Durante dos semanas en que se pudo elegir entre 71 proyectos, votaron 7.839 residentes de Badalona de las 181.848 personas con derecho, lo que equivale a un 4,31% de participación. Según el gobierno local, un «éxito».
«El objetivo es superar la cifra y no nos podemos quedar satisfechos, pero nunca se habían hecho procesos así y, a la primera, hemos superado los estándares de ciudades como la nuestra», destaca la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater.
En efecto, el listón se sitúa muy abajo en otras poblaciones que han organizado consultas similares en Cataluña, territorio muy volcado en este tipo de procedimientos, sin que ninguna alcance el 10%. Sólo el 1,41% de los ciudadanos de Cornellá se posicionó en el debate sobre las finanzas locales; en Sabadell, el 3,51%; en Gerona, el 6,49%, y en Sant Cugat, el 8,31%, la media más elevada. Los plebiscitos sobre los presupuestos en grandes ciudades del resto del país también se saldan con una escasa afluencia: en La Coruña, 0,7%; Valencia, 0,9%; Gijón, 1,1%, y Madrid, 1,72%.
«Con una participación tan baja no se puede decir que el resultado sea representativo», opina Jordi Muñoz, politólogo e investigador de la Universitat de Barcelona. «Suele participar un segmento muy determinado de la ciudadanía, con más recursos, mejores conexiones, más organizado y, a veces, con más intereses particulares. Si una decisión se ha de tomar a partir de un tanto por ciento muy pequeño, sería más representativo que la gente que decide fuese escogida por sorteo», plantea.
Ricard Gomà, profesor de Ciencia Política de la Universitat Autonòma de Barcelona y ex concejal de ICV en la capital catalana, sostiene que aunque la población que contribuya a seleccionar en qué se invierte sea mínima es un «cambio espectacular» para la democracia. «El 1% de la población de Barcelona son 16.000 personas. Si una cifra así decide en un presupuesto es bastante diferente a que lo hagan 41 concejales a puerta cerrada», compara.
Debido a «la diversidad de opciones a escoger y su complejidad», Gomà advierte que es improblable que en una votación para precisar qué gastos priorizar se iguale la participación de unas elecciones convencionales, en torno al 60% o el 70%: «Fuera de España, en ciudades que han consolidado los presupuestos participativos, no se llega a tanto. Estar entre el 15% y el 20% es altísimo. No se debe trasladar miméticamente la referencia que serviría para un referéndum, donde el éxito se puede medir a partir del 50%, a un proceso deliberativo de este tipo».
«10.000 personas son más que unas pocas personas tomando una decisión, pero hay que plantearse a quién representan los 10.000 que votan», aconseja Muñoz, que sugiere que las votaciones que se extienden en la política local se complementen «con grupos ciudadanos escogidos aleatoriamente», para garantizar que los resultados se identifiquen con una auténtica voluntad popular. En el proceso de Badalona, que ha costado 53.829 euros, cada participante tardaba unos 20 minutos en completar las preguntas con las que debía definirse.
«Si el proceso está bien hecho, el objetivo es claro, el resultado es vinculante y el voto de la gente tiene consecuencias, un porcentaje bajo no deslegitima», afirma Gomà, que postula que será más representativo que elijan «3.000 en vez de 40». «Otra cosa es que se tenga que trabajar para que más gente se sienta interpelada», aprecia el ex dirigente de ICV, quien ve dificultades a superar en «la información con la que se llega a la ciudadanía que no está organizada, la complejidad del proceso y la desconexión entre lo que se pregunta y lo que afecta al ciudadano».
La consulta que acabó con el alcalde barcelonés
Mucho antes de que las consultas se generalizasen, el Ayuntamiento de Barcelona decidió dar voz y capacidad decisoria a la ciudadanía. Ocurrió en 2010. La capital catalana todavía estaba gobernada por el PSC y su entonces alcalde, Jordi Hereu, sometió a votación el proyecto urbanístico más importante del mandato: la reforma de la avenida Diagonal para permitir que la
atravesase un tranvía y conseguir una ostensible reducción del tráfico en una de las principales arterias de la ciudad.
El Gobierno municipal gastó 3,17 millones de euros en organizar el operativo de un proceso participativo que se volvió contra Hereu y acabó propiciando la derrota del último alcalde socialista de Barcelona en las elecciones municipales que se celebrarían sólo un año después y auparían al nacionalista Xavier Trias a la Alcaldía.
En la consulta de la Diagonal sólo participaron un 12,1% de los 1,4 millones de barceloneses llamados a las urnas, lo que ya privó de toda legitimidad a la votación. Además, el 79% de los que expresaron su opinión lo hicieron para rechazar el proyecto de Hereu. V. M.