La legitimidad de la reforma laboral y, por tanto, su perdurabilidad en el tiempo dependen del consenso que genere. De ahí que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya reconocido cesiones para sumar a la patronal al acuerdo en la mesa de diálogo social. Su máxima ahora es que los representantes de los empresarios no se descuelguen ante los eventuales cambios que reclaman los socios parlamentarios del Gobierno para apoyar la convalidación del decreto. Un difícil equilibrio en un proceso de negociación que Díaz encara prometiendo “cuidar” tanto a unos como a otros. Los cambios, de producirse, han de ser mínimos para no espantar a la CEOE, pero suficientes como para sumar los votos necesarios en el Congreso. 

Fuentes del entorno más cercano a Díaz llaman la atención sobre la división interna a la que se enfrentó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para respaldar la reforma laboral. Un acuerdo que contó con destacadas abstenciones en el seno del comité ejecutivo de la organización, como fueron la de Foment del Treball, los empresarios madrileños (CEIM), de la automoción (Anfac) y el campo (Asaja). “Ya que hubo acuerdo, ahora toca cuidarlo”, explican estas mismas fuentes, en referencia a Garamendi, argumentando que eso significa no realizar cambios que alteren sustancialmente el pacto suscrito con sindicatos y empresarios. Más todavía, concluyen, “habiendo leído en la prensa económica la contestación interna”.

El propio Garamendi ya alertó de que de producirse cambios durante la tramitación parlamentaria, su organización se descolgaría del acuerdo. Durante el tramo final de las negociaciones, Trabajo defendió que si el proyecto contaba con consenso en la mesa de diálogo social, sería más sencillo que saliese adelante sin realizar cambios en la tramitación parlamentaria. Así había ocurrido en los acuerdos alcanzados por Trabajo, a pesar de que los socios habituales del Ejecutivo ya deslizaban que no estarían dispuestos a dejar pasar una reforma en el mercado laboral alejada de sus demandas. “Lo pactado no se toca”, zanjaba Garamendi en unas declaraciones más de consumo interno. Menos tajante ha sido Díaz, aunque sí ha asegurado, en línea con el argumentario del resto del Gobierno, que quien haga fracasar la reforma deberá explicárselo a los trabajadores y a sus propios votantes. 

Desde el Ministerio de Trabajo, avanzan que su objetivo es llegar a “un acuerdo en el Congreso con la mayoría de la investidura”. Se descarta un apoyo de la derecha y el foco se pone en convencer principalmente a PNV y ERC, cuyas posiciones están todavía alejadas. Los primeros exigen que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales, mientras que los republicanos cuentan con una lista de demandas más amplia, pero en los últimos días han priorizado esta reivindicación. Al igual que EH Bildu y el BNG. País Vasco y Galicia son precisamente los territorios que cuentan con sindicatos mayoritarios propios, LAB y CIG, respectivamente, que generalmente cuentan con las mayorías para constituir una unidad de negociación y podrían así intervenir en convenios que afecten al ámbito nacional.

En el equipo de la vicepresidenta segunda evitan pronunciarse sobre la posibilidad de aceptar la incorporación al texto de la prevalencia de los convenios autonómicos, si bien no se cierran de plano, como sí lo hacen respecto a otras reivindicaciones como recuperar los salarios de tramitación o elevar los días de indemnización por despido. Entre líneas, dejan entrever que la cuadratura del círculo podría proceder de este punto, y para ello explican que la supremacía de los acuerdos regionales es una cuestión que la titular de Trabajo ha discutido hondamente con su padre, el histórico sindicalista de CCOO en Galicia Suso Díaz. “Él sí está de acuerdo”, revelan estas mismas fuentes del entorno más cercano a la ministra, al mismo tiempo que indican que afectaría solamente a la negociación colectiva en el País Vasco y Galicia. 

Hay debate y los socios necesitan algún gesto para virar su posición de rechazo de la reforma laboral. Sin embargo, el presidente de la CEOE ya anticipó su rechazo a este cambio al entender que la prelación de convenios «rompería la unidad de mercado». Los sindicatos que han negociado la reforma, CCOO y UGT, no se han mostrado en contra y Trabajo también llegó a llevarlo a la mesa de diálogo social después de negociarlo con el PNV, pero la oposición de las centrales hizo que no se incluyese finalmente. Los nacionalistas trasladaron a Díaz en las negociaciones previas que su prioridad pasaba por “la protección y consolidación del ámbito vasco de negociación colectiva” y la ministra no se opuso entonces. 

El Gobierno tiene un mes por delante para conseguir sacar adelante la reforma laboral y hacerlo sin que se descuelgue la patronal 

El Gobierno tiene un mes por delante para conseguir sacar adelante la reforma laboral y hacerlo sin que se descuelgue la patronal. El acuerdo con la CEOE es frágil por la división interna. Hacerlo descabalgar amenazaría con poner fin a la dinámica de consensos que vienen produciéndose a lo largo de la legislatura, de lo que hace gala la ministra de Trabajo, poniendo para ello en valor su perfil de abogada laboralista antes de dedicarse a la política. Su siguiente reto, además, es sacar adelante la subida del salario mínimo interprofesional y hacerlo con diálogo social. De hecho, deslizan desde Trabajo que se han dado señales positivas en esta línea desde algunos sectores de la patronal, aunque la mesa de negociación todavía no se ha convocado. 

Desde el Gobierno, no llevarán una propuesta cerrada al diálogo social, a pesar de que el compromiso con los sindicatos en la última negociación fue situarlo para 2022 en 1.000 euros. Entonces, la patronal se descolgó del acuerdo para incrementarlo 15 euros. La máxima de Díaz pasa por recuperar el consenso en esta materia y seguir la dinámica de acuerdos tanto con empresarios como con sindicatos. Por este motivo, según explican desde su entorno, no se planteará una cantidad cerrada en el arranque de la negociación. Las razones de Díaz para no alterar la reforma laboral son diversas, desde mantener viva la llama del diálogo social en lo que queda de legislatura hasta asegurarse que la norma perdure en el tiempo gracias a llevar el sello de sindicatos y empresarios. Tiene un mes para conseguirlo.