EL MUNDO 12/03/13
Los profesores imputados se escudan en que «era un acto reglado» para deportados
Era cosa conocida en sus pasillos y despachos que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) estaba matriculando y concediendo títulos a miembros de ETA deportados, como Ángel Lete Echániz -matriculado desde la República Dominicana- y Belén González Peñalva -desde Cabo Verde-, que como tales no podían acogerse al sistema de alumnos especiales acordado con la UNED e Instituciones Penitenciarias para atender a los reclusos en España.
Pero nadie hizo nada por cambiarlo. Así se desprendió ayer de la primera sesión del juicio contra los profesores Xabier Aierdi y Enrique Antolín, para quienes la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.
Los dos imputados dijeron que sólo obedecían una encomienda de sus superiores y que los criterios de matriculación dependían del rectorado; la Fiscalía sostiene que el vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales (Antolín) y el tutor de los dos etarras (Aierdi) los «incluyeron y mantuvieron» en este sistema pese a que «no reunían los requisitos» y «sin la autorización de los máximos responsables» de la UPV, «Pello Salaburu [rector] y Manuel Montero [decano y después rector]».
«Era un acto reglado, me guste o no me guste», se defendió Antolín, que coincidió con Aierdi en que Montero conocía la situación. De hecho, Aierdi señaló que «todos los profesores y todas las estructuras de la facultad, y todas las estructuras de la Universidad» sabían que entre los alumnos especiales figuraban los deportados, aunque no aparecían distinguidos en las listas.
Montero era el testigo de mayor rango, junto a su predecesor Salaburu, que no asistió. Al contrario que los imputados, afirmó que él «ignoraba que hubiera deportados» en la lista, que «nunca» supo nada y que se habría «opuesto» a ello «por irregular». Se escudó en que la práctica venía de una etapa «muy anterior» a la suya y en que no recibió la «denuncia» que hizo un grupo de profesores sobre estas irregularidades.
Uno de sus autores, el decano en su etapa como rector, José Manuel Susperregui, se reafirmó en que él sí se quejó. «Fue una época muy dura y había presiones sobre profesores que abandonaron la propia UPV. Era una situación muy complicada porque teníamos un peligro y miedo», declaró.
El administrativo que tramitaba el papeleo entre la Universidad y los deportados aportó algunos detalles sobre cómo se hacían las cosas. En el caso de Lete, la UPV encargó al «cónsul honorario» de España en Senegal que recibiera el material para el etarra y actuara como «maestro». Según añadió, de González se encargaba «un profesor de Santo Domingo».