Las claves del plan de Interior que no gusta a las víctimas

El ministerio del Interior filtró a finales de abril su intención de lanzar un programa de reinserción individual de terroristas destinado a separar a los etarras que cumplen condena de la ortodoxia de la banda terrorista y prepararlos para la vida en sociedad que tendrán que llevar cuando cumplan sus condenas.

El texto de ese plan, de seis páginas, fue registrado el 30 de abril en el Congreso de los Diputados, tres días después de que múltiples asociaciones de víctimas del terrorismo y asociaciones cívicas pasasen por las instalaciones del ministerio del Interior para que el propio Jorge Fernández Díaz en persona, pese a que inicialmente no estaba previsto, les explicase los detalles del mismo.

El plan integral de Interior supone la asunción por escrito y con formato ministerial de la que fue conocida popularmente como la vía Nanclares, la política penitenciario para etarras presos diseñada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la negociación política que mantuvieron con la organización terrorista ETA.

Para iniciarse en el programa, los presos etarras deberán firmar por escrito que renuncian a la banda terrorista y al uso de la violencia. No será necesario que pidan perdón a las víctimas del terrorismo, ni que colaboren con la justicia para detener a otros terroristas ni esclarecer los más de 300 crímenes etarras sin resolver ni que empiecen a hacerse cargo de la responsabilidad civil aneja a sus sentencias.

Este programa se desarrollará principalmente en prisiones ubicadas en la comunidad vasca y se podría ampliar a otras próximas a la región en función del número y características de los penados. Es decir, que en término cualitativos será un acercamiento al País Vasco gratuito para todos los etarras presos que soliciten y sean aceptados en el mismo.

Una vez aceptados, accederán a un programa de educación en valores, que se desarrollará en las aulas de los centros penitenciarios, con el objetivo que reflexionen sobre el daño causado con su actividad terrorista y/o delictiva, y conozcan la realidad social en la que viven, para así poder integrarse de una forma más idónea a una sociedad democrática. Se les impartirán también cursos de capacitación socio-profesional, con el objetivo de facilitarles salidas profesionales una vez hayan abandonado la cárcel.

Para la obtención de beneficios penitenciarios, como la concesión del tercer grado, que permite salir del centro penitenciario, los terroristas estarán obligados a colaborar con la justicia, empezar a hacer frente a las responsabilidades civiles de sus causas y pedir perdón a las víctimas del terrorismo.

Este perdón a las víctimas se pedirá en encuentros que estarán organizados por el ministerio del Interior. La aceptación de los mismos dependerá siempre de la víctima, que deberá ser perjudicada directa o la persona más allegada posible de la actividad terrorista del preso.