Al brillante colega Requeijo, autor de la exclusiva, le han asegurado que el ministro no ordenó ni autorizó el documento, al parecer idea de una colaboradora de rango subalterno. Si es verdad, y puede serlo, significaría que Marlaska desconoce lo que sucede en su departamento, razón por la cual tampoco se enteró de que los agentes de la lucha contra el narco están indefensos, ni de que la directora y algunos mandos de la Guardia Civil tenían contactos con los fontaneros de las cloacas del PSOE, ni de que sus hombres detectaron a tiempo la invasión de Ceuta desde Marruecos. Esto último sí lo supo Margarita Robles y se preocupó de dejarlo claro intuyendo, como magistrada de carrera, las responsabilidades penales que pueden derivarse de la inoperancia del Gobierno. Estas cosas son un poco más graves que hacer una taxonomía de los profesionales de los medios. Tan graves como para provocar dimisiones en cualquier país cuyos dirigentes públicos sientan algo de respeto por las reglas de juego y tengan algún sentido de los límites éticos.

Porque es ahí, en la ausencia de barreras morales, de convicción democrática o de simple pudor institucional o cívico, donde reside el verdadero problema, más que en la grosera división de articulistas y tertulianos entre afines y desafectos, amigos y enemigos. El recelo hacia la prensa y los intentos de controlarla, manipularla o intimidarla están en el código genético de todos los partidos y afloran indefectiblemente en cuanto alcanzan el poder ejecutivo. Lo que sucede es que el sanchismo ha dado al respecto un relevante salto cualitativo derivado por una parte de su concepto de la política como un estricto ejercicio propagandístico, y por otro lado de la obsesión autocrática por someter toda la escena pública bajo su dominio. En el periodismo sabemos que resistir esa presión es uno de los requisitos primordiales para ejercer este oficio. Y aquí seguimos, con o sin fichas, con o sin permiso.