José María Ruiz Soroa-El Correo

  • Los partidos prefieren ignorar diferencias como la que separa a viejos y jóvenes, la que distancia el funcionariado del empleo privado y la territorial

Una de las críticas más persistentes y fundadas para con las sociedades capitalistas desarrolladas es la de que han incrementado las desigualdades ‘verticales’ de renta y riqueza, sobre todo desde el final de los años felices allá por los 80. Una globalización que ha beneficiado en gran medida a las clases pobres y medias de los países asiáticos ha provocado, sin embargo, el estancamiento y descenso económico de las clases trabajadoras en Occidente, dualizando fuertemente nuestras sociedades.

Esto es algo sabido y sobre lo que no pretendo insistir. Deseo en cambio señalar una serie de desigualdades distintas, unas de las que en general no somos conscientes por la sencilla razón de que los partidos políticos españoles no las consideran útiles para sus estrategias, de forma que simplemente las ignoran. No saben qué hacer con ellas ni cómo integrarlas en su repertorio movilizador, de forma que hacen como si no estuvieran ahí. Y consiguen borrarlas, ciertamente, porque uno de los aspectos más efectivos (aunque menos conocido y explorado) del poder político es el de fijar la agenda pública del debate social y excluir de él aquellas cuestiones que no le sirven. Son unas desigualdades de renta y riqueza entre estratos distintos de ciudadanos que pasan tan en silencio que se tienen por poco menos que ‘naturales’.

La primera es la que separa a jóvenes y viejos. Claro que es normal que la vida de las personas incremente su renta y riqueza, de manera que los mayores estén por encima de los jóvenes, alcanzando su cénit en el momento de la jubilación, en que comienza a decrecer un poco. Esto sucede en toda Europa, pero presenta caracteres ciertamente peculiares y preocupantes en España. En efecto, según los datos oficiales los menores de 44 años solo poseen el 20% de la riqueza frente al 38% de los mayores de 65 años. Normal. Pero resulta que, si se observa la evolución de los últimos veinte años desde 2002, la cuota de los jóvenes ha bajado un 19,8%, mientras que la de los mayores ha subido un 74%. Y esto no es ya en absoluto normal, puesto que demuestra un estado de cosas en que los mayores están incrementando su cuota de riqueza (y renta) incluso en su vejez, y los más jóvenes son cada vez más pobres y peor retribuidos.

Por ejemplo, los nacidos en los 80 tienen una riqueza mediana un 46% inferior a la que tenían a su misma edad los nacidos en los 60. Un extraño reparto de papeles que conecta en parte con un sistema desnortado de jubilaciones que está provocando una transferencia de riqueza intergeneracional absurda y contraria al sano crecimiento económico.

La segunda que quiero mostrar es la que distancia el empleo privado del funcionariado (me refiero específicamente a los empleados públicos con esa condición). Los sueldos medios del funcionariado son un 35% superiores a los trabajos de similar categoría del sector privado (diferencia que se atenúa curiosamente al llegar a las categorías más altas), una diferencia notable y ayuna de justificación económica. Pero la diferencia sube al 44% si introducimos en la comparación la jornada y días libres anuales de que gozan respectivamente (el funcionario trabaja 16 días menos al año). Ello sin hablar de la seguridad en el empleo como factor valiosísimo. En conjunto, estamos ante una desigualdad lacerante que además distorsiona el correcto funcionamiento del mercado laboral. Si hubo un día en que en España todo el mundo quería fundar un mayorazgo, nos acercamos a otro en que quiera ser funcionario como modelo de vida.

La tercera es la tan consabida (pero silenciada) desigualdad territorial, propiedad hasta ahora de los vascos, pero con acceso próximo de los catalanes. Los ciudadanos vascos, aparte de otras minucias como tener prácticamente reservado el mercado de empleo público autóctono (pero conservando el acceso al nacional), y debido a las prácticas desarrolladas al amparo del Concierto Económico, reciben anualmente una financiación suplementaria por comparación a los territorios comunes de similar renta, que todos los especialistas evalúan en aproximadamente 3.000 euros por habitante. Además de esto, y gracias al hecho de que las prestaciones de una Seguridad Social deficitaria se financian con impuestos comunes que paga el resto de España (el 15% de los impuestos se destinan a la Seguridad Social), recibe unos 1.300 euros por habitante. En total, nada menos que 4.300 euros anuales y por habitante.

Decía hace días una destacada socialista que suscitar la atención sobre estas desigualdades resulta ser en el fondo un malévolo intento de desunir y enfrentar a los ciudadanos, los viejos contra los jóvenes, los empleados privados contra los públicos, y así… No creo que sea mi caso, sino solo el de realizar un ejercicio económico descubridor un tanto chirene: el de que la mejor fortuna en nuestro país recae en el funcionario que se jubila y además es vasco. Y si no lo creen, mírenlos.