Mantener una coalición gubernamental o una alianza en el Congreso tiene un precio. Pero no debe ser por un importe desproporcionado. El PSOE de Sánchez, y por extensión el Gobierno, está a punto de perpetrar dos insensateces legislativas como contrapartidas a sus socios/acreedores. La primera, para retener el apoyo de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros mediante la aprobación por vía de urgencia de la llamada ley trans. La segunda, iniciar los trámites para reducir la pena del delito de sedición, beneficiar retroactivamente a los que están acusados por este tipo penal y facilitar su regreso del extranjero a donde han huido y, a la postre, blindar su impunidad por los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. 

En España, la ley de marzo de 2007 abordó con determinadas garantías la posibilidad de rectificar registralmente la mención relativa al sexo de las personas. Exigía un diagnóstico de disforia de género y un tratamiento hormonal durante al menos dos años. Y, claro es, que la persona que solicitase ese cambio fuese mayor de edad y tuviere capacidad jurídica suficiente. Eran requisitos razonables porque resolvían un grave problema que, aunque minoritario, merece toda la consideración: la transexualidad.

En la misma medida, parece también razonable que consistiendo la rectificación registral del sexo en una alteración tantas veces irreversible, el Estado establezca, mediante ley, seguridades de que se produce una disforia de género, el seguimiento de un determinado tratamiento que acreditase el pleno convencimiento de ese radical malestar y la exigencia de la mayoría de edad y de la plena capacidad jurídica para adoptar sin tutelas una medida de esas características. 

El proyecto de ley que ahora se tramita de urgencia en el Congreso es una elaboración ‘queer’ del Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero y que rompe innecesariamente el razonable esquema de la ley de 2007. De prosperar esta normativa, se va a producir la autodeterminación de género por un fulminante procedimiento registral, sin necesidad de diagnóstico de disforia de género ni de ningún otro requisito diferente a una mera expresión de voluntad.

Las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales, y para menores entre 12 y 14 se exigirá autorización judicial. Expresamente, establece el proyecto que “el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de un informe técnico o psicológico”. 

Está fuera de toda razón —es insensato— un planteamiento que banaliza una decisión tan radical. Feministas acreditadas en la lucha por la igualdad y por los derechos de lesbianas, gais, transexuales… como la socialista Ángeles Álvarez, especialmente, y otras, académicas de gran talla, como Amelia Valcárcel, y políticas en activo, también socialistas, como Carmen Calvo, se oponen a esta autodeterminación del género que relativiza la biología sexual.

Una buena parte de las mujeres del PSOE que estuvieron en la vanguardia del feminismo —y ahí siguen— y que sintonizan con amplios sectores de los cuadros, y de la militancia y electorado socialistas, considera un grave error esta norma, la atribuye a una obsesión de Podemos y, en particular, de las dirigentes femeninas del partido, y entiende el proyecto como una cesión inaceptable de Sánchez que justificaría —en palabras de Ángeles Álvarez en la entrevista que publicó con ella ‘El Mundo’ el pasado día 21 de octubre— la ruptura de la coalición gubernamental. 

Las consecuencias de que esta ley se apruebe tal y como está ahora prevista son de largo alcance y están ya listadas por las que en el PSOE impugnan un proyecto que abre la puerta a abusos de distinta naturaleza que podrían llegar a convertirse en irreversibles. Como ha apuntado Álvarez, esta futura ley es una “derrota ideológica” del socialismo.

Si el proyecto de ley anterior es una condición ‘sine qua non’ de Unidas Podemos, la minoración de la sanción penal al delito de la sedición podría ser también condicionante para que ERC (13 escaños) y otros grupos apoyen los presupuestos, por mucho que se afirme que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. No es reprochable que este tipo penal y otros se adapten al tiempo histórico. Los desfases en el Código Penal y en otras leyes vertebrales son habituales y hay que corregirlos.

Pero una de las características de las leyes es que son abstractas e impersonales. O, en otras palabras: que la generalidad de la ley no permite aquellas que son ‘intuitu personae’, es decir, las que se dictan para favorecer o perjudicar a determinadas personas en concretas circunstancias. Y si ahora se corrigiese el delito de sedición menguando su punición, se trataría de una ley particular para beneficiar retroactivamente a la huida secretaria general de ERC, Marta Rovira, o al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Y si, en un volatín, se suprimiese el delito como quiere ERC, se trataría, de hecho, de una amnistía. 

Estaríamos, otra vez, y en cualquier caso, ante un precio por un importe insensato que se abona para que Sánchez saque adelante unos presupuestos que se sostienen más en voluntarismos que en certezas macroeconómicas. De esta manera, el Gobierno desvencija los intangibles del ordenamiento jurídico, por una parte, y la jerarquía de criterios cívicos en el tratamiento de cuestiones de altísima delicadeza ética, por otra, sea en el ámbito de derechos civiles, sea en el ámbito de los principios que rigen la aprobación de las leyes, en particular, de las normas penales. Pero cuando un dirigente —pongamos el caso de Sánchez— ha emprendido una cabalgada a ninguna parte, no hay principio, convención o compromiso ético que le detengan.