El paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno contiene dos tipos de actuaciones: por un lado, las ayudas a empresas y trabajadores autónomos, o a particulares –entre las que hay que distinguir entre las que tienen un coste fiscal y, por tanto, implican una transferencia de recursos a sus beneficiarios y las que no cumplen con este requisito–, y por otro, los cambios regulatorios que afectan a distintos sectores o grupos de ciudadanos. Para las primeras, Pedro Sánchez anunció un valor de 16.000 millones de euros, aunque haya que matizar que de esa cifra sólo 6.000 millones pueden incrementar la renta de sus perceptores, pues los otros 10.000 constituyen avales para créditos bancarios que han de ser devueltos a las entidades que los otorgan en los plazos estipulados con ellas.

En realidad, la cifra de 6.000 millones está inflada, pues la suma de todas las partidas de ayudas directas contempladas en el decreto gubernamental alcanza poco más de 5.635 millones, tal como se recoge en el cuadro final. Debo aclarar que cuatro de las partidas han tenido que ser estimadas por mí, pues el Gobierno no ha proporcionado ningún dato sobre su coste. Se trata de la exención de la tasa de pesca fresca, del incremento de las prestaciones por el Ingreso Mínimo Vital, de la rebaja de la fiscalidad sobre la electricidad y de la bonificación de los carburantes. Curiosamente, en este último caso, tal vez para ocultar el coste de la medida, el Gobierno ha previsto dos créditos extraordinarios de dos mil euros cada uno, aunque con carácter ampliable. El lector notará la desmesurada diferencia que hay entre esta cifra y la de 1.153 millones de euros que he estimado. Añadamos que en dos casos de ayudas menores —la exención del canon del dominio público hidráulico y la atención telefónica a las víctimas de discriminación o delitos de odio— no he podido encontrar ningún dato para aproximar su coste.

Destaquemos también que estas medidas son de muy corto alcance temporal: tres o seis meses en la mayor parte de las partidas, o como máximo hasta final del año en curso. Pero hay excepciones en los casos de la agricultura y la pesca, así como en la subvención a ONG relacionadas con colectivos vulnerables, para los que no se especifica la duración. Está claro por ello que el Gobierno ha buscado un mero tratamiento paliativo sin plantearse cambios estructurales que pudieran corregir a más largo plazo una buena parte de los problemas a los que se enfrenta. Y en ausencia de tales cambios, sin duda, esos problemas podrán volver a reproducirse –como, por cierto, sugirió la ministra de Economía el mismo día de la aprobación del decreto ley al señalar que el Ejecutivo está «dispuesto a adaptar las medidas anunciadas» teniendo en cuenta «las circunstancias geopolíticas, de seguridad, económicas o sociales» derivadas de la guerra–. Está claro que ni el propio Gobierno confía en la efectividad de su política dentro de los plazos previstos por el decreto —plazos que, por otra parte, tienen un componente ficticio, pues al caracterizarse la mayor parte de estas medidas como ayudas de Estado tienen que recibir la autorización de la Comisión Europea antes de ser aplicadas—.

Pero examinemos la distribución de los recursos previstos por el Gobierno. Un 36 por ciento de ellos son rebajas fiscales —la mayor parte de ellas relacionadas con el consumo de energía eléctrica— y el 64 por ciento restante subvenciones o ayudas directas. No es por ello estrictamente correcta la crítica que ha incidido en rechazar el paquete gubernamental por no reducir los impuestos —formulada por el PP—, aunque haya que añadir que la mayor parte de la minoración tributaria —la que tiene que ver con los impuestos que gravan el consumo eléctrico— carece de novedad, pues se trata de una mera prórroga de las medidas que se arbitraron —por cierto, con poca eficacia para frenar la subida de precios— en septiembre de 2021. No obstante, debe añadirse que, cuando proponen rebajar los impuestos, los populares aluden implícitamente al IRPF y, más concretamente, a su deflactación, una medida ésta cuyo coste ha sido estimado por el profesor José Félix Sanz en 4.110 millones de euros —casi 200 por contribuyente—. Aclaremos que este coste es próximo, aunque inferior, al del escudo social que se examina a continuación; y que tal operación sobre el impuesto que grava la renta no afecta a su progresividad, de modo que carece de los efectos redistributivos negativos que sí se constatan para alguna de las medidas del escudo social.

Algo más de tres cuartas partes del paquete de ayudas con coste fiscal está relacionada con lo que, desde el Gobierno, se suele denominar escudo social. Los tres componentes fundamentales son aquí la prórroga de la rebaja fiscal eléctrica ya mencionada, la bonificación de los carburantes y las subvenciones a ONG antes aludidas. A ellos se añaden un exiguo aumento del Ingreso Mínimo Vital y otra no menos reducida dotación del bono social que protege mínimamente a los consumidores vulnerables de gas y electricidad.

A la rebaja fiscal eléctrica ya me he referido señalando su corto impacto sobre los precios del sector —en cuya formación incide fundamentalmente la cotización internacional del gas natural—, por lo que se habría podido prescindir de ella derivando los recursos correspondientes hacia el reforzamiento de las subvenciones a los ciudadanos más tocados por la crisis y la inflación. Eso sí sería un verdadero escudo social alejado de la demagogia con la que el Gobierno ha venido tratando los problemas de la pobreza desde que éstos se acentuaron con ocasión de la epidemia de coronavirus.