Rivera evita así cualquier distracción sobre los dos puntos en los que quiere posar el foco de atención: la corrupción y Rajoy, a quien busca distinguir de su propio partido, soslayando las reformas que pudieran resultar más conflictivas para el PP.
DIPUTACIONES.
Incluso el PSOE cedió en febrero en su programa, en el que planteaba reforzarlas. Manejan un presupuesto de 8.000 millones –otros 15.000 corresponden a las provincias con Hacienda foral– para cumplir con servicios imprescindibles para la población rural, aunque sí es cierta la crítica de que muchas funcionan como agencia de colocación de eventuales y reparto de poder: tienen decenas de miles de empleados. Parece difícil que el PP esté a favor, ya que gobierna en 19 de ellas y ha impulsado mociones en el Senado para resaltar su utilidad y su valor. Según el alcance de la reforma, puede ser necesario reformular el artículo 141 de la Constitución.
DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA.
Es una de las ausencias más decepcionantes por su calado. En su programa para el 26-J, Ciudadanos simplifica su compleja propuesta del 20-D y se limita a pedir el regreso al sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial que cercenó el PSOE en 1985 tras el célebre «Montesquieu ha muerto» de Alfonso Guerra: es decir, Rivera plantea que los 12 consejeros de extracción judicial dejen de ser elegidos por el Parlamento y vuelvan a serlo por los propios jueces y fiscales. Es exactamente la misma promesa que el PP traicionó en 2012 –como había hecho en 2001–, cuando incluso Alberto Ruiz-Gallardón ya había empezado a tramitarla, después de la dimisión de Carlos Dívar. A diferencia de la fórmula que Pedro Sánchez aceptó pactar en febrero, no sería necesaria una reforma constitucional: sólo de la ley orgánica.
DEMOCRACIA INTERNA.
«Elaboración y remisión a la Mesa del Congreso de una proposición de Ley mediante la cual se solicite la modificación de la Ley de Partidos con el fin de hacer obligatoria la celebración de elecciones primarias en toda España». El entrecomillado puede leerse en el decálogo que Ciudadanos impuso a Cristina Cifuentes en Madrid como condición previa para sentarse a negociar y ella aceptó, aunque el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, había argumentado que las primarias son «cosas de las películas americanas». En febrero, cuando Rajoy aún no había rechazado ante el Rey que lo propusiera como candidato, Rivera advirtió de que se lo exigiría en una negociación que nunca se produjo.
Las condiciones que sí pide Ciudadanos al PP son asumibles en la mayoría de los casos, ya que sólo una reviste calado político: la reforma de la Ley Electoral.
SEPARACIÓN DE CARGOS IMPUTADOS.
La importante diferencia con el pacto alcanzado con el PSOE está en la retroactividad: «Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». El tiempo verbal es clave, porque de manera implícita incluye el reproche al PP por no haber apartado a Rita Barberá del Senado cuando fue imputada, en marzo. No es sencillo llevar esta condición a una ley, pues afecta a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, y además puede dejar importantes decisiones en manos de querellantes con intereses espurios si no se precisa bien a partir de qué momento se considera que los indicios contra un dirigente son sólidos. Nada impide, eso sí, que los partidos concernidos alcancen un compromiso político al respecto. Así, el PP suspendió automáticamente a 18 concejales y asesores tras el caso Taula. La paradoja es que el propio partido está imputado en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.
ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS.
España es el país del mundo con más aforados: 17.621. Existe un clamor por suprimirlos, o al menos por que en el caso de los políticos se limiten a la protección de la libertad de expresión durante su actividad. Para eliminar el de los parlamentarios y ministros sería necesario reformar la Constitución –artículos 71.3 y 102.1–. No sería imprescindible retocar cada uno de los Estatutos que recogen aforamientos autonómicos porque automáticamente devendrían nulos.
NO INDULTAR A LOS CORRUPTOS.
Se trata de una práctica desterrada: no hay precedentes de indultos por los delitos propiamente de corrupción –el cohecho o el tráfico de influencias– pero sí hay al menos siete casos durante el mandato de Ruiz-Gallardón en los que se beneficiaron políticos o empresarios por conductas en esa órbita, como la malversación.
NUEVA LEY ELECTORAL.
C’s plantea listas desbloqueadas, una iniciativa que favorece la competencia interna dentro de los partidos y, con ello, la desconcentración del poder en sus cúpulas. Mientras se respete la provincia como circunscripción –y en el modelo alemán que defiende la formación de Rivera no es fácil hacerlo, aunque tampoco imposible–, no es necesario tocar la Constitución.
LIMITACIÓN DE MANDATOS.
El dardo envenenado para poner fecha de caducidad a Rajoy es una norma propia de sistemas presidencialistas y no parlamentarios, como el nuestro, en los que el jefe del Gobierno se sostiene en la confianza de los diputados. No es legislable, pero nada impide adoptarla como costumbre.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.
Mucho ruido y pocas nueces. Ya la había solicitado el PSOE y el PP, en minoría, estaba resignado a ella. Habrá días de escándalo pero, como demuestra la experiencia, pocas novedades pueden esperarse cuando en paralelo transcurre el proceso judicial.
El PSOE y su líder, Pedro Sánchez, se han convertido en el centro de atención desde que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, expusiera las seis condiciones que considera necesarias para entablar negociaciones con el Partido Popular y llegar a un acuerdo de investidura que desbloquee el actual escenario de inmovilismo.
Pero el PSOE no se inmuta. Su portavoz en el Senado, Óscar López, quiso ayer descartar cualquier movimiento en la posición política de su partido tras el anuncio de Rivera y su posterior reunión con Mariano Rajoy. López insistió en que votarán no a la investidura del candidato popular. No obstante, aseguró que, aunque «el Comité Federal ya adoptó una decisión y eso no ha cambiado», tampoco tratará de buscar apoyos para intentar un gobierno alternativo: «Sería desleal que el PSOE estuviera en un proceso de negociación con otros partidos para torpedear la investidura de Rajoy», afirmó en un intento de alejar el balón que las fuerzas políticas de izquierda han puesto en su tejado.
Asimismo, el dirigente socialista se refirió con ironía a la decisión del presidente en funciones de convocar el 17 de agosto el Comité Ejecutivo del PP en que se votará si se aceptan las condiciones de Rivera: «Es urgente, pero ahora dice que después del puente ya se verá. Sin ninguna prisa». Actitud que para López es «Rajoy en estado puro».
La presión a que se hallan sometidos los socialistas la confirmó Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, quien reiteró que a pesar de la oferta de Ciudadanos, que califica de «lamentable» al haber «otras alternativas», es el PSOE quien ha de tomar la iniciativa y decidirse entre el PP y la formación naranja o explorar otras vías del lado de Unidos Podemos.
Al reproche a Ciudadanos también su sumaron la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, quien acusó a los de Rivera de prestarse «a un lavado de cara de la vieja política y del régimen», y el diputado por Jaén Diego Cañamero, que no dudó en culpar al PSOE de haber impedido la constitución de un Gobierno «progresista» con su posición tras las elecciones del 20-D.
Al partido de Pedro Sánchez aludió también la presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa. «La pelota de la gobernabilidad de España está ahora más claramente sobre el techo del PSOE», señaló. «A Sánchez y a su partido es a quienes les corresponde decidir si quieren que en España haya terceras elecciones o un gobierno». La formación nacionalista se niega a modificar su no a Rajoy pues el PP «ha ninguneado al lehendakari de Euskadi e, incluso estando su Gobierno en funciones, sigue atacando el autogobierno vasco», manifestó la presidenta, trasladando, como Unidos Podemos, la responsabilidad al Partido Socialista.