EL MUNDO 17/11/12
El juez cree que constructoras financiaban el partido a través del Palau de la Música.
Lo que empezó como un proceso abierto por meter mano en la caja de una institución cultural simbólica del nacionalismo catalán puede acabar en un juicio por la presunta financiación irregular de un partido. En las próximas semanas está previsto que el juez Josep Maria Pijuan concluya la investigación sobre el desvío de fondos del Palau de la Música, casi tres años y medio después de iniciarse, y procese a los principales sospechosos: los ex responsables de la entidad, Fèlix Millet y Jordi Montull, la hija de éste, Gemma, el abogado Raimón Bergos y varios ex empleados de la institución cultural.
El juez les acusa de desviar una cantidad de dinero del Palau que oscila entre los 24 y los 35 millones. Millet y Montull reconocieron en el verano de 2009 que parte de este dinero se lo habían llevado ellos para financiar obras en sus casas o pagar viajes con la familia.
Para justificar estos gastos, se emitieron facturas falsas no sólo por trabajos en el Palau, sino por servicios prestados a la institución, en su mayoría relacionados con el buzoneo, el marketing o la organización de eventos. En este sentido, las acusaciones consideran que empresas como Hispart, New Letter, Letter Graphic o Mail Rent, cuyos administradores están imputados, facturaron grandes cantidades por trabajos que, en principio, no tenían un coste tan alto. Los acusados de estas empresas justificaron que estos trabajos para el Palau se realizaron, pese a que no hoy prueba alguna.
Las empresas también hicieron trabajos para partidos políticos, entre ellos Convergència i Unió (CiU), en algunas campañas electorales. Fue a partir de estas coincidencias cuando los investigadores empezaron a tirar del hilo. En uno de sus últimos autos, el juez introduce sus sospechas sobre el dinero en efectivo que llegaba a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de «entregas opacas» por los gestores de Mail Rent, New Letter y Letter Graphic.
CDC forma parte oficial del proceso, con representación de un abogado, desde el pasado julio, cuando el magistrado consideró que el partido puede ser responsable civil «a título lucrativo» por el dinero que pudo obtener con el desfalco del Palau, y cifró en 3,3 millones la fianza a depositar. Millet y Montull también hicieron donaciones a la fundación Trias Fargas, afín a CDC, que esta institución se comprometió a devolver en cuanto saltó el escándalo en 2009.
Las acusaciones consideran que existe un entramado de supuesta financiación irregular que también está investigando el Tribunal de Cuentas. Un informe del Cuerpo Nacional de Policía aportado a la causa indica que CDC se benefició de las aportaciones que se realizaba a su fundación Trias Fargas, actualmente denominada CatDem. Estas donaciones supuestamente podrían partir de la adjudicación de obra pública por parte del Gobierno de CiU, no sólo en la Generalitat, sino también en algunos de los ayuntamientos en los que gobernaba.
Los investigadores policiales consideran que el caso más claro es el de Ferrovial, que tras conseguir obras como la L9 del metro o la Ciutat de la Justícia, habría hecho donaciones al Palau que Millet entregó a la Trias Fargas. Por esta razón, están imputados Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC y de la fundación, y un directivo de Ferrovial, Pedro Buenaventura. Asimismo, el informe destaca que hay otras compañías que «muy probablemente» participaron en concursos y adjudicaciones públicas «cuyo resultado puede estar viciado por esas aportaciones».
En concreto, otras empresas de la construcción (ACS, Copisa, FCC), concesionarias de autopistas (Abertis), farmacéuticas (Grupo Ferrer) y dedicadas al saneamiento (Cespa, Sorea) hicieron donaciones a la fundación afín al partido de Artur Mas. La Policía destacó que, entre 2002 y 2008, la Trias Fargas recibió 6,5 millones en concepto de donación. Aunque en 2003 CiU perdió el Gobierno de la Generalitat, la Policía indica que en esos seis años las aportaciones a la fundación «se incrementaron en un 400%».
El nuevo informe policial que publicó ayer este diario considera que los pagos de Ferrovial al Palau salían por tres vías diferentes: talones y transferencias a favor de la Trias Fargas, facturas cruzadas y talones de pago a sociedades fiduciarias «que posteriormente acababa en CDC» simulando pagos «mediante supuestas prestaciones de servicios, así como falsas aportaciones voluntarias», y pagos en metálico mediante cobro en ventanilla, «la mayoría por Fèlix Millet y Jordi Montull» en «pago por comisión de intermediación».
El borrador de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial también destaca que el dinero recibido en la fundación Trias Fargas «se hacía llegar a entidades vinculadas a CDC», como «el grupo parlamentario CiU, Federació CiU, Institut Catalunya Futur y Forum Barcelona, para que éstas, a su vez, lo hicieran llegar al partido mediante facturas por prestaciones de servicios, donaciones, convenios y préstamos fingidos en numerosas ocasiones».
Según se desprende del informe, los investigadores tienen intención de informar al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona sobre las diligencias que pueden seguirse dentro del marco de esta actuación judicial para esclarecer los hechos.
Uno de los últimos anónimos de los numerosos que han llegado al juzgado en estos tres años y medio de instrucción explica cómo las empresas debían pagar comisiones de entre el 3 y el 5% a CDC a cambio de la adjudicación de contratos públicos. En la carta, un ex alto directivo asegura que conseguía contratos para su empresa mediante el pago de un porcentaje sobre el volumen de la obra y que su compañía no era la única que lo hacía.
Fuentes judiciales explicaron a este diario que antes de cerrar la instrucción sólo falta conocerse la estimación del dinero que supuestamente los dos principales procesados se llevaron del Consorcio del Palau de la Música, entidad pública que incluye a diversas administraciones y a la institución cultural, así como responder a varios recursos. Una de las últimas decisiones del juez fue el archivo de la imputación contra los administradores de las empresas GPO y Triobra, ya que considera que no se utilizaron estas sociedades para el presunto desvío de dinero desde el Palau al partido, a cambio de participar en la adjudicación de algunas obras públicas. La acusación popular, que ejerce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, representada por el letrado Àlex Solà, ha recurrido esta decisión.
El pasado verano, el magistrado ordenó el registro de los domicilios actuales de Millet y Montull, incluso supervisó la actuación en la casa del primero, y los agentes se llevaron varios ordenadores. La Policía Judicial está analizando la documentación para ver si encuentra el rastro de los pagos que efectuaron los ex responsables del Palau de la Música. En concreto, se quiere conocer el destino de los más de 18 millones de euros que, según cuantificó el fiscal Emilio Sánchez Ulled, se pagaron en entidades bancarias en cheques al portador. El magistrado lamentó en su momento que los bancos no conservasen la documentación identificativa de estos cobradores, tal y como marca la normativa.
El auto de este registro indica que los acusados deben hacer frente a unos 30 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, que equivaldría a la cantidad de dinero presuntamente desviada en unos 10 años, según las diferentes auditorías realizadas. El juez destaca que el saqueo del Palau podría alcanzar los 24 millones de euros, a los que sumaría otros seis por las cantidades entregadas por Ferrovial a la institución que acababan en las arcas de la Trias Fargas, tal y como afirman las acusaciones. Los documentos incautados en el registro no aportan «grandes sorpresas para la investigación», según varias fuentes.
EL MUNDO 17/11/12