Las éticas de la memoria

· La sociedad democrática tiene la obligación de evitar la incipiente despenalización moral retroactiva del terrorismo

Llevaba razón Pablo Iglesias cuando dijo que ETA «tiene explicaciones políticas». Casi toda la razón. ETA no ha matado por psicopatía ni por capricho, sino por el poder, para imponer un designio etnicista, autoritario y excluyente. Político. Lo que sucede es que la estrella emergente de Podemos parecía otorgar a esa explicación un carácter exculpatorio, elusivo de su propia condena; parapetaba su relativa comprensión –que tiene verbalizada en un vídeo indeleble donde elogia a los etarras por desenmascarar «la farsa» de la Constitución– en una obviedad. Pero claro que la violencia terrorista ha sido política. Tan política que solo se entiende como un ataque planificado, estratégico, al Estado democrático.

Por eso no tiene atenuantes. Por eso los crímenes de ETA son de mayor gravedad que los llamados comunes y no pueden ampararse en ningún eximente de contexto. Y por eso es tan importante la narrativa del sufrimiento en esta etapa posterrorista. Porque esa violencia respondió a un proyecto y muchos ciudadanos, dentro y fuera del País Vasco, tienen la sensación de que ese proyecto sobrevive al terrorismo a través de un modelo político dominante y de un marco mental que amenaza con triunfar si no se establece un adecuado relato de la memoria y de la justicia. Ese relato equidistante, que convalida un statu

quo hegemónico bajo la apariencia de una falsa reconciliación, cuenta con la complicidad ventajista del nacionalismo. Ayer mismo, Urkullu lo volvió a avalar en El Escorial al pedir al Gobierno que «dé pasos» hacia una paz que parece basada en el borrón y cuenta nueva, en el olvido disfrazado de buena voluntad, en la continuidad de la primacía identitaria por encima del pluralismo. Sin reparación del mal causado, que no es solo un daño físico y moral sino un retroceso de la convivencia en libertad. Más nueces para el cesto del PNV; primero las de la violencia, ahora las de su cese.

En esa batalla por el relato del fin del terrorismo se decide el verdadero sentido de la resistencia. Están en juego «las éticas de la memoria», como decía ayer Joseba Arregi, en unas jornadas de COVITE, citando al filósofo judío Margalit. El derecho de las víctimas a negar el visto bueno a los motivos de su propia liquidación. La obligación de la sociedad democrática de evitar la despenalización moral retroactiva del terrorismo y de sostener la superioridad de la memoria como piedra fundacional de cualquier nuevo tiempo.

Después de haber sufrido el ataque unilateral del crimen etarra toca ahora resistir sus consecuencias. Enfrentarse a la banalización del mal que opera mediante los tópicos recurrentes del buenismo. Negar la idea perversa de la «superación del conflicto» en un acercamiento de las víctimas y sus verdugos. Establecer las pautas de la dignidad como base de la convivencia. Impedir que triunfe sin armas el modelo autoritario que fracasó con ellas.