EL CORREO – 16/12/14
· La Sala de lo Penal afronta dividida en tres bloques el análisis sobre cómo contabilizar los años de cárcel en Francia.
· LOS 15 MAGISTRADOS:
Presidente. Manuel Marchena preside la Sala de lo Penal desde el pasado octubre. Es quien ha convocado este pleno de urgencia.
Magistrados. El ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido integra este órgano. Le acompañan el expresidente de la Audiencia de Bizkaia Joaquín Giménez y los jueces, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano, José Manuel Maza, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Alberto G. Jorge, Antonio del Moral y Andrés Palomo.
Primera mujer. Ana María Ferrer García completa la Sala. Es la primera jueza en formar parte de lo Penal del Supremo. Ocupa este puesto desde abril pasado.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo vuelve a mostrarse dividida por una cuestión que tiene que ver con los presos de ETA. Los 15 magistrados que la componen deben analizar hoy, a partir de mediodía, con una fractura interna significativa cuál debe ser el criterio a aplicar ante el medio centenar de solicitudes que ‘históricos’ reclusos de la organización han cursado para que se les descuenten los años de prisión en Francia y adelantar así su posible excarcelación.
El presidente de la Sala, Manuel Marchena, les ha convocado a todos con carácter de urgencia para tratar de fijar una doctrina que evite nuevos episodios como los protagonizados por la Audiencia Nacional, que ha dictado sentencias contradictorias sobre casos similares. La Sección Primera autorizó la excarcelación de Santiago Arrozpide Sarasola ‘Santi Potros’ y de Alberto Plazaola, además de acercar la fecha de excarcelación de Rafa Caride Simón y de Francisco Mujika Garmendia ‘Pakito’ al considerar que se debía aplicar una decisión marco de la UE, que en la práctica establece el descuento de los años de reclusión pasados en otro país miembro cuando se trata de hechos vinculados.
La Sección Segunda, sin embargo, negó esa reducción de pena al preso de ETA Iñaki Bilbao por entender, a diferencia de sus compañeros, que debía asumir una modificación legal introducida en el Senado por el PP, y que impide que la normativa de la UE se aplique a todas las sentencias emitidas en el extranjero antes de agosto de 2010. La transposición española a los acuerdos europeos, no obstante, no entró en vigor hasta dos días después de la resolución dictada por la Sección Segunda.
El Supremo afronta ahora dividido en tres bloques y con un profundo malestar este debate.
El enfado viene motivado tanto por las «prisas» en convocar esta reunión como en las declaraciones que miembros del Gobierno han venido realizando desde comienzos de mes. La última intervención que ha irritado a los magistrados tuvo lugar este fin de semana en San Sebastián, donde el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un acto convocado por la asociación vasca de víctimas Covite, se mostró a favor de que el alto tribunal anule la posibilidad de que se descuenten los años de reclusión en Francia para los ‘históricos’ miembros de ETA que lo han solicitado.
Sus palabras se han sumado a las declaraciones que han venido realizando desde la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, hasta el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que aludieron al «estupor» e «incomprensión» que, en su opinión, suscita la puesta en libertad de figuras tan relevantes de la banda como ‘Santi Potros’. Unas presiones que no han gustado nada a los jueces tanto del Supremo como de la Audiencia Nacional, que acusan al Gabinete de Mariano Rajoy de querer interferir en las decisiones judiciales. «Hay malestar por la urgencia en señalar este pleno, que parece haberse designado al compás de las prisas del Gobierno», advierte una fuente del alto tribunal, que insiste en que los «tiempos de la Justicia» no deben coincidir con «los del Ejecutivo. «Cada uno debe tener sus ritmos», precisa.
Todo este ruido previo ha alterado un debate que ya de por sí no parece sencillo. Porque sobre la mesa de los magistrados no está el caso de ninguno de los miembros de ETA que ha levantado la polémica en el último mes, sino un recurso anterior. Se trata de un escrito firmado por Kepa Pikabea, disidente de la organización terrorista e integrado en la actualidad en la llamada ‘vía Nanclares’. Sus abogados pidieron en 2013 a la Audiencia Nacional que le computaran los años de prisión en Francia para que se le pusiera una nueva fecha de excarcelación. La Audiencia le negó ese descuento y, aunque los letrados del recluso anunciaron que presentarían un recurso de casación, la impugnación ante el Supremo no se materializó, según explican fuentes judiciales. El recurso se ha llevado a cabo este mismo año, fuera de todo plazo.
Podrían no pronunciarse
Este detalle procesal ha motivado que la Sala de lo Penal se divida ahora en tres posiciones. Muchos de ellos consideran directamente que la solicitud de Pikabea debe ser rechazada sin llegar a entrar en el fondo de la cuestión. Por ser improcedente y estar fuera de plazo. Quienes ven la cuestión de esta manera consideran que hoy no deberían emitir ningún pronunciamiento que afecte al resto de casos. Prefieren esperar a que les llegue el recurso de la Fiscalía contra la excarcelación de Arrozpide y Plazaola y, entonces sí, abordar de lleno este tema. El Ministerio Público no ha impugnado la libertad de la disidente de ETA Carmen Gisasola, por lo que en ningún caso podrá perder su libertad.
Si, por contra, los jueces del Supremo optan hoy por sentar jurisprudencia y guiar a la Audiencia, la división volverá a ser palpable. Un sector cree que hay que respaldar a la Sección Primera y dar validez a las excarcelaciones y recorte de penas que están ya firmadas. Porque esas decisiones se tomaron antes de que entrara en vigor la transposición de la norma europea aprobada por el PP. Aunque fuera tan solo un par de días después de aquellos autos. Entienden que no puede haber una aplicación retroactiva de la ley cuando perjudica al convicto.
Otro sector, sin embargo, cree que se puede aplicar de forma restrictiva la modificación legal defendida por el PP y revocar, por lo tanto la decisión de liberar a ‘Santi Potros’ y a Plazaola. Se daría así la razón a la Sección Segunda, que negó el descuento de penas para Iñaki Bilbao.
Los magistrados parecen tener más claro que una vez que ha entrado en vigor la transposición de la normativa de la UE, en concreto el 3 de diciembre, este ley española debe regir cualquier nueva decisión que tomen los tribunales. Aunque ni en eso hay unanimidad a estas alturas. Algunos jueces dudan del procedimiento que se ha seguido para sacarlo adelante en las Cortes. Pero esa ya será otra historia.
Porque a los juristas que defienden que la legislación de la UE debe ser asumida tal cual, sin introducir especificidades en cada país, podrían interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que sería quien tuviera la última palabra.
EL CORREO – 16/12/14