Pasar página rápido y casi a cualquier precio. Esta es la consigna que parece haber impuesto la dirección del PNV a cargos, militantes, amigos y aplaudidores mediáticos varios tras el fallo del Supremo que ha puesto el punto final judicial al denominado ‘caso de Miguel’. Una sentencia que enviará derechitos a prisión nada menos que al ex ‘número dos’ de los peneuvistas alaveses Alfredo De Miguel -que en pocos meses se hubiera convertido en el presidente del partido en este territorio-, a otros dos exmiembros del Araba buru batzar, a un antiguo alto cargo gubernamental y a un exconcejal vizcaíno. Y que ratifica condenas menores para otra decena y media de excargos y alderdikides.
Al igual que hace tres años cuando se produjo el fallo inicial de la Audiencia de Álava, Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu han lanzado un doble mensaje. El primero, una petición de ‘disculpas’ a la ciudadanía vasca. El segundo, que la sentencia viene a «avalar que el caso no afecta al PNV como partido, ni a su financiación».
Resulta loable la petición de perdón, aunque a todas luces insuficiente. Y es que desde que estalló el escándalo y durante años, cualificados cargos jeltzales arremetieron sin piedad contra el fiscal que se encargó del caso, Josu Izaguirre. Se amenazó con querellas a los informadores que fueron destapando la trama corrupta. Se abrazó y se dio apoyo público a los condenados. Se habló alegremente de ‘cacería infame’ contra el PNV. Y hasta se lanzaron duras descalificaciones internas desde el sector egibarista contra quienes trataron de distanciar al partido de los corruptos, desde el ex diputado general alavés Xabier Agirre, recientemente fallecido, hasta al actual presidente del ABB, José Antonio Suso.
La insistencia jeltzale en afirmar que lo ocurrido «no afecta al PNV como partido» resultaría hasta graciosa si no estuviéramos hablando de una trama corrupta perfectamente organizada en la que el único nexo de unión entre sus componentes era el carné jeltzale. Y es que una cosa es que la verdad judicial final no relacione los hechos con la financiación del partido y otra bien diferente que el partido nada tenga que ver con lo juzgado.
A día de hoy sigue resultando sorprendente que gentes de diversos territorios, con cometidos políticos tan diversos, fueran capaces de orquestar la trama desarticulada. Aún resulta más extraño que nadie sospechara nada de lo que se cocía bajo las alfombras. Los partidos, en quienes los ciudadanos depositamos nuestra confianza para la gestión de los asuntos públicos, están obligados a extremar la vigilancia para que no se produzcan hechos como los juzgados. Y si fracasan, la responsabilidad es exclusivamente suya.
Llegados a este punto dos curiosidades: ¿El sempiterno presidente del GBB, Joseba Egibar, pedirá perdón público por su abrazo en el Parlamento a ‘Txitxo’ de Miguel cuando se empezaban a investigar los hechos y verbalizará que su amigo ha resultado ser un corrupto? ¿Sabremos quién ha pagado las minutas de los abogados? Y una duda mucho más relevante: ¿afectará el fallo al PNV en las próximas elecciones de mayo? Personalmente, lo dudo. De ser así, el resto de los partidos harían bien en reflexionar por qué los jeltzales salen sin rasguños de este escándalo, del de la OPE de Osakidetza o de los crecientes problemas en nuestra sanidad. Repito, si es que ocurre.