En plena campaña electoral vasca y precampaña de las catalanas, el Gobierno ha anunciado una nueva medida sobre la vivienda, que en un contexto de subida de los precios de los alquileres se ha convertido en una de las principales cuestiones de la agenda política.

Pedro Sánchez anunció ayer martes que va a eliminar la conocida como Golden Visa, el mecanismo que concede la residencia en España a extranjeros a cambio de una inversión de más de 500.000 euros en bienes inmuebles.

Como suele ocurrir con esta clase de anuncios electoralistas, y escrutada más de cerca, la medida tendría un efecto puramente cosmético.

Es verdad que la Comisión Europea pidió el año pasado a los Estados miembros suprimir los permisos de residencia para inversores extranjeros por considerar que degradan la ciudadanía europea al someterla a un mercadeo.

Aun siendo cierto que la iniciativa parte de la UE, y que países como Irlanda, Portugal o Canadá ya han hecho efectiva la anulación, es legítimo plantearse por qué el Gobierno no había comenzado a estudiarla hasta ahora.

La referencia expresa de Sánchez a Barcelona como una de las ciudades «más demandadas para este tipo de operaciones, y que además coincide en ser una de las zonas más tensionadas» invita a pensar que la medida se va a adoptar con la vista puesta en el 12-M.

La capital catalana es uno de los lugares donde más incidencia pública tiene la cuestión inmobiliaria y donde más difícil resulta acceder a la vivienda. Y, no por casualidad, también donde existe la ley habitacional más intervencionista y restrictiva de España, y donde existe más tolerancia de las administraciones con la okupación.

Hay que tener en cuenta también que estos visados de residencia se conceden no sólo por la compra de viviendas de más de medio millón de euros. También se otorgan si se invierte en deuda pública española por valor de dos millones de euros, o por un millón para inversiones en acciones o participaciones en sociedades de capital, fondos de inversión o depósitos bancarios.

Pero el Ejecutivo sólo se plantea eliminar los permisos correspondientes a la inversión inmobiliaria, sin vetar el resto de opciones. Lo cual apunta a que a Sánchez no le preocupa tanto la supuesta desnaturalización de la ciudadanía europea como el efecto propagandístico de su medida.

De hecho, el argumento que ha invocado el presidente ha sido el de que los visados de oro empujan al alza los precios del mercado inmobiliario.

El simplista razonamiento de que los poderes públicos deben «garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo» es poco más que grandilocuencia declarativa.

Porque la realidad es que el impacto de las operaciones realizadas gracias a estos permisos de residencia ha sido mínimo en el mercado inmobiliario. Un hecho soslayado convenientemente por el dato aportado por Sánchez, según el cual el 94% de visados para inversores extranjeros son por operaciones inmobiliarias.

Desde 2013 hasta hoy, el Gobierno ha concedido 6.420 Golden Visa, que suponen menos del 0,1% de las viviendas vendidas en este tiempo. Y estas ni siquiera representan un porcentaje significativo en las operaciones de compraventa efectuadas por extranjeros en el mismo periodo: apenas un 1%, según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Esta demagógica propuesta es también una de las reclamaciones tradicionales de Podemos y Sumar, en su cruzada contra las grandes fortunas. Pero la extrema izquierda ha pedido ir más allá y prohibir la compra de inmuebles salvo que se adquieran para residir en ellos.

Una medida que sólo conduciría a la evaporación de buena parte del ahorro de las familias españolas, muchas de las cuales compran una segunda vivienda con el ánimo de ponerla en alquiler y obtener así unos ingresos adicionales.

La decisión de Sánchez ni siquiera es definitiva. Una práctica habitual del Gobierno en materia de vivienda, donde lo que cuenta es el anuncio efectista de unas medidas que luego jamás se llevan a cabo. De esta práctica ya dio cuenta el presidente durante la campaña del 28-M, con anuncios como el de la construcción masiva de viviendas públicas que luego quedó en agua de borrajas.

El Gobierno no debería contagiarse del populismo inmobiliario de sus socios, sino centrarse en impulsar un aumento de la oferta que permita dar respuesta a la alta demanda y bajar así los precios.

Poner el foco en el secundario mercado de viviendas de lujo conllevará un beneficio mucho menor que los perjuicios que ocasionará. Porque lo único que logrará acabando con este mecanismo de agilización de la concesión de la nacionalidad es reducir los incentivos para invertir en el mercado inmobiliario español.