PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO, EL CORREO – 15/02/15
· Cabe preguntarse si aún hay posibilidad, por mínima que sea, de reparar el daño ocasionado a la condición de víctima del terrorismo.
Ya es de dominio público que hay una disputa interna despiadada en Kutxabank, entre los anteriores y los nuevos máximos responsables de la entidad, que se va a solventar en los tribunales. Y esto está sucediendo en la primera entidad de ahorro vasca, y primera de España por solvencia financiera, en la etapa más sensible para su evolución futura, cuando se va a decidir sobre la privatización de su capital. Pero esto, con ser gravísimo para el presente y el futuro de Euskadi, no es lo más lacerante del caso. Lo que resulta a todas luces insoportable es que tengan que estar las víctimas y amenazados del terrorismo en el centro de la disputa.
Han tenido que ser las ‘leyes no escritas’, esgrimidas por Mario Fernández en el comunicado donde da su versión de este escándalo de los pagos a Mikel Cabieces, las que han puesto al descubierto la verdadera crudeza de la situación del relevo en la dirección de Kutxabank. La retórica que encierra la pregunta «¿qué harían cada uno de ustedes si se les pidiese ayuda para una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista?», con la que empieza su explicación, habría que empezar a considerarla, desde ya, como el paradigma de la utilización espuria de la ayuda a las víctimas del terrorismo. Es que todo el comunicado resulta nefasto en su explicación de la ayuda a las víctimas desde unas fantasmagóricas ‘leyes no escritas’, que le reportaron al anterior delegado del Gobierno en Euskadi, durante tres años, la bonita suma de 243.592 euros, a cuenta de Kutxabank.
Así, en los puntos cuarto y quinto de su comunicado del pasado 6 de febrero, Mario Fernández asume que, junto con sus más estrechos colaboradores, decidió en qué debía consistir el contrato por el cual Kutxabank iba a desembolsar 6.000 euros al mes durante tres años a un exdelegado del Gobierno en Euskadi, acuerdo donde –es de suponer– se incluiría qué condiciones cumplía Cabieces para llevarlo a cabo, qué servicios tenía que prestar y por qué había que concluirlo a los tres años y no a los dos o a los seis.
Y en esas estábamos cuando se produjo el relevo al frente de Kutxabank y entró el actual presidente Gregorio Villalabeitia, de quien lo único que sabemos también procede de la versión de Fernández en su comunicado, según el cual, «el presidente me comentó que había sido informado del acuerdo antes mencionado, y que podría dar lugar a que se pensara que Kutxabank habría podido sufrir un perjuicio». Es lo que perfectamente puede ocurrir en cualquier entidad, sea o no de la importancia de la que nos ocupa, cuando sus responsables se guían por ‘leyes no escritas’.
¿Qué esperaba Fernández, que los nuevos dirigentes asumieran como propias las leyes no escritas y, sobre todo, que las interpretaran de igual modo? Apelando a unas leyes no escritas –debería sobrar recordarlo– nos retrotraemos a tiempos predemocráticos, donde la voluntad del tirano, como advertía Montesquieu en ‘El espíritu de las leyes’, tiene sometida a la ciudadanía si no hay leyes fijas a las que poder apelar, leyes escritas que nos dan seguridad y nos proporcionan libertad. Parece mentira pero en el fondo es esto, algo tan básico de nuestra cultura occidental, lo que aquí se dirime.
Y para mayor escarnio de las víctimas del terrorismo, ha tenido que ocurrir con una persona como Mikel Cabieces que, desde su condición de socialista y demócrata, debería haber pensado también que las leyes no escritas no forman parte de su cultura política, ni mucho menos por su condición de objetivo terrorista. ¿Qué cree que pensarán de todo esto las víctimas del terrorismo? ¿Por qué a unas víctimas se les dispensa de estos beneficios y a otras no? Qué ironía que las leyes no escritas hayan tenido que aplicarse precisamente a quienes padecieron la tiranía y la arbitrariedad de una violencia que no sabe de leyes escritas.
De modo que quien practicó la violencia terrorista, saltándose todas las leyes escritas habidas y por haber, con la arbitrariedad y la sinrazón del iluminado, ahora, a posteriori, puede sostener la mirada, sin que se le caiga la cara de vergüenza, de una sociedad que ha padecido su violencia en todas sus clases sociales y en todas sus identidades culturales, y lo puede hacer precisamente porque esa sociedad ha aplicado unas leyes no escritas para proteger a sus amenazados, para paliar los efectos indeseables del terrorismo.
¿En qué cabeza cabe que las víctimas van a verse recompensadas aplicándoles las leyes no escritas, que solo significan capricho, banalidad e inmoralidad para unas, y agravio, ofensa y menosprecio para otras? Unas leyes no escritas que conceden 6.000 euros de paga al mes por la condición de amenazado, después de haber sido alcalde de una villa nada menor durante doce años y delegado del Gobierno durante cuatro, mientras cientos de víctimas penan por haber perdido a sus seres queridos o por ver sus capacidades disminuidas o su vida truncada sin motivo y sin razón y que, por supuesto, ni siquiera sueñan con recibir semejante ayuda.
Que Mario Fernández haya repuesto el dinero, que Mikel Cabieces haya dimitido inmediatamente de la ejecutiva socialista, que PSE y PNV digan al unísono que no sabían nada son signos inequívocos de lo insostenible de sus posturas y consecuencia indefectible de haberse guiado por leyes no escritas. Lo mismo que ocurre en Kutxabank, institución clave para Euskadi, cuyo futuro está pendiente de lo que decida un tribunal por haber aplicado leyes no escritas a una cantidad de dinero ínfima para el volumen de activos que maneja. Pero lo que de verdad cabe preguntarse, con toda la seriedad que requiere el caso, es si hay posibilidad todavía, por mínima que sea, de reparar el daño ocasionado a la condición de víctima del terrorismo, esta vez por las leyes no escritas de Kutxabank.
PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO, EL CORREO – 15/02/15