Los incendios de este verano han pillado al Gobierno de Pedro Sánchez con los deberes que él mismo se puso en el verano de 2022 por hacer. Deberes para mejorar la coordinación con las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios, que está siendo motivo de batalla política entre socialistas y populares.

El 1 de agosto de aquel año, después de que ardiera la Sierra de la Culebra (en Zamora), el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales, mediante la modificación de la Ley de Montes del año 2003, aprobada bajo la Presidencia de José María Aznar.

Este decreto ley, que sigue en vigor porque semanas después fue convalidado por el Congreso, obliga a las comunidades autónomas a elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que deben ser aprobados antes del 31 de octubre del año precedente a su aplicación. Pero también obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a redactar, «con la participación de las comunidades autónomas y previo informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes, que se aprobarán mediante real decreto», según su articulado (Nota: un real decreto ley tiene rango de ley y necesita ser convalidado por las Cortes. Un real decreto tiene rango de reglamento, no requiere convalidación parlamentaria y desarrolla leyes y decretos leyes ya existentes).

Sin embargo, tres años después, el Ministerio que entonces dirigía Teresa Ribera y ahora Sara Aagesen no ha cumplido su parte. El Gobierno no ha desarrollado lo contenido en aquel real decreto ley aprobado con agosticidad y con el Sánchez intentó quitarse de encima la presión de la opinión pública y aplacar la indignación ciudadana después de que las llamas arrasaran un paraje de gran valor medioambiental.

Tras aquel Consejo de Ministros del 1 de agosto de 2022, la entonces vicepresidenta Ribera hizo un discurso que bien recuerda al mantenido por Pedro Sánchez y sus ministros estos días. «La emergencia climática pone de manifiesto hasta qué punto la tendencia a contar con incendios más virulentos, con olas de calor más importantes y más frecuentes, nos obliga a ponernos al día. Ya no podemos pensar que la temporada de riesgo extremo de incendios solo ocupa dos meses, tres meses, en nuestro calendario (…). Es capital actualizar el contenido básico de las herramientas más importantes para que durante todo el año estemos preparados, estemos invirtiendo y estemos activando las medidas que nos permitan prevenir, nos permitan reducir, el impacto de los incendios. Vigilar de manera temprana, reaccionar de manera temprana», sostuvo.

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica llegó a elaborar dos borradores de reales decretos, complementarios entre sí, para elevar al Consejo de Ministros. Uno contenía las «directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales». Y otro con «medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales». Sin embargo, el adelanto de las elecciones generales a julio de 2023 hizo que el Ministerio aparcara ambos decretos. Después, Transición Ecológica ha ido teniendo otras prioridades y así siguen hoy, metidos en un cajón.

El borrador del primero, al que ha tenido acceso El Debate, estipulaba que las comunidades debían incluir en sus planes anuales: estadísticas provisionales de incendios forestales del año anterior, con especial atención a las causas que los provocaron; un análisis de riesgo y zonificación del territorio; los puntos estratégicos de gestión; y, también, una relación pormenorizada de los medios y recursos materiales y humanos del plan, así como su localización en el territorio y su disponibilidad en situaciones de emergencia. «En el diseño, se contemplará la asignación estable, y permanente, de medios técnicos y profesionales singularizados», añadía el texto. Pero no pasó de eso, de ser un borrador.

No es el único incumplimiento del Gobierno. Hace tres años, para que sus socios convalidaran en el Congreso el decreto ley de medidas urgentes contra los incendios de Ribera, los socialistas se comprometieron con ellos a tramitarlo como proyecto de ley. De manera que los grupos parlamentarios pudieran introducir enmiendas y pactar modificaciones, en lugar de solo comer las lentejas del Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa no ha sido tramitada como proyecto de ley hasta ahora ni lo va a ser.

No sorprende, puesto que es una maniobra habitual del Ejecutivo. Primero, lleva al Congreso cualquier decreto ley, que son un trágala y que, muchas veces, mezclan asuntos dispares. Segundo, promete a sus socios que si se lo convalidan después lo tramitará como proyecto de ley. Tercero, una vez convalidado y salvado, los socialistas se olvidan de lo prometido. Aunque, en realidad, no es que el Ejecutivo engañe a sus aliados, sino más bien es que estos se dejan engañar. Puesto que los de Sánchez han hecho la misma jugada demasiadas veces como para que Sumar, ERC o el PNV puedan alegar ignorancia o sorpresa.