La renuncia de siete terroristas, condenados por delitos de sangre, a ocupar sus poltronas en el supuesto de ser elegidos, no ha sido suficiente para acallar las críticas por los restantes 37 candidatos condenados por delitos vinculados al terrorismo, todos ellos militantes de la banda asesina ETA. Si bien la decisión de su concurrencia a esta convocatoria se debe a la sola responsabilidad de la organización política que los ha elegido, la condición que la misma ostenta de socio parlamentario del gobierno Sánchez ha alcanzado al PSOE en acusaciones formuladas por los partidos de la oposición.

Quienes hemos conocido -por desgracia- de cerca la práctica de la organización heredera del brazo político de ETA, ya sabíamos que sus actuaciones nunca se han producido desde el respeto a los procedimientos democráticos. No hacía falta demasiada perspicacia para advertirlo. Parafraseando al general Von Clausewitz, podríamos señalar, sin demasiado temor a equivocarnos, que para ellos el abandono de la violencia, decidido en el año 2011 y su participación en el juego político, no consistía sino en la continuación del terrorismo por otros medios. Para advertirlo basta con comprobar hasta qué punto están consiguiendo los bildutarras los objetivos de acercar a ‘sus’ presos a las cárceles del País Vasco o la proliferación de los ‘terceros grados’ que les aproximan aún más a sus casas. Por ese motivo, la descarada chulería, que la selección de estos candidatos supone, nada tiene que sorprender a nadie que no actúe desde el timoratismo más indolente.

Pero resultará conveniente advertir que Bildu actúa en lo que puede y porque puede. La coalición en la que se encuentra el partido llamado ‘Sortu’ -heredero de Herri Batasuna y de las demás marcas electorales que algunos conocimos y padecimos- está desarrollando su actividad política bajo el amparo legal y la cobertura estratégica de un gobierno que sólo sabe proclamar que “es inaceptable la inclusión de condenados de ETA en sus listas” (Nadia Calviño ‘dixit’), pero sin, por supuesto, adelantar ninguna medida política o legislativa que, en el futuro más o menos inmediato, pudiera evitar este “incomprensible” hecho (Margarita Robles).

Cuenta el gobierno con la responsabilidad política de ahorrarnos estos tragos a los ciudadanos. Tiene en su mano el arma de los proyectos de ley (aun olvidados en el baúl de los recuerdos de las iniciativas legislativas, dado el uso abusivo de los Reales Decretos y, todavía más, de las Proposiciones de Ley presentadas por el grupo parlamentario del partido del presidente). Un gobierno no se puede permitir la condición del espectador de los acontecimientos políticos, como ocurre con cualquier ciudadano. Por lo mismo que estuvo Sánchez dispuesto a reparar el desaguisado de la descabellada ley del “sólo el sí es si”, nos introduce en el no menos inservible camino de la actual ley de vivienda, está dispuesto a regar de millones los campos españoles afectados por la sequía, o regalar entradas de cine los martes para la diversión de la tercera edad… bien podría contarnos lo que está pensando hacer con Bildu.

Pero no tenga el lector cuidado con este asunto: el gobierno se rasgará -o más bien, descoserá- todas las vestiduras que quiera, pero nada hará que ponga en peligro sus actuales y futuros compromisos con Bildu. Hay elecciones en mayo, pero también en el próximo invierno; y, seguramente, una convocatoria electoral para el Parlamento Vasco en el próximo 2024, y en ésas Bildu podría imponerse finalmente sobre el PNV o contribuir a articular una alternativa que eventualmente desplazaría del poder al actual inquilino de Ajuria Enea. En ese pacto no dejarán de estar presentes los socialistas que hoy tanto se escandalizan.

No haría falta, sin embargo, promover ninguna modificación legislativa para acometer una medida que devuelva la tranquilidad a las víctimas del terrorismo y el ánimo a una ciudadanía que ya va viendo que todo lo que se proclaman son palabras que se escriben en el agua. Como oportunamente ha recodado el ex delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, la ley de partidos de 2002, aún vigente, es suficiente para incoar la ilegalización de una organización de estas características cuando “incluya regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo”.

Por las razones que acabo de apuntar arriba no lo estimulará el gobierno actual. Pero por causa de no remover en exceso las aguas hediondas de la laguna política vasca (pestilentes a fuerza de asesinatos, chantajes e inconfesables pactos entre nacionalistas y no nacionalistas de todos los pelajes…), tampoco lo hizo Mariano Rajoy en los gobiernos que protagonizó, en especial el de su mayoría absoluta en el año 2011. Debería el Partido Popular practicar una particular reflexión -¿autocrítica?- respectó de sus responsabilidades históricas en este lamentable, y repulsivo, estado de la cuestión.

El presidente del PP viene señalando en casi todas sus comparecencias públicas la idea de la “derogación” de la etapa de gobierno sanchista, pero nada se ha escuchado sobre la conveniencia de quebrar una dinámica bastante más larga de las decisiones que nos han traído hasta aquí.

“La línea que separa la civilización de la barbarie -ha escrito Douglas Murray, editor de “The Spectator”- es fina como el papel, también es un milagro que algo sobreviva, dada la fragilidad de todas las cosas, sumada a la maldad y la negligencia de que el hombre es capaz”.

Maldad y negligencia, la fórmula perfecta de los tiempos que corren…