecutivo por temas como la supresión de la sedición o la alianza con Bildu, a los que dedicamos mucho espacio en las tertulias, pero que no salen entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, a excepción de un pequeño porcentaje entre las clases medias de las grandes ciudades. Para más inri, el político gallego está dejando en un segundo plano el frente económico, donde podría sacar más rédito. 

Así que, a la pregunta de Javier Caraballo de cuánto le iba a costar electoralmente al PSOE lo de presentar como socios y aliados «a quienes nos traicionaron a todos al declarar la independencia y a quienes aplauden y vitorean, como héroes, a los asesinos de la banda terrorista ETA cuando salen de la cárcel», aquí tiene la respuesta: poco, verdaderamente poco.

¿Crisis? ¿Qué crisis? Tres cuartas partes de lo mismo ocurre con la crisis. Pensábamos que habría un apocalipsis económico este invierno por mor de la guerra de Ucrania, pero finalmente no ha sido así. Lo que nos dicen ahora los números es que la recesión se aleja. La fortaleza del empleo y del consumo apunta a un PIB en positivo en el cuarto trimestre. No es que no vengan tiempos complicados, que vienen, sino que las expectativas resultaban tan negativas que todas las revisiones al alza que se están produciendo redundan en beneficio de los intereses electorales de los socialistas. 

Que la situación económica no sea percibida como un caos supone una buena noticia para los barones y para el propio Sánchez, ya que, en ese escenario, el país ya no necesitaría de un líder político ordenado, caso de Feijóo, para que lo arregle. 

Poco importa lo que hagan los socialistas si después no van a poder contar con la muletilla de Unidas Podemos 

Falta de tensión: las encuestas tampoco reflejan que haya hambre de cambio entre el electorado (al menos, en las autonómicas y municipales), ni que se vayan a producir grandes vuelcos. No existe esa tensión en las calles que pudo percibirse en otros comicios, lo que abona la idea de que los resultados de los barones y candidatos socialistas no diferirán de los anteriores. 

El problema para el PSOE es otro. El problema para el PSOE es que el PP se va a llevar la práctica totalidad del voto de Ciudadanos y que Unidas Podemos, con el que tiene que sumar para poder gobernar, hace agua por los cuatro costados. La culpa de ello la tienen la guerra intestina entre yolandistas e iglesistas, y ese tutifruti de siglas con que se van a presentar en las elecciones de mayo. Poco importa lo que hagan los socialistas si después no van a poder contar con la muletilla de Unidas Podemos y sus formaciones satélite para hacerse con los gobiernos autonómicos.