EL MUNDO 14/11/13
ELISA DE LA NUEZ
· La autora reprocha la falta de moralidad en las instituciones, regidas por el amiguismo y una falsa lealtad
· Sostiene que la gente «de confianza» de los poderes públicos sirve para encubrir las ilegalidades que cometen
Hace algunos años me contaron una anécdota sobre dos directores de orquesta, uno ruso y otro inglés. El primero alardeaba de su falta de antisemitismo explicando que tenía un gran número de judíos entre sus músicos. El segundo le escuchaba pacientemente. Al final el ruso le preguntó: «¿Y usted, cuantos músicos judíos tiene en su orquesta?». El inglés le contestó: «No lo sé».
Como nos recuerdan los psicólogos sociales, establecer categorías de seres humanos (negros y blancos, judíos y gentiles, rojos y azules, catalanes y españoles) es el primer paso para empezar a discriminarlos, resaltando lo que es distinto y difuminando lo que es común. En España hemos redescubierto hace poco, gracias a nuestra partitocracia, una categoría que pensábamos haber superado felizmente desde hace unas décadas: la de los afectos y desafectos.
Efectivamente, uno de los síntomas más graves de la degeneración de nuestra democracia es la aparición, bajo distintos nombres y formatos, de listas y archivos de ciudadano elaboradas directa o indirectamente por o para los poderes públicos. Por ahora, el caso más grave que ha salido a la luz es el de los ficheros o listas negras del CESICAT, la Fundación dependiente de la Generalitat, que además de vulnerar unas cuantas normas legales y varios principios constitucionales, revela una concepción profundamente antidemocrática de la sociedad. Y es que en esto de la ocupación totalitaria de la sociedad civil y del desprecio hacia el Estado de Derecho Cataluña está decididamente a la cabeza del resto de España. Pero esta conducta también posee una cierta ingenuidad, pues hasta tenían previsto hacer listas blancas, es decir, la de los buenos ciudadanos catalanistas y secesionistas, o simplemente la de los que apoyan al poder establecido o le tienen miedo, que todo pudiera ser. Se ve que al president Mas, a diferencia del presidente Rajoy, no le basta la mayoría silenciosa y prefiere que la gente se retrate.
Y digo ingenuidad porque no hace falta elaborar una lista blanca oficial y con sellos de ciudadanos afectos –lo que no deja de ser una práctica bastante sospechosa en un país supuestamente democrático, por no hablar del tufillo franquista– cuando funcionan de maravilla las extraoficiales y no sólo en Cataluña. Porque en España hoy es muy importante saber si los periodistas, economistas, abogados, funcionarios, profesores, proveedores, autónomos, empresarios, escritores, etc., son o no «de confianza» por usar una expresión que le oí una vez a un dirigente político de los que ahora gobiernan. Porque si eres «de confianza» –por buen profesional que seas– estás dispuesto a callarte frente a los abusos y los atropellos, las tonterías y las falsedades, las ilegalidades y los delitos siempre que proceden de tu propio bando –o banda– claro. Es más, incluso estás dispuesto a colaborar activa o pasivamente para que puedan cometerse los desmanes mirando para otro lado, echando balones fuera o incluso tapando las vergüenzas con informes «técnicos» que dan mucha vergüenza, como el reciente de la AEAT explicando que la Infanta no puede cometer delito fiscal por mucho que se empeñe, cosas de la sangre azul.
Si eres «de confianza» te limitarás, como mucho, a comentar en voz baja los casos donde se les ha ido un poco la mano a los tuyos, siempre en espacios cerrados y no públicos y a otra gente «de confianza» igualmente discreta. Por supuesto, jamás dirás nada en alto y en público a las personas responsables del desastre o/y que podrían hacer algo por remediarlo que frecuentemente suelen ser las mismas. A esto en España se le llama «lealtad». No hace falta decir que la lealtad así entendida le viene estupendamente bien al leal, por lo cómoda que resulta y por los buenos réditos que da. Aunque mucho mejor le viene al que manda, al que nunca le falta gente experta y con solvencia profesional y técnica para avalar cualquier disparate, arbitrariedad o abuso. En fin, que en España trae a cuenta quedarse callado y no denunciar las malas prácticas de los que mandan. Y todavía trae más cuenta ser cómplice. Así que hay mucha gente que podría entrar cómodamente en la lista blanca de los ciudadanos afectos al régimen, como hace unas cuantas décadas, por la sencilla razón de que así se vive muchísimo mejor, exactamente igual que entonces. Así se consiguen contratos, te hacen favores, te nombran para comisiones, te dan premios, te invitan a saraos con gente importante, te dan subvenciones, te ascienden. Eres el último al que echan de los sitios. Incluso se puede encontrar trabajo en los tiempos que corren, que ya es decir. Por esa razón estas listas no hacen tanta falta, porque casi todo el mundo está ahí por defecto. Eso sí, no todo el mundo con los mismos méritos, eso es verdad.
Porque ya puestos a hacer distinciones que tengan más sentido en las listas blancas podemos distinguir varios subgrupos. Tenemos a aquellas personas que se rasgan las vestiduras ante la inmoralidad y la injusticia, pero sólo cuando viene del adversario. Digamos que padecen una especie de ceguera moral selectiva, sólo son capaces de discernir la corrupción y las malas prácticas cuando no provienen del grupo al que se pertenece. Lo que por cierto resulta también bastante cómodo, dado que lo más difícil del mundo es precisamente denunciar la incompetencia y la corrupción de los afines como nos recuerda Muñoz Molina en Todo lo que parecía sólido. Y hasta los oponentes te respetan, porque al fin y al cabo demuestras que conoces las reglas del juego, aunque seas del equipo contrario. Que no vienes a reventar el partido, en suma.
LUEGO ESTÁN los técnicos. En esta nutrida categoría tenemos no sólo a los servidores públicos que nunca ven las malas prácticas o las ilegalidades hasta el día que les revientan en la cara –como los profesionales de Canal Nou, vamos, que se dieron cuenta de que estaban haciendo propaganda y no información el mismo día en que les echaron– sino también a los numerosos profesionales y expertos que «no se quieren meter en política». El no meterse en política equivale, más o menos, a tragarse lo que haga falta, como por ejemplo hacer una auditoría a una caja de ahorros dos minutos antes de que quiebre sin notar nada raro, aunque, eso sí, a cambio de una remuneración razonable, o el organizar seminarios y conferencias sobre transparencia y corrupción donde está mal visto hablar de casos muy concretos y reales de corrupción y opacidad que afectan a los organizadores. Después tenemos a la mayoría más que silenciosa, resignada del tipo «esto es lo que hay» o como diría el ministro Montoro «esto es España». Los que creen que no se puede hacer nada y que todos son iguales así que para qué molestarse. Por último están también a los que han decidido que hay que hacer algo, sí, pero que lo tienen que hacer otros por ellos, por si la cosa sale mal.
Por último, en una categoría aparte y muy superior –de afectos entusiastas, podría decirse– habría que encuadrar a los militantes y colocados de los partidos, que son capaces de decir, por ejemplo, que han firmado un recibí de dinero por no recibir dinero delante de un juez sin que les dé la risa o los que firman el informe de una Comisión de Investigación sobre la tragedia del Madrid Arena concluyendo que no hay más responsabilidad del Ayuntamiento que la asumida voluntariamente por un vicealcalde por «autoexigencia ética», aunque acabe de ser imputado y sea inmediatamente recolocado.
Porque, si vamos a tener listas, a mí por lo menos me gustaría conocer los nombres, apellidos, cargos y currículos de esas personas que, amparándose bajo el paraguas de instituciones y colectivos (la AEAT, la Fiscalía, la Comisión de Investigación, el Consejo de Administración o lo que sea), son capaces de afirmar que las infantas delinquere non potest o que nombran para ocupar un cargo directivo en el sector público una persona sin ninguna experiencia previa pero con vínculos con el partido. Me parece que desde un punto de vista de calidad democrático no hay color con las otras. Se ganaría mucho en transparencia y hasta en vergüenza torera.
Y luego están las listas negras, en la que estamos gente como la autora de estas líneas y los lectores que están de acuerdo con ellas. A mucha honra.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado, fundadora de Iclaves y editora del blog ¿Hay derecho?.