En Cataluña, también hay empresarios que se autoengañan. Son aquellos que, al margen del independentismo, le compran algunas mercancías averiadas, lo que les redime de la autocrítica y, sobre todo, les releva de denunciar con claridad lo que allí está pasando. Son los que se muestran tan favorables a los indultos como críticos con el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017, aunque siempre entre protestas de lealtad a la Constitución y a la monarquía parlamentaria. El Círculo de Empresarios acaba de reclamar a Madrid que “deje de actuar como aspiradora de España”, mientras algunos de los que suscriben tal tesis adquieren pisos en la capital y, sobre todo, han trasladado la sede de sus compañías fuera de Cataluña, a la que, por cierto, no desean que regresen.

El presidente del Gobierno pide a los españoles que sean “magnánimos” y “comprensivos” con los indultos a los condenados por sedición. La magnanimidad se debe producir en la victoria, pero aquí lo que se ha producido no es tal sino la aplicación de la ley por el Tribunal Supremo, tras un proceso garantista. No hay victoria alguna, sino un correcto funcionamiento del Estado de derecho. En todo caso, la cuestión debería plantearse en otros términos: ¿Por qué las empresas catalanas que huyeron en otoño de 2017 no ofrecen una prueba de confianza y reponen sus sedes en Cataluña? No sería exactamente magnanimidad, sino una acreditación de que sus gestores y dueños sí se fían de que los indultos gubernamentales ayudarán decisivamente a reducir el ‘conflicto’ y recobrar una cierta normalidad. En vez de alancear los beneficios que Madrid recibe de la capitalidad —como si ese fuese el factor principal de su bonanza económico-social—, los empresarios catalanes tendrían que plantarse más de lo que tan tímidamente hacen e impugnar las políticas populistas de la alcaldesa de Barcelona y las estériles de los partidos independentistas en el Gobierno. 

Mal pueden muchos ciudadanos de Sevilla, Madrid, Alicante, Valencia, Bilbao, Oviedo o Zaragoza dar crédito a Pedro Sánchez en su política de pacificación con los separatistas condenados —y los que podrían serlo en el futuro— si desde la propia Cataluña no hay un movimiento inequívoco que acompañe y ofrezca consistencia a sus diagnósticos. Y un regreso significativo de las sedes de las empresas que se trasladaron a otras capitales de España sería la prueba perfecta. Porque implicaría que los propios catalanes —aquellos que son más sensibles a la inestabilidad política y los más escrutadores del futuro inmediato— apuestan por la libertad de los ahora reclusos en el convencimiento de que tal medida sería tan crucial como se dice y que ‘no lo volverán a hacer’. 

El Estado y la sociedad española pueden hacer muchas cosas por reducir el ‘conflicto’, pero deben abrir camino los propios catalanes 

En tanto la sociedad catalana no demuestre autoconfianza en la rectificación secesionista que el Gobierno de coalición parece tener tan asegurada, no es coherente —ni mucho menos inteligente— reclamar a los demás españoles que crean en lo que ella no tiene fe. Volvemos a lo de siempre: el Estado, por una parte, y la sociedad española, por otra, pueden hacer muchas cosas por reducir el ‘conflicto’, pero deben abrir camino los propios catalanes. Como hicieron los vascos en circunstancias dramáticas. Hoy por hoy, y según los sondeos recurrentes del Gobierno vasco, el independentismo solo alcanza en Euskadi la cota del 21% y el rechazo a la secesión ha aumentado siete puntos desde el pasado año (ahora es del 41%). Estos son los peores datos para los soberanistas vascos de los últimos 20 años, lo que no impide que el nacionalismo siga siendo hegemónico. Esa es la reformulación que deben hacer los independentistas catalanes, que tienen que ser persuadidos en Barcelona antes que en Madrid. Y eso sería posible si desde muchas atalayas mediáticas y empresariales no se cohabitase con tanta complacencia con los reventadores del presente y del futuro de la comunidad. 

En el País Vasco no salieron las sedes de las grandes y medianas empresas ni en los peores momentos. No lo hicieron, incluso, cuando en 2005 el lendakari Ibarretxe planteó ante el Congreso la constitución de Euskadi como una “comunidad libre asociada” a España. Ha sido esa persistencia de los responsables del tejido social y económico vasco la que, a la postre, ha permitido que se establezca un clima allí de confianza, en el que no faltan dificultades ni tareas de diferente carácter por hacer. Pero se ha conseguido un compromiso de no retorno. Es evidente que en el País Vasco los nacionalistas han conseguido que el Estado sea traslúcido, pero la referencia de las instituciones comunes en la capital de España es permanente, cosa que no ocurre en Cataluña.

Bríndennos, pues, las empresas catalanas las pruebas evidentes de confianza en la política de Pedro Sánchez, ofrézcannos la convicción de que los indultos son tan sustanciales a efectos de reducir el ‘conflicto’, para que todos —convencidos, escépticos y adversarios— dispongamos de elementos de fiabilidad. Porque si las compañías que se fueron reponen las sedes en Cataluña, será el santo y seña de que ‘no lo volverán a hacer’, de que se respeta el marco constitucional y estatutario y se restablece la seguridad jurídica. Y eviten Cámaras, Círculos y demás agrupaciones dar palada de cal, ahora, y de arena, después, colgando del perchero de Madrid la frustración de una década perdida por el proceso soberanista. O en otros términos: que las empresas catalanas indulten a los dirigentes de la Cataluña amarilla. Y luego, el Gobierno. Eso sí garantizaría la comprensión de los ciudadanos a los perdones que está a punto de conceder el Consejo de Ministros.