ABC 31/01/17
EDITORIAL
· La cuestión de fondo es el modo en que la Generalitat sigue enfocando su chantaje separatista: opacidad, abusos, ilegalidades, desprecio por las garantías constitucionales…
LA presencia de un agente de la Policía autonómica catalana en labores de espionaje durante una manifestación celebrada en Madrid resulta escandalosa y pone de relieve la absoluta falta de escrúpulos de la Generalitat. Un mosso d’Esquadra no puede en ningún caso actuar por libre o incurrir en la más flagrante omisión de sus estrictos deberes policiales. Es imposible que estuviese en Madrid de incógnito, grabando imágenes de la protesta, sin una expresa autorización policial de sus superiores. Por tanto, es indiscutible que respondía más a órdenes políticas que a criterios de seguridad. Lo hacía sin competencia jurídico-legal, de modo abusivo e incurriendo probablemente en conductas delictivas, porque nada de lo que hizo estaba consentido por las Fuerzas de Seguridad competentes, en este caso la Policía y la Guardia Civil, y tampoco estaba amparado por resolución judicial alguna. El suceso reviste gravedad en un Estado de Derecho y el que fuera desenmascarado por lo chapucero de su ejecución invita también a reflexionar al Centro Nacional de Inteligencia, entre cuyas prioridades debería estar detectar los intentos secesionistas de crear un «CNI paralelo». La cuestión de fondo, no obstante, es el modo en que la Generalitat sigue enfocando su chantaje separatista: opacidad, abusos, ilegalidades, desprecio a las garantías constitucionales…
Por eso resulta inevitable unir este episodio a la confesión realizada días atrás por el juez suspendido Vidal, quien en su condición de senador de ERC reveló que la Generalitat tiene acceso ilegal a los datos fiscales de todos los españoles, que Cataluña ha iniciado una relación bilateral con la OTAN y que varios países europeos respaldan el proceso de independencia catalán. Más allá de sus temerarias afirmaciones, inéditas en un supuesto experto conocedor de la ley, la sombra de la sospecha se ha extendido sobre la Generalitat. Los desmentidos y su renuncia al escaño van de suyo. Pero conviene acreditar que ninguna de las barbaridades sostenidas por Vidal es cierta, porque confirmaría el uso arbitrario de la ley y de las instituciones al servicio de la causa separatista, con total desprecio al Código Penal. No es excusa afirmar que Vidal se envalentonó para convertir sus mentiras en medias verdades. Ya utilizan a niños para manipular la historia y crear nuevas generaciones de odiadores de todo lo español, y presumen ante los tribunales de inculparse por la celebración de una consulta ilegal… ¿Por qué no investigar de modo oscuro también a todos los españoles para sacar provecho, o por qué no marcar a los catalanes con etiquetas de primera o segunda categoría? La deriva de la Generalitat no solo es alarmante. Su contumacia en el error parece irreversible.