La primera y la más obvia son las puras y simples matemáticas, y la segunda, la solidaridad. Por último, hablaremos de la eficiencia económica y de la gestión, que, aunque casi nadie quiera hablar de ellas, también saldrían maltratadas.

Recordemos que el modelo pactado entre PSC y ERC tiene dos fundamentos. En primer término, que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) recaude todos los impuestos soportados en Cataluña salvo los de carácter local. Actualmente, esta función la realiza la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Esto es lo que se conoce como dar «las llaves de la caja» a la Administración Autonómica.

Lo primero que se obvia es que fragmentar una Administración Tributaria que funciona tiene unos costes considerables, a los que luego haré referencia. El segundo pilar de la financiación singular es que la Generalitat se quede con esta recaudación, pagando una compensación (el cupo catalán) por los servicios prestados por la Administración General del Estado en Cataluña, y una cuota, transparente y explícita de solidaridad.

Antes de empezar, ¿es posible extender sólo a Cataluña el sistema de concierto económico? ¿Sería posible generalizarlo a todas las CCAA? La respuesta a la primera pregunta es sí, con una repercusión económica negativa brutal en el resto. Respecto a la segunda, simplemente no es posible porque los números no dan.

En Cataluña, el año pasado la recaudación de la Agencia Tributaria fue de algo más de 53.000 millones de euros. Frente a esto, el gasto corriente de la Generalitat fue superior a los 38.000 millones, y contando con las inversiones, superó los 40.000 millones. Éste es el margen que quedaría, olvidándonos, por supuesto, de las pensiones, y contando, además, con unos 4.500 millones de impuestos que ya gestiona la Generalitat.

Por supuesto, la contrapartida sería recortes de gasto y/o subidas de impuestos en otros territorios. Estos números sólo salen en Madrid, Baleares y Cataluña. En todos los demás sitios, la recaudación es inferior al presupuesto consolidado de la correspondiente comunidad autónoma, por la sencillísima razón de que, sin contar los servicios centrales, el 44,2% de la recaudación de impuestos se obtiene en Madrid.

Empecemos por la cuestión de la solidaridad. A estos efectos, la «solidaridad» es dinero, no buenos sentimientos, ni tampoco eslóganes. Obviamente, el sistema se quiere montar para reducir la solidaridad interterritorial. Y tiene un solo favorecido, que es la Administración de la Generalitat, que vería incrementados sus ingresos.

«Si las pensiones sólo corrieran a cargo de una parte de los contribuyentes, habría un problema muy serio de sostenibilidad»

La contrapartida, en principio, serían los fondos disponibles para las demás CCAA. Como las CCAA emplean un 70% de su presupuesto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, los recortes inevitablemente empezarían por ahí.

Otra alternativa es que esto lo asuma el Estado, lo que supondría la disminución de fondos para defensa, seguridad ciudadana… Y recordemos que unos 40.000 millones de euros se destinan a que el Estado financie la Seguridad Social, porque las cotizaciones sociales no son suficientes para pagar las pensiones.

Queda, por último, la alternativa de cargar los costes al déficit. Esto no lo permiten las reglas fiscales europeas, pero si se hiciese de todas formas, supondría más impuestos y menores servicios públicos para los contribuyentes de las demás CCAA en el futuro. En cualquier caso, todo el arreglo, además de tener otros efectos económicos negativos, es mucho menos solidario que el vigente.

La segunda cuestión es la de las pensiones y el envejecimiento, que lo complica todo. Las pensiones se financian en parte con impuestos, y habría de ser incluidas en cualquier tipo de cupo. El problema es que con el País Vasco y Navarra no se ha hecho.

Pero si el déficit de las pensiones, además de los impuestos que se destinan a pagarlas, sólo corriera a cargo de una parte de los contribuyentes, habría un problema muy serio de sostenibilidad. Y, por supuesto, no es lo mismo, que esto pase con contribuyentes que suponen el 7% del PIB español (País Vasco y Navarra), que si le añadimos un 20% adicional (Cataluña).

Volvamos a las cifras. El déficit de las pensiones contributivas en Cataluña está alrededor de los 5.000 millones. Si la Generalitat tiene que pagar este déficit, o el 20% de los 40.000 millones de «gastos impropios» (que son 8.000 millones), y el coste de los servicios prestados por la Administración General del Estado, y una cuota de solidaridad… entonces ¿queda algo de la diferencia entre 53.000 millones de recaudación de la AEAT y 35.000 de presupuesto no cubierto con impuestos que ya gestiona la Generalitat?

«Una Agencia Tributaria de Cataluña tendría que empezar de cero a gestionar, lo que añade costes, ineficiencias adicionales e inseguridad jurídica»

Pues dependiendo de cómo se fije todo esto, igual quedaría algo… si los costes de recaudación de impuestos no se disparan, ni tampoco lo hace el fraude fiscal. Pero éstas serían, inevitablemente las consecuencias de fragmentar la Agencia Tributaria para que Cataluña pudiese recaudar todos los grandes impuestos, lo que fragmentaría también las bases de datos y multiplicaría las obligaciones formales (la presentación de declaraciones) de los contribuyentes.

Ante esto, algunos esgrimen el caso alemán, donde las Haciendas de los Länder (Estados Federados) recaudan casi todos los impuestos. Pero, por supuesto, en Alemania la lealtad federal ha sido absoluta, y en Cataluña, hubo cambios masivos en los domicilios fiscales de las empresas en lo peor del procés.

Por otra parte, en Alemania, la legislación fiscal es mucho más uniforme, y la aplican las Administraciones de todos los Länder. Por último, el sistema es mucho más caro, con un coste de casi el triple por cada euro recaudado. Este dato sería peor en España (incluyendo en Cataluña) no sólo porque tenemos menos conciencia fiscal (y este tipo de proyectos no ayuda precisamente), sino, sobre todo, porque el tamaño medio de nuestras empresas es muy inferior al alemán, lo que hace más cara y complicada la recaudación de impuestos.

Por cierto, todo lo anterior no tiene en cuenta ni los problemas legales y constitucionales, ni tampoco que la Agencia Tributaria de Cataluña tendría que empezar de cero a gestionar, lo que añade costes, ineficiencias adicionales e inseguridad jurídica.

En conclusión, el cupo catalán no es un juego de suma cero, sino un proyecto de consecuencias globales negativas. Es posible que la Generalitat obtenga algún beneficio, probablemente menor del que esperan, a cambio de aumentos de impuestos y recortes de servicios sociales en el resto de España.

Le podemos llamar como queramos, «solidario»o «singular», pero no es una buena idea. Ni siquiera como punto de partida de un sistema de financiación que necesita una reforma y no su voladura.

*** Francisco de la Torre es economista e inspector de Hacienda.